La decisión de los legisladores alineados con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de destituir al fiscal general del país puede significar el fin de varios casos cruciales en torno al crimen organizado.
El 1 de mayo, durante la primera sesión de la nueva Asamblea Nacional de El Salvador, el Congreso votó a favor de destituir al fiscal general Raúl Melara. El fiscal había anunciado públicamente que el Ministerio Público había abierto investigaciones en torno a las supuestas ganancias de la administración Bukele relacionadas con el gasto durante la pandemia y las negociaciones con pandilleros de la MS13.
El Congreso, controlado por el partido de Bukele, también votó a favor de destituir a cinco jueces de la Sala Constitucional, y 64 de los 84 legisladores aprobaron ambas decisiones, según informó El Faro.
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El partido de Bukele, Nuevas Ideas, tiene una mayoría abrumadora de 56 legisladores en la Asamblea Nacional. Pero poco después de la votación en el Congreso, los magistrados de la Sala Constitucional respondieron que la votación era inconstitucional.
Los legisladores del partido gobernante defendieron la decisión, alegando que los jueces habían violado la Constitución cuando fallaron en contra de las medidas del gobierno para enfrentar la pandemia. El año pasado, Bukele intentó imponer una cuarentena estricta y ampliar los gastos de emergencia. En agosto de 2020, los jueces dictaminaron que las medidas violaban los derechos humanos y carecían de transparencia.
Los legisladores de la oposición —con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)— rechazaron la destitución de los jueces, pues consideran que la decisión fue antidemocrática y viola la Constitución del país.
La decisión provocó fuertes críticas de grupos de derechos humanos, así como de funcionarios estadounidenses, incluida la vicepresidenta Kamala Harris, quien expresó en un tuit que, tras la votación, Estados Unidos tenía "serias preocupaciones" con respecto a la democracia de El Salvador.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien sostuvo una conversación telefónica con Bukele después de la sesión legislativa, también expresó su preocupación por la destitución de Melara, quien asumió el cargo como fiscal general en 2019. Melara "está luchando contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz en los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador", expresó Blinken en un comunicado.
Bukele rebatió estas críticas de la comunidad internacional, diciendo en un tuit que "estamos limpiando nuestra casa" y que "eso no es de su incumbencia".
Melara fue sustituido por el abogado Rodolfo Delgado, quien se desempeñó durante 13 años como director de la unidad contra el crimen organizado adscrita a la Fiscalía General de la República, durante las administraciones previas del FMLN y ARENA, y se retiró en 2014. Minutos después de ser nombrado fiscal general, Delgado dijo que no tenía vínculos con el partido de Bukele, actualmente en el poder.
Análisis de InSight Crime
Si bien los críticos de la destitución de los jueces temen por el futuro de la democracia de El Salvador, las medidas tomadas por el Congreso también podrían tener consecuencias nefastas para el Estado de derecho.
Por ley, el fiscal general y el presidente de El Salvador operan independientemente el uno del otro. Pero, desde que asumió el cargo, Bukele se había acostumbrado a presionar públicamente a Melara, incluso en Twitter.
Ambos habían estado irritados desde que Melara comenzó a investigar al gobierno de Bukele. Estas investigaciones podrían ser condenatorias para el mandatario, quien llegó al cargo prometiendo luchar contra la corrupción y enfrentarse a las pandillas del país.
En septiembre de 2020, El Faro informó sobre múltiples reuniones secretas entre el director general de centros penales de la administración Bukele, Osiris Luna, y líderes de la MS13 encarcelados. Al parecer, el gobierno estaba negociando con los pandilleros para reducir la tasa de homicidios del país, a cambio de beneficios. Después del informe, Melara dijo que había iniciado una investigación en torno a dichas negociaciones.
El propio Bukele ha solicitado investigaciones similares, como cuando Melara acusó a políticos y funcionarios de los principales partidos políticos del país de fraude electoral y conspiración para negociar con pandillas para ganarse su favor político.
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Durante el período de Melara, el Ministerio Público también inició una investigación penal en torno a los gastos de la administración Bukele para hacer frente a la pandemia de coronavirus. En noviembre de 2020, los fiscales llevaron a cabo una serie de redadas con el fin de reunir pruebas sobre posibles compras irregulares realizadas con fondos de emergencia.
La investigación involucra al actual ministro de Salud, Francisco Alabí, quien supuestamente compró botas de caucho por valor de US$250.000, obtenidas en una empresa de su tía. El ministro de Finanzas de Bukele, Alejandro Zelaya, también está siendo investigado por presuntos vínculos con una empresa que le vendió 300.000 máscaras faciales al Ministerio de Salud al doble del precio del fabricante.
Los informes iniciales sobre los sobrecostos durante la pandemia fueron compilados por el principal organismo anticorrupción de Bukele, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Creada en septiembre de 2019 para investigar casos de corrupción, la comisión ha sido obstaculizada por Bukele.
Ahora, la responsabilidad de las investigaciones de corrupción recae en Delgado, quien ya ha puesto en duda el futuro de la CICIES, después de anunciar planes para "revisar" el acuerdo de El Salvador con la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que apoyó la creación de la CICIES.
Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group, dijo en comunicación con InSight Crime que el nombramiento de Delgado “genera el temor de que haya mayor indulgencia frente a las malas conductas del gobierno”.
Breda se refirió a las declaraciones de Delgado sobre la CICIES y su defensa de Mauricio Arriaza Chicas, director general de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando el Congreso anterior trató de despojar de su inmunidad a este último, con el fin de que enfrentara cargos por no cumplir con sus funciones oficiales. Arriaza Chicas había rechazado una orden del Congreso de citar a los ministros antes mencionados, Alabí y Zelaya, para responder preguntas sobre los gastos durante la pandemia.
Delgado también está del lado de funcionarios de la Policía Nacional, una institución que según Breda ha sido criticada por actuar arbitrariamente a instancias de Bukele.
La destitución de Melara lleva a pensar que el presidente tendrá influencia sobre los casos que implican a su administración tanto ahora como en el futuro.
Después de todo, Bukele ha mostrado poco respeto por la separación de poderes.
De hecho, en febrero de 2020 irrumpió en la Asamblea Legislativa, rodeado de policías y militares armados, en un intento de presionar a los legisladores para que votaran a favor de un préstamo de US$109 millones para su plan de seguridad.
"El principal temor es que estas son apenas las primeras medidas como parte de una intención más amplia de Bukele y sus aliados de extender el control sobre las instituciones del Estado", afirmó Breda.
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