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Crimen organizado y medio ambiente en Latinoamérica: un encuentro fatal

DELITOS AMBIENTALES / 3 MAR 2021 POR KATIE JONES ES

Las selvas de Latinoamérica son taladas a un ritmo acelerado. Los mercados asiáticos impulsan el tráfico de productos de vida silvestre, mientras que mineros ilegales arrasan las selvas del Amazonas desde Perú hasta Guyana en busca de oro.

No todos los delitos ambientales son cometidos por el crimen organizado: los campesinos talan las selvas para su ganado, y las comunidades locales explotan pequeños depósitos auríferos. El tráfico de vida silvestre comienza en su mayor parte con los tramperos locales, muchos de ellos de comunidades indígenas y rurales pobres, quienes son buscados por su conocimiento del terreno.

Los grupos criminales del continente americano, que se diversificaron y han dejado de depender exclusivamente de ingresos del narcotráfico, están buscando oportunidades en los delitos ambientales, lo que les da cierta tapadera legal además de lucrativas ganancias. La destrucción extendida del hábitat y la pérdida de biodiversidad no tienen freno.

La presencia de grupos violentos al margen de la ley en zonas rurales remotas también los pone en conflicto con cualquiera que defienda los recursos naturales, lo que redunda en una impactante tasa de muertes de activistas ambientales, que no se compara con ninguna otra región del mundo.

A continuación, InSight Crime ofrece un abecé para explicar cómo el crimen organizado actúa como motor de los delitos ambientales en Latinoamérica.

1. Diversificación de los grupos del crimen organizado

Los grupos criminales, antes dedicados exclusivamente al tráfico de estupefacientes, armas y personas, han ampliado sus actividades para incluir la tala y la minería ilegales, el tráfico de vida silvestre y la apropiación de tierras, muchas veces usando rutas bien conocidas en beneficio propio.

En Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alguna vez actuaron como freno a la deforestación y limitaron la tala para preservar la cobertura boscosa que les permitía permanecer ocultos. Aunque las FARC no eran conservacionistas —estaban dispuestos a tomar los ingresos de la coca y la minería de oro— su desmovilización en 2016 dejó un vacío de poder en la Colombia profunda.

Ahora, grupos criminales de todo tipo, incluidas bandas narcotraficantes y un renaciente Ejército de Liberación Nacional (ELN), tienen sitiado el panorama rural colombiano. Células de disidencias de las FARC bajo el mando de Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, han ordenado a las comunidades locales que corten y quemen árboles en áreas protegidas con el fin de abrir paso a los cultivos de coca.

Otros grupos mafiosos, entre los que se cuentan Los Rastrojos y Los Urabeños, también han sido vinculados a la tala ilegal. Esta economía criminal también coincide cada vez más con el narcotráfico en México. Una guerra por el control de la industria maderera ilegal en Chihuahua ha desencadenado el conflicto entre facciones del Cartel de Sinaloa y el Cartel de Juárez.

VEA TAMBIÉN: Mafias de la madera – El saqueo de los bosques latinoamericanos

En Centroamérica, la Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala, una de las selvas tropicales protegidas de mayor extensión de la región, está siendo talada y quemada para abrir paso a las pistas de aterrizaje de una nueva racha de narcovuelos. En las estaciones secas, las quemas se propagan con rapidez sin control. En mayo de 2020, cerca de dos docenas de incendios forestales se atribuyeron a invasiones de tierras y a la tala de cubierta boscosa para construir pistas clandestinas en el interior de parques nacionales como Laguna de Tigre y Sierra del Lacandón.

En la Biosfera Río Plátano de Honduras, extensa región selvática en la costa Caribe del país, colonos pobres echan abajo selvas densas con la ayuda de grupos narcotraficantes. La madera extraída ilegalmente, a su vez, es traficada con la protección de los mismos grupos, que toman una parte.

