Varios desmovilizados de un conocido grupo paramilitar de derecha en Colombia se hicieron pasar como un nuevo grupo de autodefensas y comenzaron a extorsionar. Una muestra de cómo estos actores armados siguen aterrorizando el país mucho después del acuerdo de dejación de armas.
La Fiscalía General de Colombia emitió una orden de captura contra seis miembros de los "Marqueteños" en el departamento de Caldas, centro del país, por extorsión, desplazamiento forzado y porte y fabricación de armas, según anunció la misma entidad.
Entre los miembros del grupo se contaban Luis Enrique Toro Murillo, alias “Jabalí”, y Luis Carlos Ospina Bedoya, alias “Samaná”, quienes se desmovilizaron con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un ejército paramilitar de derecha que asesinó a decenas de miles de personas durante el conflicto armado en el país. Los dos participaron en el programa de Justicia y Paz para miembros de las AUC que pactaron la desmovilización entre 2002 y 2006, según los fiscales.
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Fuertemente armados y portando uniformes militares, los integrantes se autodeclararon parte de un nuevo grupo de autodefensa y exigieron pagos por protección a los residentes de Marquetalia y Samaná en Caldas, según Ángela María Bedoya Vargas, directora de la Sección de Caldas de la Fiscalía General de la Nación.
Las amenazas obligaron a varias de las víctimas a abandonar sus hogares cuando no pudieron pagar las cuotas exigidas. Según una víctima en Marquetalia, el grupo estaba conformado por unas 15 personas, que se movían por diferentes barrios.
Jabalí y Samaná no fueron los únicos exintegrantes de las AUC detenidos en el mes de mayo. Rubber Antonio Navarro Caicedo, alias "Coyote", también fue capturado por extorsión a residentes de Puerto Lleras en el departamento de Meta, centro del país, según un comunicado de prensa de la Fiscalía General.
Análisis de InSight Crime
Más de 15 años después de la implementación de la Ley de Justicia y Paz, el marco legal en el cual se desmovilizaron las AUC, criminales con una historia de pertenencia paramilitar siguen acechando Colombia.
Según la ley, se otorgaba a los jefes paramilitares penas de prisión reducidas de cinco a ocho años si confesaban sus delitos y colaboraban con la justicia.
Por atrasos, en los casos, sin embargo, la justicia ha obrado con lentitud. En 2017, solo se habían dictado 47 fallos en casos que involucran solo 195 de los 2.378 jefes desmovilizados que se acogieron al programa, según datos del gobierno colombiano. Otros comandantes de las AUC optaron por no entregarse o se hicieron pasar como paramilitares rasos para evitar la prisión.
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Dicho esto, el proceso de justicia transicional con las AUC nunca contempló sentenciar los más de 30.000 paramilitares rasos, que básicamente fueron perdonados al deponer las armas.
En un intento por facilitar la reinserción de los excombatientes a la vida civil, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) entregó estipendios temporales, educación y capacitación vocacional, acceso a servicios de salud, subsidios y asesoría para proyectos de microempresas. Sin embargo, en un inicio se estimaron los índices de reincidencia en un 20 por ciento, según datos de ACR.
Debido a las debilidades de los procesos de seguimiento, se desconoce el paradero de muchos paramilitares desmovilizados, y las capturas recientes indican que algunos —aunque no es claro cuántos— han vuelto a las actividades criminales que se comprometieron a abandonar.
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