Siguiendo una tendencia que toma fuerza en la región, el candidato que se describe como antiestablecimiento, Rodrigo Chaves, fue el vencedor en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Costa Rica, con cerca del 53 por ciento de la votación el 3 de abril pasado.
Chaves tuvo un breve paso como cabeza de la cartera de finanzas en la administración saliente, pero por lo demás tiene poca experiencia en política, lo cual resultó una ventaja, pues le ayudó a posicionarse como una cara ajena a las maquinarias, dispuesto a liberar a Costa Rica de sus "élites corruptas".
Sin embargo, iniciará su mandato con varias desventajas. Su partido, Progreso Social Democrático (PPSD), tiene pocos escaños en el congreso y su reputación como administrador beligerante no inspira confianza en su capacidad de crear coaliciones. Además, Chaves tiene múltiples denuncias de acoso sexual y un escándalo de financiamiento electoral por cerrar, lo cual le resta posibilidades de llegar a la presidencia con una posición sólida.
Chaves recibirá un sistema político que se ha pregonado como una de las democracias más fuertes con las instituciones más sanas de la región. En cualquier caso, la expansión de la violencia de pandillas, el narcotráfico y los escándalos de corrupción están empezando a revelar grietas en la armadura.
Aquí, InSight Crime analiza cuatro grandes desafíos de seguridad que Chaves puede enfrentar.
Cocaína en cantidades industriales
Los puertos costarricenses están repletos de niveles récord de cocaína. El país incautó más de 142 toneladas de cocaína en los últimos dos años, la mayoría de los cuales pasan por el Puerto de Moín, en Limón. Considerado el epicentro del narcotráfico en el país centroamericano, administraciones anteriores han fracasado consistentemente en reducir el flujo de cocaína en contenedores de embarque.
El gobierno ha hecho algunos avances para mejorar las funciones de inspección y seguridad portuaria, con la introducción de mejor tecnología a comienzos de abril. Los puertos de Moín y Caldera en Puntarenas estarán equipados con Sistemas de Inspección No Intrusivos (SINI), que permitirán a los inspectores de aduanas escanear la carga sin necesidad de abrir contenedores individuales para no interrumpir el flujo del comercio.
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Pero la creciente demanda de cocaína en Europa indica que el puerto de Moín seguramente verá pasar mayores cantidades de cocaína, dado que constituye una plataforma útil en la cadena de suministro de cocaína hacia Europa. Una propuesta central de la campaña de Chaves fue la defensa de Costa Rica contra las “mafias internacionales” que facilitan este suministro, pero su hoja de ruta para hacerlo se verá limitada por su capacidad para contener la corrupción, en especial en el ámbito regional.
Aumento de la violencia de pandillas
A lo largo de su historia, Costa Rica ha logrado evitar las sangrientas guerras entre las pandillas arraigadas con fuerza en sus vecinos centroamericanos. Pero Chaves heredará una nueva realidad en materia de seguridad, pues ahora el país tiene para mostrar sus propios conflictos de pandillas locales, atizados en gran parte por la fascinación de las ganancias del narcotráfico.
En 2021, el país registró una tasa de homicidios de 11,5 por 100.000 habitantes, una de las más bajas de la región, pero que se duplica en la provincia costera de Limón, donde las bandas narcotraficantes locales han acelerado el ritmo con asesinatos selectivos en su disputa por zonas estratégicas para el tráfico.
Dos pandillas, comandadas por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Moreno Borbón, alias “Pechuga”, respectivamente, han llamado la atención nacional por sus episodios de tiroteos en toda la marginada provincia. Según medios locales, los sicarios pueden cobrar desde US$80 por asesinatos, muchas veces contra miembros de clanes rivales.
Limón es quizás el ejemplo más atroz de la violencia de pandillas que vive Costa Rica, pero no es el único. En la costa Pacífica, Puntarenas soportó un año de asesinatos sin precedentes, con una cuenta de hasta 94 entre enero y octubre de 2021. Al igual que en Limón, las autoridades atribuyeron la culpa a la afluencia de cocaína por parte de grupos criminales internacionales que aumentan los índices de violencia entre el crimen organizado local.
La ruta de tráfico del Pacífico ha presentado un auge en los últimos años, con un flujo de mayores cantidades de cocaína y marihuana en dirección norte desde Colombia y Ecuador, que ha convertido zonas costeras, como Limón y Puntarenas en puntos de valor estratégico para los narcotraficantes.
Lo preocupante es que esta tendencia se asemeja en muchas formas a lo ocurrido en Panamá, cuando las pandillas locales crecieron y terminaron agrupándose en dos poderosas organizaciones criminales confederadas que compiten por imponerse en el hampa del país. Aunque los grupos costarricenses se diferencian mucho de sus homólogos panameños, su actual trayectoria puede ponerlos en una vía que los lleve a ser tan violentos y prolíficos como aquellos.
Una frontera turbulenta
Costa Rica mantiene una sólida colaboración con Panamá, El Salvador, Honduras y Colombia en la lucha contra el tráfico. Ausente de esa lista está Nicaragua. Los 309 kilómetros de frontera al norte entre ambos países es un paso para todo tipo de contrabando, desde ganado hasta drogas y, cada vez más, personas.
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La falta de cualquier tipo de coordinación entre los dos gobiernos ha dejado a Costa Rica sola en sus esfuerzos por acabar con el tráfico de personas en la frontera. Según el ministro de seguridad del país, Michael Soto, el problema se agravó aún más durante la pandemia de Covid-19, con el éxodo de nicaragüenses de los problemas políticos y económicos en su país natal.
Los migrantes nicaragüenses, en su mayoría mujeres y niñas, también son explotadas por tratantes de personas. En 2020, el gobierno identificó a 17 nicaragüenses víctimas, un aumento en comparación con los 12 del año anterior.
Jaque mate a la corrupción
El presidente electo basó su campaña sobre la promesa de desmontar las estructuras corruptas que aquejan al país. Tales declaraciones fueron propuestas bien recibidas por los costarricenses, quienes ven que la corrupción violenta los límites mismos del sistema de justicia.
En el mandato de su antecesor, una serie de esquemas de coimas entre altos funcionarios empañaron la reputación de Costa Rica como remanso de la moralidad gubernamental en Centroamérica.
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El caso conocido como Cochinilla involucró la malversación de recursos estatales por cerca de US$125 millones e implicó a funcionarios del gobierno, reconocidos empresarios y a un asesor del presidente Alvarado. Más aún, la solidez de la economía, la rama judicial y otras instituciones políticas en Costa Rica pasaron por una dura prueba con la pandemia de COVID-19.
En mayo del año anterior, el país implementó varias medidas anticorrupción para su ingreso a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD, por sus siglas en inglés) y Chaves será responsable de la implementación de dichas iniciativas.
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