La escalada de la campaña antipandillas en la ciudad de Soyapango, centro de El Salvador, ha suscitado serios interrogantes sobre si está cumpliendo el propósito de erradicar las pandillas y cuáles serán las verdaderas intenciones del presidente Nayib Bukele.
Comenzando el 3 de diciembre, entraron unos 10.000 efectivos de la policía y el ejército a Soyapango, ciudad de unos 250.000 habitantes al este de la capital, San Salvador. Aduciendo que buscaban pandilleros, los efectivos de las fuerzas de seguridad bloquearon las vías, pidieron las identificaciones de transeúntes y conductores, en especial hombres jóvenes, e interrumpieron provisionalmente cualquier vía de entrada o salida de la ciudad.
En dos días, dijeron haber detenido a unos 140 pandilleros, según anunció Bukele en Twitter. Este saldo coincidió con un registro de cero homicidios en todo el país durante los primeros cinco días de diciembre, como también anunció el mandatario.
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Soyapango es la segunda ciudad que padece este grado de atención. En octubre, se desplegaron 2.000 efectivos en la ciudad de Comasagua, lo que dejó unas 150 personas privadas de la libertad. Nuevamente, Bukele proclamó ese golpe como un gran triunfo, apoyado por la población.
Y sin duda, en términos de estadísticas de criminalidad, la estrategia está funcionando. Con cerca de 60.000 personas en prisión desde marzo, el descenso de los homicidios se ha mantenido. Barrios que padecían el azote de pandillas como la MS13 y Barrio 18 han visto mejorías en el comercio y la seguridad. También la extorsión, el sustento de las pandillas en El Salvador, que desangraba a los operadores de transporte público y a los pequeños comerciantes, se ha reducido sustancialmente.
Dos empresarios de rutas de autobuses salvadoreños declararon a El País que la extorsión al transporte público se ha reducido en 70%. Siguen pagando a la MS13, aunque mucho menos que antes, según dijeron.
Pero desde los primeros días de la campaña antipandillas, no ha parado de crecer el temor de que las detenciones no se dirigen exclusivamente contra los pandilleros, sino contra cualquiera que tenga alguna relación con estos grupos.
Uno de esos mismos empresarios relató que un conocido que operaba otra ruta de autobús fue detenido presuntamente por actuar como testaferro para el Barrio 18, cuando no hacía más que pagarles cuotas extorsivas. "La policía lo tomó como que era financista. O sea que ser víctima de extorsión es delito ahora", denunció ante El País.
Análisis de InSight Crime
Las economías criminales aborrecen los vacíos de poder. Sería difícil eliminar por completo el poder y la gobernanza acumulados por la MS13 y Barrio 18, sin que nada ocupe el lugar que dejen.
En El Salvador, las mismas fuerzas de seguridad que han encarcelado a decenas de miles de personas pueden ser las que reemplacen a las pandillas. Según una nueva investigación de El País, los residentes elogian algunos de los efectos de la campaña de mano dura, pero temen lo que les espera.
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Donde los residentes antes temían a las pandillas, ahora sienten miedo de las fuerzas de seguridad. Aunque la policía y el ejército no están extorsionando a los tenderos, el estado de excepción les da la facultad de hacer detenciones arbitrarias, según entrevistas con habitantes locales.
El decreto del gobierno contra las pandillas ha suspendido derechos básicos, como el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre el motivo de su aprehensión o el derecho a contar con un abogado. Las personas pueden quedar retenidas sin lectura de cargos hasta por 15 días, por encima de los tres días que regían anteriormente. Varios activistas de derechos humanos han denunciado que cualquier joven o persona con nexos de familia con algún pandillero reconocido pueden ser blanco de esas medidas, que muchas veces se efectúan solo para cumplir cuotas de arrestos.
Con la agudización de la ofensiva del gobierno en ciudades como Soyapango, es improbable que la situación mejore pronto.
Y en la vecina Honduras, el estado de excepción declarado por el gobierno en zonas peligrosas ha despertado temores de que haya otros países dispuestos a seguir el ejemplo de El Salvador.
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