Grupos armados irregulares también han entrado al tráfico de oro ilegal debido a la subida de precios a niveles récord. Los insurgentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han instalado puntos de extracción clandestina de oro a lo largo del río Caura en Venezuela, mientras que Los Urabeños han estado estafando a los mineros informales en el departamento de Nariño, en Colombia.

La minería ilegal, la tala y la apropiación de tierras para el cultivo de coca siguen diezmando las selvas de Colombia.

Metales como el coltán y el tungsteno —usados en electrónica— también se extraen de manera ilegal en regiones sin presencia del Estado a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela. Esa explotación, supervisada y gravada por grupos armados, derrama el veneno del mercurio por toda Latinoamérica, contaminando la tierra y los ríos de Colombia, Brasil, Perú, Bolivia y Ecuador.

La minería de jade —mineral precioso usado durante milenios por los antiguos mayas y que ha elevado su valor en China— pasa por un boom en el este de Guatemala, una región por la que también se contrabandea drogas.

Aunque menos rentable que la tala y la minería ilegales, el tráfico de vida silvestre también ha llamado la atención de los carteles de drogas mexicanos que abastecen los mercado negros asiáticos con las valiosas vejigas de peces totoaba. Como consecuencia, los conservacionistas que buscan proteger esta especie son blanco creciente de violencia.

2. La corrupción protege los delitos ambientales

Desde el lavado de huevos de guacamayas suramericanas hasta el de especies maderables protegidas de Perú y Colombia, cadenas de corrupción sistemáticas aceitan los engranajes de los delitos ambientales.

Con frecuencia, los mismos organismos encargados de salvaguardar las especies de animales y madera en peligro, además de los territorios protegidos y los minerales preciosos, son susceptibles de sobornos y coerción.

Los taladores ilegales obtienen licencias de funcionarios corruptos para talar y transportar madera protegida. En Bolivia, ha habido funcionarios forestales que han facilitado la tala de madera ilegal; por su parte, en Perú, las autoridades locales han refrendado planos falsificados sin que haya habido repercusiones. Por otro lado, se han usado empresas de papel en Perú para adquirir oro de contrabando de Ecuador y Bolivia.

Muchas veces, productos de madera, mineral de oro y vida silvestre que se pretenden sacar al exterior son blanqueados bajo la apariencia de exportaciones legales. Esto requiere la falsificación o incluso la creación total de documentos y de los mecanismos para transportar esos materiales.

Especímenes de peces ornamentales capturados ilegalmente en el Amazonas se mezclan con especímenes criados en cautiverio antes de enviarlos a otros países. La madera extraída de manera ilícita en Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador llega a Perú, donde es lavada por mafias que trabajan con funcionarios corruptos para clonar licencias de transporte. Y el oro sospechoso se mezcla con oro de extracción legal, que luego es comprado por refinerías industriales de Estados Unidos y Suiza.

La apropiación y venta ilegal de tierra protegida en Colombia, Perú y Brasil también se ha visto agravada por la corrupción. Acaudalados acaparadores de tierra ocupan ilegalmente tierras protegidas por el Estado en colaboración con jueces corruptos que “legalizan” sus pretensiones ilícitas, y luego se venden a particulares a altas tasas o se convierten en valiosas tierras cultivables.

3. Los delitos ambientales abastecen los mercados internacionales

Los delitos ambientales suelen abastecer los mercados internacionales. Los traficantes que operan en Latinoamérica requieren un sofisticado conocimiento logístico y contactos para transportar las materias primas extraídas ilegalmente hacia mercados de Europa, Estados Unidos y Asia. Actores intermediarios dispuestos a trabajar entre compradores y vendedores; medios de transporte robustos y niveles importantes de corrupción son condiciones básicas para el negocio.

Los grupos criminales se siguen viendo atraídos por las altas ganancias y los bajos riesgos que esos mercados pueden ofrecer. La Interpol estima que la sola industria ilegal global de madera ronda los US$152 mil millones anuales, y los delitos contra la vida silvestre ascenderían hasta US$20 mil millones por año.

