El gobierno de Venezuela puede estar al fin frente a un escándalo de corrupción en PDVSA que no puede darse el lujo de dejar pasar, un indicio de la grave escasez de gas y petróleo a la que ha llegado el país.
A comienzos de febrero, el fiscal general Tarek Saab ordenó la aprehensión de cuatro directivos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA), incluido el presidente de una de sus subsidiarias, Jacob Grey, por cargos de corrupción y robo de combustible. En septiembre de 2020, Grey fue designado jefe de PdV Gas Comunal, que distribuye gas licuado de petróleo (GLP) a la población general. Desde entonces, presuntamente conspiró con los gerentes de las plantas de llenado para desviar y vender miles de cilindros de la sustancia.
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Las noticias de los medios señalan que a precios subsidiados oficiales, cada cilindro de GLP no debe costar más de US$0,02. Pero, según declaró Saab a la prensa, los perpetradores del esquema usaron hombres armados para obligar a los distribuidores a comprar los cilindros robados a precios entre US$10 y US$40.
Muchos venezolanos no tienen conexión a una red de energía natural, por lo que dependen del GLP para el consumo de gas, en su mayoría para uso doméstico. Una familia venezolana promedio necesita, según estimaciones, por lo menos dos cilindros al mes, pero la actual escasez de GLP ha obligado a muchos a sustituirlo por leña.
Solo en 2010, Venezuela se consideraba autosuficiente en GLP, e incluso exportaba el producto a otros países. Pero el desabastecimiento interno obligó al país a comenzar a importarlo, principalmente de Estados Unidos. Y, según Argus, grupo de medios especializado en mercados energéticos, las sanciones sobre el petróleo impuestas en 2019 lograron cortar el suministro del país.
El esquema de corrupción, que exacerbó la escasez de por sí urgente, salió a la luz inicialmente cuando los fiscales investigaron al dueño de una bodega, que vendía cilindros de gas sin licencia y hallaron 4.000 cilindros en su propiedad. El hombre llevó a los investigadores a Grey y a tres de sus cómplices, que trabajaban como gerentes de las plantas de llenado alrededor de Venezuela.
“Merecen todo el peso de la ley”, declaró Saab a los periodistas.
Análisis de InSight Crime
La corrupción y la mala gestión en PdVSA llevan años fuera de control, pero por lo general se encontró con la impunidad absoluta, nada de órdenes de captura. La fuerte reacción de Saab y su disposición a sancionar a los directivos demuestran lo desesperada que ha llegado a ser la situación en el país más rico del mundo en petróleo.
Es común conocer que altos funcionarios del régimen de Maduro resulten implicados en escándalos por lavado de dinero y malversación de fondos usando a PdVSA. Pero esos actos no les acarrean mayores consecuencias, en parte porque, como lo plantea el experto en lavado de activos Alejandro Rebolledo, la administración misma ha lavado miles de millones de dólares en esquemas que incluyen a PdVSA.
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Esta vez las cosas parecen de otro tenor. Mientras que Saab anunció la detención de los tres gerentes, fue el mismo Maduro quien confirmó el arresto del presidente de la subsidiaria de PdVSA, quien había sido una promesa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). “Nos sangra la garganta llamando a los funcionarios públicos para que hagan lo correcto [...] pero por detrás están robando a la patria”, comentó.
Esta semana, un funcionario del gobierno dijo a Argus que hay más directivos sénior de PdVSA involucrados, lo que indica que la fiscalía pretende respaldar las declaraciones de Maduro con más arrestos.
Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero la corrupción, la falta de inversión y las sanciones han dejado al país con una infraestructura derruida incapaz de extraer y procesar dichas reservas. Esto deja al país en una situación tan desesperada que los contrabandistas han estado trayendo gasolina desde Brasil y Colombia.
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