Un nuevo informe indica que los recientes avances logrados en Costa Rica para proteger sus ricas poblaciones de tiburones y tortugas se ven torpedeadas por recientes decisiones comerciales.
En noviembre, el Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas (CREMA) publicó un informe en el que criticaba que la inacción del gobierno costarricense hubiera dejado desprotegidas poblaciones de tiburones y tortugas, en especial el tiburón martillo, que ya enfrentan graves amenazas.
Dos aspectos de la postura adoptada por Costa Rica en la protección de la vida marina fueron objeto de críticas. En primer lugar, en 2018, el gobierno presentó dos planes de acción a largo término para la protección de tiburones y otros peces pelágicos en riesgo, como los atunes y los peces espada. En su momento, esos planes fueron catalogados de ambiciosos, pues proponían apoyar y aumentar las prácticas de pesca sostenibles, así como trabajar con barcos de pesca de palangre para reducir las muertes accidentales de tiburones.
Pero tres años después, no se ha implementado ninguno de esos planes.
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En segundo lugar, un decreto del anterior gobierno, que permitió la venta de especies vulnerables, incluidos los tiburones martillo, sedosos y zorros, sigue generando controversia. En 2017, un decreto presidencial del entonces presidente Luis Guillermo Solís autorizó la comercialización de estas especies.
En noviembre de 2020, la Corte Suprema de Costa Rica derogó el decreto y el actual presidente, Carlos Alvarado, se ha comprometido a proteger esta población de escualos. Aunque los tiburones no se clasifican como productos comercializables, en la pesca industrial siguen capturándose numerosos tiburones, como “fauna acompañante". Y muchas veces se venden, pasando por encima de la ley. La fundación MarViva alertó en una investigación publicada en 2019 que entre 2012 y 2017 al menos 455 toneladas de aletas de tiburón avaluadas en US$24.9 millones fueron exportadas desde Costa Rica hacia mercados asiáticos, principalmente Hong Kong.
El informe de CREMA dice que la venta de productos de tiburón sigue vigente. Además, añadió el informe, el país sigue siendo el sexto mayor exportador de aletas de tiburón en el mundo.
“No hay duda de que el compromiso de Costa Rica por lograr una pesca sostenible se ha visto gravemente comprometido por su fracaso en la protección de las especies amenazadas de tiburones”, comentó Jeffry Madrigal, biólogo del CREMA, en dicho informe.
Análisis de InSight Crime
La legislación costarricense ha generado inconsistencias en la implementación de acciones para detener la pescal ilegal de tiburones y otras especies.
El decreto presidencial presentado por Solís en 2017 desató un escándalo, pues se conoció justo después de una decisión del mismo gobierno de permitir la venta de tiburones martillo a China.
Eso le valió a Solís la declaración de “Enemigo de los Tiburones 2016” por parte de la organización SharkProject.
Según CREMA, este decreto contravenía los artículos 14 y 75 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, de Costa Rica.
Aunque el decreto fue derogado y la comercialización de especies en peligro está prohibida, Costa Rica no ha aprobado ninguna ley que prohíba específicamente la venta de aletas de tiburón. Esto ha dejado un vacío jurídico que ha sido aprovechado por los pescadores.
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Entre 2015 y 2020, en el puerto tico de Punta Arenas, se desembarcaron al menos al menos 14 toneladas de aletas de tiburones martillo para su posterior comercialización, gran parte de ellas a China.
Según Randall Arauz, ambientalista y director de política internacional en Fins Attached, una organización internacional de protección de la vida marina, Costa Rica sigue tratando de eludir sus mismas leyes.
“Nuestro objetivo no es formular una nueva ley, sino asegurar que se haga cumplir mejor la legislación existente sobre la vida marina en Costa Rica. Los decretos que hemos implementado contravienen el Artículo 140 de la Ley de Pesca en Costa Rica, que es clara en la prohibición de la comercialización y exportación de especies amenazadas”, dijo Arauz a InSight Crime.
En ausencia de alguna medida del gobierno, en junio de 2021, varias asociaciones de pescadores se comprometieron a proteger las especies usando buenas prácticas de extracción.
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