Las autoridades de Perú desmantelaron una red criminal que involucró al menos a dos ministerios, en un sofisticado caso que evidencia la debilidad de los esfuerzos del gobierno para prevenir la corrupción en el país.
A principios de diciembre, once funcionarios de los ministerios de Vivienda y Economía de Perú fueron capturados por la Fiscalía Anticorrupción de Lima. Durante el operativo también fueron allanados 36 inmuebles, incluyendo las sedes de ambos ministerios.
La presunta organización criminal, conocida como "Los gestores", estaría integrada por al menos 13 servidores públicos, dentro de los que se encuentran funcionarios federales, alcaldes y gobernadores que cumplían roles altamente especializados dentro del esquema. Estos individuos son investigados por los delitos de colusión, organización criminal y tráfico de influencias.
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La red operaba en tres núcleos que controlan a intermediarios o "gestores" quienes se distribuyen por zonas en el territorio nacional y se dedican a vincular funcionarios de ambos ministerios con alcaldes para la aprobación de obras públicas. Una vez aprobadas, se cobraba un 5 por ciento de comisión del monto total de la obra a los mandatarios locales para así beneficiar a una larga lista de funcionarios, según señaló Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción.
Según Tello, el esquema de corrupción involucró proyectos de infraestructura en varias regiones del Perú, incluyendo Loreto, Junín y Huánuco.
"Hasta ahora tenemos 11 casos que han sido cerrados, pero tenemos muchos otros más por explorar. Estamos hablando de obras por US$50 millones, US$17 millones, diversos montos, que sumadas todas dan aproximadamente US$250 millones", detalló Tello al medio RPP noticias.
El ministro de Economía de Perú, Pedro Francke, pidió a los gobiernos regionales que cooperen y proporcionen detalles completos sobre cualquier contrato de obras públicas sospechoso en su área.
Análisis de InSight Crime
El caso de "Los gestores" evidencia cómo el abandono de los esfuerzos anticorrupción han empeorado en el país.
Todavía no se conoce qué tipo de consecuencias enfrentarán "Los gestores". Sin embargo, cuando al menos 57 casos emblemáticos de corrupción aún están pendientes de resolverse en varias instituciones gubernamentales, las expectativas no son prometedoras. Según un reporte de Ojo Público, las entidades más vulneradas por la corrupción son el Estado, que lleva 13 de los 57 casos, seguido por el Congreso de la República y varios ministerios.
Hay abundantes ejemplos en Perú de élites que reciben castigos leves si es que reciben alguno. En 2014, cuando más de 115 candidatos políticos fueron investigados por vínculos con el narcotráfico, casi nadie fue condenado. El expresidente Alan García también fue investigado por supuestamente aceptar sobornos de narcotraficantes a cambio de indultos.
La lista de estos casos muestra cuán extendida está la corrupción en las instituciones estatales del Perú, involucrando expresidentes, congresistas, oficiales del ejército, funcionarios de los ministerios de transporte, salud, justicia y educación, jueces de tribunales superiores, comandantes de policía y ejecutivos el sector de salud.
Según un informe de la Contraloría de Perú, "en 2019, la corrupción generó un perjuicio de US$5,7 billones al Estado. Un monto equivalente al 3% del PIB".
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A pesar de los esfuerzos iniciados en la presidencia de Martín Vizcarra en 2018 y 2019 para combatir la corrupción en su gobierno, estos no han dado los resultados esperados. El expresidente intervino a las instituciones del Estado sumidas en la corrupción y creó un nuevo comité de selección para nombrar a los jueces de forma independiente, lo que no ha dado los resultados esperados.
Si bien el gobierno de Vizcarra fue uno de los pocos que logró poner en marcha los esfuerzos para combatir la corrupción, el expresidente también estuvo implicado en un caso que lo llevó a la destitución en noviembre de 2020. Otro caso que ilustra lo anterior es el del gobernador del departamento de Madre De Dios, quién fue acusado de coordinar una red de tráfico de madera que involucró varias empresas madereras chinas. El gobernador es investigado por presuntamente recibir coimas para otorgar concesiones de explotación y licencias de transporte a estas empresas.
La lista de 57 casos de corrupción congelados parece que solo va a aumentar.
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