Surinam, el país más pequeño de Suramérica, enfrenta múltiples desafíos relacionados con el crimen. Es un país de tránsito en la ruta de la cocaína hacia Europa, un centro de minería ilegal de oro y una línea de frente en la lucha contra la cleptocracia.

El presidente del país, Chandrikapersad Santokhi, asumió el cargo en julio de 2020 después de una histórica campaña. En dichas elecciones, Santokhi, quien se desempeñó por mucho tiempo como agente de policía y fue exministro de Justicia (2005-2010), se enfrentó con la persona más poderosa de Surinam: Desiré “Dési” Bouterse, un narcotraficante convicto, presunto asesino y presidente del país en dos ocasiones entre 2010 y 2020.

Bouterse había gobernado a Surinam de forma intermitente durante 40 años, incluso como dictador militar entre 1980 y 1987. En 1982, presuntamente ordenó el asesinato de 15 opositores políticos; en 1983 recibió a Pablo Escobar en su palacio presidencial, y en 1999 fue condenado en ausencia por un tribunal holandés por liderar el “Cartel de Suri”, una organización de tráfico de cocaína.

Santokhi derrotó a Bouterse por un estrecho margen, lo que lo obligó a conformar un gobierno de coalición con Ronnie Brunswijk, un exlíder guerrillero a quien Santokhi persiguió como fugitivo en la década de los ochenta. Brunswijk, quien también fue condenado por tráfico de drogas por un tribunal holandés en 1999, es actualmente vicepresidente de Surinam.

InSight Crime habló con el presidente Santokhi en su oficina en Paramaribo, la capital de Surinam, para averiguar cómo está enfrentando las principales amenazas criminales de Surinam.

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InSight Crime (IC): La corrupción en Surinam fue un tema central en su campaña presidencial de 2020. ¿Qué logros ha tenido su administración enfrentando este problema?

Chandrikapersad Santokhi (CS): Bueno, hay que entender que durante los diez años de la administración Bouterse hubo un debilitamiento sistemático de los organismos de seguridad. Antes de que Bouterse asumiera el cargo en 2010, fui ministro de Justicia y Policía, y le aposté bastante al fortalecimiento de la policía, el sistema judicial y servicios especializados como el SWAT, la unidad de inteligencia que cooperó con las autoridades estadounidenses y que fue objeto de investigaciones.

La mayoría de esas unidades fueron desmanteladas posteriormente. Por eso, cuando asumí el cargo en julio de 2020, las autoridades de investigación y enjuiciamiento tenían débiles capacidades. En seis meses, asigné más de 15 fiscales a la Fiscalía General y 12 jueces a la Corte Suprema.

Estos funcionarios investigaron casos difíciles, como la malversación de más de US$100 millones del Banco Central entre 2019 y 2020, y llevaron a cabo las subsecuentes condenas del exgobernador del Banco Central, Robert van Trikt, y el exministro de finanzas, Gillmore Hoefdraad.

En el caso del Banco Central, acabamos de aprobar una nueva legislación para otorgarle más independencia, en línea con las indicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la comunidad internacional. Cuando tenía menos independencia, le hicieron un robo al Banco Central. Por eso también queremos crear un mejor sistema de controles y equilibrios para darle a la junta directiva más autoridad para controlar lo que hace el gobernador.

También estamos intentando establecer la primera Comisión Anticorrupción de Surinam, que registrará y rastreará los activos de más de 4.000 funcionarios de cierto rango electos y designados. Así que, en general, nuestras capacidades judiciales y de investigación están mejorando, pero me gustaría que hubiera más celeridad.

IC: ¿Cómo ha afectado esa falta de capacidad a la lucha contra el crimen organizado?

CS: En el país hay varios tipos de crimen organizado. El más importante es el tráfico de drogas. En abril de 2022, organizamos el primer Congreso de Alto Nivel sobre Seguridad (High-Level Security Conference, HLSC), que reunió a todos los países relacionados con el paso de drogas a través de Surinam.

Nuestro deseo de establecer una fuerte cooperación multilateral ya ha dado resultados: se han confiscado varios narcoaviones, se han destruido varias pistas de aterrizaje ilegales y se incautaron más de 1,6 toneladas de cocaína entre enero y octubre de 2022. Pero aunque con frecuencia recibimos información sobre la llegada de aviones cargados de drogas, a veces solo tenemos un tiempo de respuesta de dos horas.

Nuestras Fuerzas Armadas solo tienen tres helicópteros y su capacidad de vuelo es limitada. Es por eso que, cuando me reuní con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en septiembre de 2022, solicité que Washington ofreciera apoyo logístico y restableciera una oficina de enlace de la DEA en Surinam.

La misma solicitud se les hizo a los gobiernos de Brasil y Francia, incluso cuando el ministro de Justicia francés vino a Surinam en octubre de 2022. En Guayana Frances tienen todos esos helicópteros; yo tengo la información, tengo a mi gente, y si me envían los helicópteros, puedo atraparlos.

Y hay además otros tipos de crimen organizado: el tráfico de armas ilegales y el tráfico de personas. Estos también ocupan un lugar destacado en la agenda política. Pero lo que está afectando seriamente tanto a la economía como a los delitos comunes, como los crímenes violentos, es el tráfico de drogas.

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IC: ¿Cómo ha cambiado el tráfico de cocaína en Surinam durante su administración?

CS: No creo que se haya detenido significativamente durante la pandemia de COVID-19. Las redes de tráfico de cocaína tienen una asombrosa capacidad de adaptación. Es cierto que durante el período de los confinamientos tenían pocas posibilidades de transporte, pero eso conllevó a que se almacenaran grandes cantidades de drogas.

