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EE.UU. envía mensajes contradictorios sobre aspersión aérea en Colombia

COCA / 17 MAR 2021 POR GABRIELLE GORDER ES

El informe anual del Departamento de Estado estadounidense sobre estrategias para el control antinarcóticos reclama que Colombia reanude la erradicación aérea de cultivos de coca, una posición frente a la cual la administración de Joe Biden aún debe adoptar una posición.

La suspensión de la erradicación aérea suprimió una “herramienta irremplazable en el arsenal del gobierno” para reducir los cultivos de coca, reza el Informe 2021 sobre Estrategia Internacional para el Control Antinarcóticos, planteado por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL). Colombia deberá “implementar su objetivo declarado de retomar un progrma de erradicación aérea dirigido por el país de manera segura, limitada y efectiva”, señala el informe.

Colombia y Estados Unidos ya habían acordado la meta de reducción de cultivos de coca y producción de cocaína en un 50 por ciento para finales de 2023.

En 2015, Colombia suspendió la aspersión aérea, citando las alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advertían que el herbicida glifosato es “probablemente carcinógeno para los humanos”. Dos años más tarde, la Corte Constitucional del país restringió el uso de aspersión de glifosato usando aviones.

VEA TAMBIÉN: Erradicadores de coca de Colombia exentos del confinamiento por coronavirus

El presidente Iván Duque ha intentado revertir esa decisión ante el récord de sembrados de coca y producción de cocaína. En 2019, la corte estipuló que podría retomarse la aspersión aérea, pero antes debían cumplirse varias condiciones para reducir los riesgos a la salud y los daños ambientales.

En respuesta, el gobierno colombiano lanzó un plan de manejo ambiental para un programa de erradicación aérea. El Ministerio de Defensa ha anunciado que planea reiniciar las fumigaciones aéreas con el herbicida en abril de 2021.

Análisis de InSight Crime

La administración del presidente Joe Biden aún no adopta una posición frente al controvertido tema de la aspersión aérea en Colombia, pero la Casa Blanca tendrá que tomar una posición debido a las opiniones contradictorias dentro del mismo gobierno estadounidense.

En diciembre de 2020, la Comisión de Política de Drogas para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes estadounidense divulgó un informe que cuestiona la efectividad de la aspersión aérea. Los cocaleros, que muchas veces se ven sin otras alternativas viables, simplemente replantan en otro lugar, según el informe. Algunos expertos señalan que las tasas de transplantado son hasta de 70 por ciento.

El informe anota que las iniciativas de interdicción aérea podrían acarrear un costo importante, incluidos riesgos de salud para las comunidades cocaleras, daños ambientales y efectos adversos para la seguridad alimentaria, además de posible descontento social.

Por otro lado, eso también indica que la fumigación aérea también socava la legitimidad del Estado en comunidades rurales distantes en Colombia. Según un experto citado en el informe, “los campesinos solo encuentran al Estado en la forma de un avión rociando herbicidas”. Por ejemplo, las regiones cocaleras muchas veces carecen de servicios gubernamentales básicos, como infraestructura de carreteras, seguridad alimentaria, fuerzas de policía efectiva, e inversiones en programas de educación, salud y desarrollo socioeconómico.  

VEA TAMBIÉN: GameChangers 2020: Estrategia contradictoria de EE. UU. hacia crimen en América Latina

Según funcionarios de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), citados en el reciente informe de la Comisión sobre Política de Drogas, la fumigación aérea sería efectiva en sembrados de coca de “tamaño industrial” lejos de las comunidades asentadas y en zonas donde las cuadrillas de erradicación manual están en riesgo de ataques.

Aun así, el informe concluye que “la fumigación aérea a la escala del Plan Colombia es imposible hoy en día, aun dado el caso de que el gobierno logre superar las trabas legales, financieras y políticas para reanudar el programa”.

Durante los pasados cuatro años, la administración Trump presionó al gobierno colombiano para que reanudara sus programas de erradicación aérea, primero mediante amenazas de decertificación del país y recortes de ayuda si el gobierno no hacía avances sustanciales en la reducción de los cultivos de coca.

Aunque la Casa Blanca aún no anuncia una postura definida sobre la fumigación aérea, Biden anteriormente se vanaglorió de sus años de experiencia en Latinoamérica y su apoyo al Plan Colombia —el multimillonario programa de asistencia estadounidense para combatir la narcoinsurgencia que inció los ataques aéreos a los cultivos de coca. En 2000, mientras era senador, Biden redactó un proyecto de ley respaldando el Plan Colombia, donde aseguraba que la erradicación aérea era clave para la estrategia de control antinarcóticos de Estados Unidos en la región.

Pero miembros del mismo partido de Biden ya han intentado poner límites al apoyo estadounidense a la aspersión aérea. En julio de 2020, la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata en  representación de Nueva York, propuso una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal de 2021, donde se prohibía usar dinero de Estados Unidos para la erradicación aérea en cualquier forma que violara las leyes y regulaciones locales y nacionales.

La Cámara de Representantes, bajo control demócrata, aprobó el proyecto de ley con la enmienda propuesta (Sec. 1299B). Sin embargo, esta fue retirada de la versión aprobada por el Senado, controlado por los republicanos, y no se incluyó en la versión final de la ley NDAA, sancionada en enero de 2021.

Varios expertos de organizaciones sin ánimo de lucro y centros de pensamiento han aconsejado a Estados Unidos que no presione a Colombia para que reanude la erradicación aérea. “En lugar de presionar a Colombia para que fumigue, Estados Unidos debería invitar al presidente Duque a que deje de aplicar el paso tortuga en la implementación de los acuerdos de paz de 2016”, declaró Gimena Sánchez-Garzoli, Directora para los Andes en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)".

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