El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, y su Partido Colorado se alzaron con la victoria en las elecciones del 30 de abril, pero sus vínculos con supuestas redes de corrupción hacen poco probable que lleven a cabo reformas que podrían perjudicar los intereses de sus aliados.
Con el recuento de más del 99% de los votos del pasado domingo, Peña se aseguró la victoria sobre el candidato de la coalición opositora, Efraín Alegre, y el representante del Partido Cruzado, Paraguayo Cubas, quien tuvo una remontada tardía de los apoyos.
Además de Peña, el partido Colorado logró el control de ambas cámaras legislativas, según los cálculos del diario paraguayo ABC. El partido también ganó dos gobernaciones más, quedando con el control de 15 de los 17 departamentos de Paraguay.
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En su discurso de victoria, Peña agradeció y abrazó a su mentor, el desacreditado expresidente Horacio Cartes, y antes de eso declaró que seguirá el consejo de Cartes durante su presidencia.
Cartes, quien fungió como presidente entre 2013 y 2018, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense por corrupción junto con el vicepresidente saliente del partido Colorado, Hugo Velázquez.
Análisis de InSight Crime
La victoria del partido Colorado y la cercanía de Sebastián Peña con Cartes diluyen las esperanzas de que se hagan avances importantes contra la corrupción, a pesar de los renovados esfuerzos. A su vez, los problemas crónicos de Paraguay con el crimen organizado no muestran visos de cambio.
Emiliano Rolón Fernández asumió como nuevo fiscal general de Paraguay el pasado marzo y desde entonces ha desempolvado casos anteriores y abrió investigaciones contra Cartes y Velázquez. El nuevo fiscal operará con mayor autonomía y autoridad que sus predecesores en el cargo, lo que puede dar pie al optimismo.
Pero con un mayor control del que el partido Colorado ya tenía sobre el gobierno, es muy probable que las investigaciones enfrenten muchos obstáculos.
“[La lucha contra la corrupción] demanda décadas de trabajo y un gran compromiso social que es difícil de lograr sin un cambio en el poder”, como le explicó a InSight Crime el director ejecutivo de la organización anticorrupción paraguaya reAcción, David Riveros García.
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Aparte de las sanciones de Estados Unidos, Cartes enfrenta una cantidad de otras acusaciones criminales. Se han señalado nexos suyos con lavado de dinero y narcotráfico, fue sindicado de ser la cabeza de una red de contrabando de cigarrillos, y de trabajar con la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital o PCC), cuya presencia en Paraguay se ha consolidado.
Con todo, a pesar de que las actividades delictivas de Cartes fueran un secreto a voces, la ex fiscal general Sandra Quiñones nunca presentó cargos en su contra.
Esta sensación de impunidad parece haberse contagiado a otras élites. Varios legisladores del partido Colorado han sido vinculados a delitos de tráfico internacional de cocaína en conexión con el Comando Rojo (Comando Vermelho), de Brasil, el clan Insfrán, de Paraguay, y el traficante uruguayo Sebastián Marset.
La corrupción no se limita al partido Colorado. Se supo que una red de agentes de aduanas dejaba pasar libremente a contrabandistas de un lado a otro de la frontera. Asimismo, se demostró que la Marina paraguaya ayudó a contrabandistas, y que municiones producidas con exclusividad para las fuerzas armadas llegaron a manos de delincuentes.
Intentos anteriores de aplastar la corrupción se han visto obstruidos. Por ejemplo, el exministro del interior Arnaldo Giuzzio investigó al entonces presidente Cartes por contrabando de cigarrillos y lavado de dinero. Pero poco después de presentar sus hallazgos, Giuzzio fue destituido por presuntos nexos con un narco brasileño. Cabe anotar que Giuzzio no ha sido acusado de ningún delito.
Con pocos cambios en el panorama político de Paraguay, es de esperarse que los problemas del país con el crimen organizado se mantengan invariables. Miembros de la élite política, como Cartes, están involucrados en monumentales redes de contrabando de cigarrillos, mientras que el cultivo de marihuana se mantiene sin impedimentos a pesar de las iniciativas internacionales en su contra. El PCC, que participa en el cultivo de marihuana y está implicado en los colosales volúmenes de cocaína que pasan por el país, perpetra asesinatos selectivos contra agentes del Estado. A pesar de los intentos por desarticular la organización, Paraguay carece de la capacidad estatal para desmantelar las operaciones transnacionales del PCC.
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