En ese tiempo se dedicaron a planear los envíos a futuro. Inmediatamente después de que se levantaron las restricciones, las exportaciones volvieron a incrementarse. Mi administración tardó hasta principios de 2022 para identificar dónde aterrizaban los narcoaviones. Una vez que lo hicimos, comenzamos a bombardear esas pistas de aterrizaje ilegales. Nuestro siguiente paso es ubicar unidades de control del ejército y helicópteros en posiciones estratégicas en el interior del país.

Con el apoyo adecuado, podemos desempeñar un papel muy importante en el desmantelamiento de todas estas organizaciones criminales. Dispusieron de una zona libre durante muchos años, pero ya regresamos.

IC: Durante administraciones anteriores, las fuerzas de seguridad de Surinam fueron acusadas de facilitar el tráfico de drogas. Durante su administración, varios miembros de las fuerzas de seguridad han sido detenidos con cientos de kilogramos de cocaína. ¿Qué tan grande es la amenaza de la corrupción?

CS: Creo que en todos los casos recientes hubo vínculos, directos o indirectos, con la policía o las fuerzas de seguridad. El rango más alto fue un comisionado de policía. Cuando asumí el cargo, el crimen organizado ya había logrado introducir sus redes en casi todos los organismos policiales.

En este momento, los traficantes están haciendo uso principalmente de unidades de seguridad que les ofrecen protección, orientación, transporte, información y muchos otros servicios. Cuando nuestros helicópteros están encendiendo motores, los traficantes ya están sobre aviso.

Es por eso que una de mis primeras peticiones como presidente fue la creación de una unidad especializada contra el crimen organizado bajo la supervisión directa de la Fiscalía General de la Nación. Ya está establecida, se llama Equipo de Intervención Judicial (Judicial Intervention Team, JIT) y está haciendo un buen trabajo.

IC: Hablemos del oro ilegal. El oro representa el 80 por ciento de los ingresos de exportación de Surinam, pero el sector sigue siendo vulnerable al crimen organizado. ¿Ha habido algún progreso en este sentido?

CS: El sistema de concesiones es un reto para nosotros. El gobierno de Bouterse otorgó concesiones en todo el interior, por lo que ya no quedan espacios libres. Y en todas esas concesiones hay mineros de oro informales de Surinam, Brasil y China, que operan con mercurio o con cianuro. Hay muchos crímenes violentos, y en esas áreas suele haber tiroteos.

Estamos tratando de crear un grupo de trabajo para controlar esas extracciones de oro. En este momento, el Ejército está volando dragas de oro ilegales, pero eso está generando mucho descontento en las comunidades locales. Por lo tanto, debemos encontrar una solución mejor.

Creo que Guayana Francesa está en mejores condiciones: tiene minería de oro sin mercurio. Esa es un área en la que me gustaría colaborar con ellos porque el mercurio está matando no solo a Surinam y su gente, sino a todo el planeta.

Surinam firmó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, por lo que su uso está obviamente prohibido aquí, aunque se introduce de contrabando desde el extranjero. Es por eso que, en agosto de 2022, el gobierno decidió que, en el lapso de un año, eliminaremos por la fuerza el uso de dragas, mercurio y cianuro. El ministro de Recursos Naturales ya envió una carta a todos los propietarios de dragas, dado que algunos de ellos ya tenían una licencia o concesión previamente.

IC: Históricamente, las bajas regalías sobre las exportaciones de oro de Surinam llevaban a que el oro sucio guyanés se contrabandeara a través de la frontera y se “lavara” aquí. ¿Eso sigue ocurriendo?

CS: Eso ha variado. Obviamente, si nuestras regalías del oro son más altas que las de Guayana Francesa o Guyana, saldrá oro de contrabando. Cuando aumentamos nuestras regalías al 4,5 por ciento, la gente comenzó a contrabandear oro hacia Guyana. Por lo tanto, reduje las regalías para alinearme con nuestros vecinos. Sin embargo, basándonos en el programa del FMI, nuestro deseo a mediano plazo es obtener un 7,5 por ciento de regalías del oro. Eso probablemente creará los mismos desafíos.

IC: En julio de 2022 estallaron protestas en Surinam, entre otras cosas por el nombramiento de familiares suyos en cargos públicos. Le dio a su hija un trabajo en el gabinete presidencial, y nombró a su esposa, Mellisa Santokhi-Seenacherry, para la junta directiva de Staatsolie, la petrolera estatal de Surinam.

CS: Cuando asumí el cargo, había cinco personas trabajando en la oficina presidencial. Tuve que volver a contratar todo el personal y actualmente tenemos alrededor de 250 empleados. Mi hija fue contratada por sus competencias profesionales. También teníamos problemas con paraestatales estratégicas, como Staatsolie, por lo que quería a alguien en quien pudiera confiar. La primera dama estaba disponible: llegó allí, fue criticada, y ya está por fuera. Nosotros escuchamos las críticas.

IC: Usted se encuentra en la mitad de su mandato. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos del crimen organizado hacia el futuro?

CS: Espero que Surinam esté en mejores condiciones para combatir el crimen organizado durante la segunda mitad de mi mandato, particularmente a medida que obtenemos más apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, debemos ser cautelosos con los cambios de prioridades y las contrariedades inesperadas. Los desastres naturales, los impactos de la crisis climática y de la guerra en Ucrania pueden agotar los recursos nacionales, lo que podría desviar la atención de la lucha contra el crimen organizado.

* Esta entrevista ha sido reducida y editada para mayor claridad.