En una muestra de los avances en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, las Fuerzas Armadas Venezolanas iniciaron una serie de operaciones orientadas a garantizar la seguridad de la frontera entre ambos países. Sin embargo, los retos que presenta la criminalidad en la frontera requerirán de más esfuerzos.
El 30 de noviembre, el comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, anunció el despliegue de unidades militares encargadas del patrullaje en los pasos informales, también conocidos como “trochas”, de los estados de Apure y Táchira.
El despliegue ocurre meses después de que Gustavo Petro asumió el cargo de presidente de Colombia, y se comprometió a reconstruir los lazos con Venezuela.
Al asumir la presidencia de Colombia en agosto de 2022, Gustavo Petro se comprometió a reconstruir los lazos con Venezuela luego de años de una fría relación entre los gobiernos de ambos países. El compromiso de ambos gobiernos quedó sellado con la reapertura oficial de la frontera entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander en septiembre.
La escala del desafío de seguridad que enfrenta la Fuerza Armada en la frontera es enorme. Por décadas, los más de 2 mil kilómetros que separan a los dos países, han sido el hogar de poderosos grupos criminales. Durante los últimos años, las fuerzas de seguridad y gobernantes venezolanos en la frontera han tolerado estos grupos, y en algunos casos, han generado alianzas directas con ellos.
La situación empeoró en 2015, cuando el cierre de la frontera permitió que un amplio número de grupos y diversas economías criminales proliferaran en la zona. La ausencia de pasos formales llevó a los habitantes de la frontera, y a los migrantes que cruzan por ella, a recurrir a las trochas, donde los grupos criminales establecieron cobros por el paso de personas y mercancías.
A continuación, InSight Crime presenta una radiografía de las dinámicas criminales en cada estado fronterizo.
Zulia, el ecosistema de guerrillas y bandas criminales
Al norte de la frontera se ubica Zulia. En el norte del estado su frontera con el departamento de La Guajira, Colombia, es el segundo paso migratorio más importante.
El desierto imponente en el norte facilita el cruce de migrantes irregulares y víveres de contrabando incluido el combustible, a través de pasos informales o trochas. Al sur, domina la producción y tránsito de cocaína.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia del Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla colombiana desmovilizada en 2016, se disputan el narcotráfico. Mientras que las mafias conformadas por indígenas Wayuu, que viven en ambos lados de la frontera, con apoyo del ELN se han encargado de regular el paso por las trochas. Ambas actividades son facilitadas por algunos miembros de los cuerpos de seguridad que cobran una cuota para permitir el flujo de las mercancías, según testimonio de habitantes de la zona entrevistados por InSight Crime.
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El rol de los grupos criminales ha ido más allá de controlar rentas ilícitas. El control social que ejercen en varias comunidades y la aceptación de la población les permitió construir una red de apoyo que los pone en ventaja frente a la Fuerza Armada. Algunos habitantes consideran al ELN como un ejército de verdad y no un grupo criminal.
Táchira, punto comercial hogar del ELN
Con tres puentes internacional, Táchira es el estado de mayor actividad comercial con Colombia y el principal paso migratorio.
A pesar del cierre de la frontera en 2008, el estado conservó este estatus, aunque el movimiento de bienes, desde alimentos hasta medicamentos, y personas continua a través de los más de 250 pasos informales. Por las trochas también se transportan drogas.
EL ELN cobra por el paso de personas y contrabando. Supuestamente hay participación de miembros de seguridad y algunos políticos que se benefician de estos cobros. La guerrilla tiene presencia en 14 de los 29 municipios del estado, según investigaciones de InSight Crime. Así como en Zulia, la guerrilla estableció su gobernanza criminal, convirtiéndola en la dueña de la frontera.
También se convirtió en un aliado político y militar de las autoridades. Supuestamente, intervino en las elecciones regional de 2021 a favor de Freddy Bernal, coordinó acciones con cuerpos de seguridad contra grupos criminales rivales y tiene contacto directo con alcaldes municipales.
El Tren de Aragua, la banda criminal más poderosa de Venezuela, está desafiando la hegemonía del ELN. Llegó a la frontera y su sed de apoderarse de las trochas ha incrementado los niveles de violencia.
Apure, el microcosmos del crimen organizado
Apure se encuentra al suroeste de la frontera. Sus vastas planicies y su economía basada en la producción agropecuaria lo hacen el estado llanero por excelencia. La crisis económica afectó considerablemente la ganadería, una tragedia aprovechada por grupos criminales colombianos.
Al sur del estado, las planicies son utilizadas para la construcción de pistas clandestinas utilizadas para el despacho de avionetas cargadas con cocaína que salen hacia Centro América. Investigaciones de InSight Crime también confirman que hay producción incipiente de cocaína. Mientras que al norte el contrabando reina, sobre todo de gasolina y ganado.
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Desde el 2000, época en que Hugo Chávez vio un aliado en las guerrillas, Apure se convirtió en una de las principales bases operativas del ELN y las FARC. Después de una guerra entre grupos disidentes de las Ex FARc Mafia y el ELN en 2022, el ELN se convirtió en el actor dominante del estado. Además de controlar las dos economías criminales es la autoridad de facto imponiendo sus reglas y normas sociales.
El estado también es hogar de las Fuerzas Bolivarianas de liberación (FBL), la guerrilla venezolana. Aunque su presencia mas fuerte se concentra en La Gabarra, un pequeño poblado en el municipio, Páez, tienen la capacidad de poner en jaque al ELN por sus conexiones con políticos y militares.
Amazonas, la selva que resguarda a grupos criminales colombianos
Amazonas es el último estado de la frontera. La selva, sus yacimientos de oro y los ríos han sido el principal atractivo para el ELN y el Frente Acacio Medina, una de las disidencias de las FARC más poderosas.
El Parque Nacional Yapacana, ubicado en San Fernando de Atabapo, capital del estado, es el paraíso de la minería ilícita, según reportó InSight Crime. Al norte del estado predomina el tránsito de la cocaína que se dirige hacia Brasil. Sus autopistas fluviales y los escasos controles de los cuerpos de seguridad garantizan el flujo del oro blanco y el contrabando de víveres especialmente la gasolina.
El Frente Acacio Medina se ha encargado de explotar y regular la minería ilegal en el sur del estado mientras que el ELN, se ha asentado en el norte. Ambos imponen sus reglas de conducta, aunque, a diferencia de los otros estados fronterizos, han encontrado resistencia por parte de comunidades indígenas.
Las relaciones entre guerrillas, políticos y militares en este estado son de vieja data. Chávez, le otorgó el cuidado de Yapacana a las FARC, según un periodista de la zona en entrevista con InSight Crime. En la actualidad el botín del cerro es repartido entre cuerpos de seguridad, el Frente Acacio Medina y el ELN, de acuerdo con representantes de comunidades indígenas.
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