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De disidente a criminal: la predecible caída de Pedro Castillo en Perú

ÉLITES Y CRIMEN / 8 DIC 2022 POR CHRIS DALBY ES

El expresidente de Perú Pedro Castillo es a la vez corriente y único.

Corriente en que es el sexto presidente de Perú en seis años, y uno de los varios en enfrentar denuncias de corrupción. Único en que es el primero que afronta una investigación de la Fiscalía de la Nación aún estando en su cargo y el único que ha intentado un aparente golpe de estado mientras detentaba el poder.

Después de un turbulento periodo de 24 horas en el que Castillo intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto antes de ser destituido sin dilación de su cargo y detenido, ahora enfrenta cargos graves.

Algunos son nuevos, como un señalamiento de sedición anunciado por la Fiscalía de la Nación poco después de su aprehensión el 7 de diciembre. La mayoría son de hace varios meses, cuando se abrió una primera investigación contra Castillo por organización criminal, tráfico de influencias, y colusión.

Esto marcó la ampliación de una investigación que llevó al arresto del exministro de transporte y comunicaciones Juan Silva Villegas, y a la apertura de investigaciones contra seis congresistas.

VEA TAMBIÉN:  Corrupción en todos los niveles: quién se beneficia de la destrucción de la Amazonía peruana

Castillo y Silva Villegas al parecer dirigían una red de corrupción entre funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que controlaba ilegalmente la licitación para la construcción del puente Tarata en el norte de Perú. Este contrato de obras públicas al parecer se otorgó a firmas peruanas y chinas cercanas al expresidente a cambio de coimas.

Al tiempo, Castillo enfrenta otra investigación por su presunta injerencia en la decisión de la petrolera estatal PetroPerú de comprar biocombustibles a la petrolera Heaven Petroleum Operators. El dueño de esa firma, Samir Abuyadeh, fue detenido en noviembre y aseguró que se reunió dos veces con Castillo en el palacio presidencial de Perú antes de cerrar el acuerdo, un señalamiento que Castillo ha negado.

Finalmente, se señala a Castillo de haber intervenido para que se otorgaran contratos de obras públicas por US$8,6 millones del Ministerio de Vivienda y Construcción a contratistas cercanos a familiares y amigos suyos.

Análisis de InSight Crime

Cuatro de los predecesores de Castillo enfrentan o han enfrentado cargos por corrupción en contratos de obras públicas vinculados a la megaconstructora brasileña Odebrecht. Castillo, al parecer, no aprendió de las experiencias de sus antecesores.

Alejandro Toledo, quien fue presidente de 2001 a 2006, estuvo acusado de lavado de dinero y concierto para delinquir por haber recibido hasta US$20 millones del gigante brasileño Odebrecht para que se le otorgaran contratos para construir varios tramos de la carretera interoceánica sur en Perú. Actualmente se encuentra en Estados Unidos, aunque Perú lo pidió en extradición. Toledo fue el primero de cuatro presidentes en ser acusado de corrupción en el marco del caso de Odebrecht.

Su sucesor, Alan García, quien gobernó a Perú dos veces, entre 1985 y 1990, y entre 2006 y 2011, se suicidó en 2019 cuando la policía llegó a arrestarlo por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht. El grado de sobornos en el que se lo señalaba de haber participado era impactante, pues presuntamente recibió hasta US$143 millones y usó alrededor de US$29 millones para sobornar a otros funcionarios para favorecer a Odebrecht durante tres gobiernos distintos.

VEA TAMBIÉN:  Cruzada anticorrupción de Perú se debilita cada día más

El expresidente Ollanta Humala, quien gobernó Perú de 2011 a 2016, está acusado de recibir alrededor de US$3 millones de Odebrecht a cambio de la concesión de varios contratos de obras públicas. Después de un periodo en arresto domiciliario, Umala fue excarcelado, pero su proceso penal comenzó a principios de 2022.

Finalmente, Pedro Pablo Kuczynski, quien gobernó como presidente entre 2016 y 2018 y había sido primer ministro en el mandato de Toledo, de 2005 a 2006, fue sentenciado a tres años de arresto domiciliario en 2019, después de ser encontrado culpable de haber ayudado a facilitar contratos para que Odebrecht construyera la carretera interocéanica y un proyecto de energía hidroeléctrica en Perú.

Si bien Castillo no ha tenido conexiones con el escándalo de Odebrecht, parece haberse guiado por maquinarias muy similares que las que llevaron a la caída de los gobiernos anteriores.

La concesión de contratos a amigos personales, la aceptación de coimas para obras públicas, la designación de funcionarios que respaldaran sus manejos, y la destitución de quienes advirtieran las irregularidades, fueron parte del modus operandi del ahora expresidente. A pesar de haber basado su campaña en ser alguien ajeno a todo el entramado político del país, los delitos de los que se le acusa al llegar al poder son de los más comunes.

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