Altos funcionarios de seguridad del estado de Amazonas, al norte de Brasil, fueron destituidos en un escándalo de grandes proporciones que puede revelar un alarmante grado de corrupción en una zona en la que pulula el crimen organizado.
El 29 de agosto, la Policía Federal ejecutó 17 órdenes de allanamiento y captura en el marco de la Operación Comboio, o convoy, que investiga los delitos de crimen organizado, corrupción, lavado de dinero y malversación de dineros públicos en la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Amazonas, encargada de supervisar todas las operaciones de la policía civil y militar en esa jurisdicción.
Hasta el momento, hay seis altos funcionarios capturados o destituidos, entre ellos el secretario de seguridad del estado, Carlos Alberto Mansur, quien ha negado las acusaciones en una carta publicada en redes sociales. Su hijo, Victor Mansur, quien dirigía una unidad especial de violaciones de tránsito en el mismo organismo, también fue puesto en custodia por su presunta participación en robos de oro y sobornos.
“Esa es la cereza del postre, si se le quiere llamar así”, comentó Wilker Barreto, integrante de la legislatura del estado de Amazonas, en un comunicado sobre la destitución de Mansur. “Es el colmo del desastre de una política de seguridad pública inexistente y de un secretario que no tiene la altura moral para estar al mando”.
Ya se habían conocido episodios de corrupción en la secretaría de seguridad pública del estado de Amazonas, pero entre funcionarios de menor rango. Una investigación realizada en julio de 2021 llevó a la formulación de cargos penales contra un oficial de inteligencia y un oficial de la policía civil, acusados de extorsionar a los mineros informales por oro.
El estado de Amazonas se encuentra casi en su totalidad cubierto de selva tropical amazónica. Su capital, Manaus, es un centro donde se comercia oro extraído ilegalmente de otros lugares de la Amazonía y un punto de tránsito para la cocaína que se mueve desde Perú y Colombia.
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Desde su elección en octubre de 2022, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha emprendido acciones para cumplir su promesa de combatir la deforestación y los delitos ambientales en la Amazonía. Entre dichas acciones se contó el lanzamiento de operaciones de fuerzas de seguridad para expulsar a mineros informales de territorios protegidos, la apertura de litigios judiciales contra nuevos proyectos de tala ilegal y el anuncio de apoyo social y económico para la población que depende de la minería y la tala ilegales para su supervivencia. En julio, el país registró una caída de 60% en la deforestación en comparación con el mismo mes del año anterior.
Análisis de InSight Crime
La Operación Comboio demuestra que el estado de Amazonas no se mantuvo inmune a la corrupción, lo que suma un problema más a la lucha por salvar la Amazonía en Brasil.
Aunque no es el primer caso de corrupción en el estado, pocos altos funcionarios del estado de Amazonas han tenido vínculos directos con los delitos ambientales. Esto contrasta con otros estados de la Amazonía brasileña, como Roraima, donde se ha acusado a funcionarios de seguridad de suministrar armas y filtrar información a grupos dedicados a la minería ilegal.
Los funcionarios de la Secretaría de Seguridad aprovecharon su autoridad para participar directamente en actividades criminales, valiéndose, al parecer, de información privilegiada para extorsionar a miembros de las organizaciones criminales. De hecho, el nombre de la operación hace alusión al uso de vehículos del gobierno por parte de esos funcionarios para sus actividades criminales, los cuales organizaban en convoyes con escoltas.
Este caso se suma a la creciente evidencia de corrupción generalizada entre las fuerzas militares y federales en la Amazonía brasileña.
“Sin duda parece haber elementos dentro de las fuerzas armadas que no solo se oponen a la directiva de lucha contra la minería ilegal, el acaparamiento ilegal de tierras y la protección de los derechos de las comunidades indígenas en el Amazonas, sino que también pueden estar conectados y haber invertido en algunas de esas actividades”, según le explicó a InSight Crime el experto de la Universidad de Chicago en conflictos criminales y corrupción en Brasil, Benjamin Lessing.
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Ese es otro desafío en la ya compleja cruzada de Lula por contener el crimen en la selva tropical amazónica y complica la propuesta de reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona. Ampliar las facultades y la autoridad de dichas instituciones en la región solo sería efectivo si el tipo de corrupción de alto nivel observado en la Operación Comboio no saboteara la misión.
“Cuando existe una tradición de corrupción en la policía y las burocracias que rigen la seguridad, se enfrenta un verdadero dilema”, señaló Lessing. “Entre más poder de represión se les da, entre más se invierte en la capacidad de atacar frontalmente a los infractores [...] mayor poder se les da para demandar sobornos y rentas ilícitas de aquellos a quienes deberían combatir”.
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