Un poco menos 30 gramos de oro costaban más de US$2.000 en agosto pasado, la misma cantidad de cocaína reportaba menos de US$1.250 en Miami. El oro no es solo más valioso que la cocaína, sino además más fácil de lavar.

VEA TAMBIÉN: Cómo la deforestación sirve al crimen organizado en Colombia

Latinoamérica alberga una gran variedad de especies terrestres y marinas muy codiciadas en los mercados negros asiáticos. Los productos de los grandes felinos —pasta de jaguar, pieles y garras— se contrabandean a China, y allí se venden con fines medicinales. Por otro lado, tortugas, aletas de tiburón y peces totoaba traficados ilegalmente y enviados a Asia en enormes cantidades atraen miles, si no millones de dólares.

Ranas, serpientes, arañas y otros insectos similares de Paraguay y Costa Rica han cruzado el mar como producto del tráfico para llevarlos a mercados de coleccionistas en Estados Unidos y Europa, donde los consumidores están dispuestos a pagar precios altísimos.

La pasta de jaguar se envía ilegalmente desde Latinoamérica para abastecer los lucrativos mercados negros asiáticos.

Redes criminales que se aprovechan de la gran demanda también han abastecido los mercados con especies de maderas exóticas. Especies arbóreas de Guatemala, Honduras y Panamá se ha enviado ilegalmente a China y Hong Kong. Y grandes franjas de selva son blanco de las mafias madereras en Ecuador, que buscan lucrarse del boom del balso en China.

Los minerales extraídos ilegalmente también se filtran a los mercados internacionales. El oro robado de Venezuela se ha rastreado hasta Turquía, Uganda y otros países, y se sabe también que el oro extraído ilegalmente de la vecina Colombia llega a mercados internacionales de Europa y Estados Unidos.

4. Los delitos ambientales acarrean derramamiento de sangre

En su competencia por los lucrativos recursos naturales, los grupos criminales avivan la violencia.

El ELN y diversas bandas criminales conocidas como sindicatos y disidencias de las FARC se han enfrentado por el control de la región aurífera de Venezuela. Las fuerzas de seguridad del estado también hacen parte de la fatal combinación. Los residentes quedan atrapados en medio de violentas disputas, según un informe de International Crisis Group, publicado en 2019. El caos y la violencia también se extienden a la vecina Guyana, pues los grupos criminales se expanden por la región.

Ecuador, que en gran medida ha logrado evitar la violencia asociada al narcotráfico que aqueja a los países vecinos, ha visto miles de buscadores de oro descender a la remota región fronteriza después de que se descubriera un gran depósito. La veta también atrajo a grupos armados y bandas criminales que entraron en conflicto en sus intentos por controlar la minería ilegal.

Por otro lado, el estado de Chihuahua en México ha sido un hervidero de violencia, tras la guerra de los Carteles de Sinaloa y Juárez por las rutas que se usan para el tráfico de narcóticos y madera.

El asesinato de defensores ambientales es una mancha que se extiende en Latinoamérica y crece más y más cada año. El trabajo de los defensores ambientales se opone a los intereses de los grupos criminales, razón por la que los están asesinando impunemente en Perú, Honduras, Brasil, Colombia y México. Los guardaparques enfrentan peligros crecientes al patrullar reservas naturales donde también rondan grupos armados.

Global Witness informa que Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores ambientales, con 64 muertes reportadas en 2019. Los casos muchas veces no llegan a resolverse y los autores intelectuales de los asesinatos rara vez son procesados. En México, los manifestantes contra proyectos mineros y energéticos son atacados con armas de fuego; entre los atacantes se incluyen las fuerzas de seguridad.

Latinoamérica ha sido la región más mortífera del planeta para los activistas ambientales desde 2012, cuando Global Witness comenzó a publicar un informe anual sobre este tema.

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