La captura de un ministro del gobierno de Bolivia por presuntos sobornos en relación con el tráfico de tierras pone sobre la mesa cómo dicha práctica se ha acentuado por la corrupción a lo largo de la historia del país.
El 14 de abril, el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que el ministro de desarrollo rural y tierras, Edwin Ronald Characayo Villegas, había sido detenido en flagrancia junto con otro alto funcionario de gobierno cuando recibían US$20.000 en efectivo presuntamente de un soborno.
Según Del Castillo, Characayo se valió de su cargo para favorecer a algunas personas que buscaban adquirir y despejar varias porciones de tierra para fines agrícolas.
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Un comunicado de prensa oficial manifestó que la red de colaboradores de Characayo, dedicados al cobro de sobornos relacionados con el tráfico de tierra fue descubierta gracias a una investigación de la policía.
El diario La Razón, que tuvo acceso a un expediente de la policía sobre el caso, informó que Characayo y otros servidores públicos esperaban recibir en total cerca de US$380.000 para transferir el título de una propiedad ubicada en el municipio de San Ramón, Santa Cruz.
Characayo ha negado rotundamente todos los señalamientos en su contra.
Este es el segundo ministro de desarrollo rural consecutivo que termina en líos legales. En diciembre pasado, el predecesor de Characayo, Wilson Cáceres, fue destituido por el presidente boliviano Luis Arce, por presuntos actos de nepotismo y tráfico de influencias.
Análisis de InSight Crime
Aunque el tráfico de tierras es un delito del que poco se habla, la captura de Characayo pone al descubierto cómo la corrupción de funcionarios estatales apuntala esa actividad ilícita en Bolivia, independientemente de quién esté en el poder.
Como lo ha informado InSight Crime en otras ocasiones, el tráfico de titulaciones de tierras en Latinoamérica muchas veces es posible solo mediante conexiones con funcionarios de gobierno, que tienen la facultad de dar la necesaria apariencia de legitimidad a los traficantes de tierras. Las redes criminales se valen de abogados, títulos de propiedad de tierras y notarios para lograr sus propósitos.
Esas organizaciones han dependido del apoyo de funcionarios corruptos para el tráfico de tierras en Bolivia, donde esa práctica es endémica.
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El exjefe de gabinete presidencial, Juan Ramón Quintana, propuso recientemente la conformación de una comisión independiente para investigar el presunto tráfico de tierras en la anterior administración de la presidenta interina Jeanine Áñez.
En 2020, la Fundación Tierra, una organización no gubernamental boliviana, dedicada a promover el desarrollo rural sostenible, denunció que Áñez había otorgado más de 34.000 hectáreas de tierra a la familia de su ministro de economía Branko Marinković. La fundación explicó en detalle cómo se otorgaron las tierras en tiempo récord, lo que supuestamente viola los procesos legales debidos.
Y por años el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia ha estado plagado de acusaciones de corrupción en relación con el tráfico de tierras. En mayo de 2020, una investigación emprendida por la administración entrante del INRA halló que “clanes de exfuncionarios” se habían beneficiado de la actividad criminal en el anterior mandato.
Entre 2014 y 2019, el INRA expidió cerca de 1.400 autorizaciones de asentamientos para “nuevas comunidades” en el departamento de Santa Cruz, según la Fundación Tierra. Pero la ONG denuncia que algunos de estos territorios corresponden a “comunidades fantasmas” que están en manos de traficantes.
Como lo informó InSight Crime en 2014, Bolivia aprobó una legislación que estipulaba penas de prisión hasta de ocho años para quienes vendieran o negociaran tierras de manera ilegal. Pero eso no parece haber disuadido a las redes que se dedican a dicha actividad, ni a los funcionarios corruptos que las respaldan.
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