Un nuevo informe indica una creciente participación de las mujeres en las actividades extorsivas de las maras en Centroamérica, una muestra de un patrón regional en el que las mujeres han adquirido preponderancia en el crimen organizado.
Las mujeres han pasado de la periferia en actividades extorsivas, como el cobro de cuotas, a asumir roles más centrales, como lo señala un informe publicado en abril pasado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (Global Initiative against Transnational Organized Crime, GI-TOC), grupo de investigación con sede en Ginebra.
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“Este cambio se debe en gran medida a que su perfil es más discreto en comparación con el de los miembros masculinos, lo que les permite escapar de autoridades y víctimas con mayor facilidad”, indicaron los autores del informe.
El informe señala varios ejemplos en los que las mujeres tuvieron papeles protagónicos en las actividades violentas de las maras, como cuando una mujer puso una granada en un autobús de servicio público en Guatemala, y otro caso de una mujer implicada en el asesinato de un conductor de autobús en Honduras. El informe también destaca una clica del Barrio 18 en Guatemala, conformada en su mayoría por mujeres, así como una líder de la MS13 en Honduras. El reporte ofrece un raro ejemplo de liderazgo femenino en El Salvador, donde se relata el ascenso de una mujer en la jerarquía de la MS13 a lo largo de veinte años.
El informe destaca además los factores que aumentan la propensión de las mujeres a unirse a agrupaciones criminales. Las dificultades de acceso a la educación y empleo formal, lazos sentimentales con miembros de estos grupos y necesidades económicas asociadas al hecho de ser madres solteras fueron algunas de las causas citadas.
Análisis de InSight Crime
La creciente participación de las mujeres en las redes extorsivas no implica necesariamente que tengan mayor agencia en las pandillas callejeras. Tanto la MS13 como el Barrio 18 son organizaciones profundamente misóginas, cuya jerarquía interna excluye a las féminas de los roles de mando en casi cualquier circunstancia.
Sin embargo, se sabe que las mujeres realizan tareas de mayor responsabilidad, dependiendo de su experiencia y prestigio en las maras. Esas actividades incluyen la vigilancia, participación en asesinatos selectivos e incluso la coordinación directa del cobro de cuotas extorsivas.
Además de esto, las mujeres pueden ser elementos valiosos en los grupos criminales, lo que se evidencia en la evolución de sus roles y el aumento del número de arrestos.
En Guatemala, hay cerca de 1.900 mujeres en prisión por delitos relacionados con la extorsión, según datos publicados por Prensa Libre en abril de 2021. Entre las detenidas hay mujeres que han trabajado como cobradoras tradicionales, junto con mujeres que prestaron sus cuentas bancarias para recibir dineros sin saber que estaban participando en una actividad ilegal.
Según un estudio de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) sobre mujeres y narcotráfico, publicado en febrero último, el número de mujeres encarceladas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes aumentó en 59 por ciento entre 2000 y 2020, mientras que el número de hombres solo creció 20 por ciento en el mismo periodo.
El incremento de la participación de las mujeres en las actividades extorsivas es un fenómeno común en toda Latinoamérica.
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En Venezuela, un estudio publicado en 2019 por la ONG Una Ventana a la Libertad detalla cómo algunas mujeres han comenzado a sumir roles de liderazgo en las prisiones, lo que incluye la exigencia de pagos a otras reclusas para garantizar su seguridad.
En Colombia, las mujeres no solo se limitan al cobro de cuotas extorsivas, sino que algunas han conformado sus propias organizaciones dedicadas a esta economía criminal. En 2020, las autoridades desmantelaron un grupo de extorsionistas conocidas como “Las Faraonas”.
Adicionalmente, en México una colombiana fue acusada de liderar un esquema de préstamos a usura conocidos como "gota a gota", en alianza con varios grupos criminales en 2017. De acuerdo con una investigación de Milenio, Ángela Adriana Alzate Ayala, alias “Angie”, contaba con la cooperación de policías corruptos, quienes además de proveerle protección institucional tramitaban documentación falsa para los delincuentes.
En 2019, había en ese país más de 300 mujeres presas por extorsión, según datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales de 2020.
No obstante, no todas las mujeres que pagan sentencias por delitos relacionados con las economías ilícitas ocupan posiciones de mando dentro de la jerarquía criminal, y aun así, muchas de ellas reciben sentencias más duras que sus contrapartes hombres por los mismos delitos, según el informe de WOLA.
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