El máximo tribunal de Guatemala suspendió la oficialización de las elecciones presidenciales debido a un nuevo intento de las redes de corrupción de las élites nacionales de aferrarse al poder político.
La revisión de la primera vuelta de votaciones comenzó el 4 de julio, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala fallara a favor de nueve partidos políticos que apelaron los resultados de la primera vuelta, aduciendo posibles irregularidades.
Entre los denunciantes se encontraba Vamos, el partido del presidente Alejandro Giammattei; Valor, cuya candidata Zury Ríos es hija del exdictador Efraín Ríos Montt, e incluso la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuya candidata, Sandra Torres, salió victoriosa en la primera vuelta.
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Estos partidos, y otros, hacen parte de una alianza política que rodea al gobierno de Giammattei y que, mediante un quid pro quo, busca garantizar que el poder y la influencia permanezcan en manos de sus aliados.
Ninguno de los partidos impugnó la votación en la noche de las elecciones.
Los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tienen ahora hasta cinco días para revisar los escrutinios de la primera vuelta de votaciones. Si las autoridades electorales encuentran irregularidades que pudieran haber afectado los resultados de la votación, se podrían anular los resultados de la primera vuelta.
La suspensión de la oficialización de los resultados, y el proceso en torno a ella, han causado alarma internacional.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, emitió un comunicado en el que advierte que “sabotear las elecciones del 25 de junio sería una grave amenaza para la democracia, con profundas implicaciones”.
Blinken respalda las conclusiones de numerosas organizaciones de derechos humanos, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA), que informó que el resultado de las elecciones había sido verificado por observadores nacionales e internacionales, entre ellos representantes de los partidos políticos que ahora cuestionan las votaciones.
No había “ninguna razón para sospechar la existencia de irregularidades”, se lee en el informe.
La OEA cuestionó el papel de la CC en el fallo, señalando que la ley guatemalteca dicta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decide los casos electorales. También señaló que las audiencias de revisión deben realizarse a más tardar cinco días después de las votaciones.
“Promover una narrativa de fraude sin apoyo probatorio socava la voluntad del pueblo y la institucionalidad democrática”, señala el organismo.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad se produjo seis días después de que Bernardo Arévalo sorprendiera con un 11,8% de los votos. Si los resultados se mantienen, Arévalo, del partido de centroizquierda Movimiento Semilla, avanzará a la segunda vuelta el 20 de agosto contra la candidata presidencial Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien repite como aspirante en estas elecciones y obtuvo el 15,8% de los votos.
Arévalo venció a los candidatos de varios de los partidos que están impugnando los resultados. Entre ellos se encuentra Manuel Conde, candidato por el partido Vamos, al que pertenece el presidente Alejandro Giammattei, así como a los favoritos de la etapa preelectoral, Zury Ríos (Valor) y Edmond Mulet (Cabal), todos los cuales hacen parte del establecimiento político conservador del país.
Análisis de InSight Crime
La suspensión de la oficialización es un nuevo ejemplo de que las redes de corrupción de las élites guatemaltecas están aprovechando su control del sistema judicial para intentar rescatar unas votaciones en las que fueron rechazadas rotundamente por el electorado. Si lo logran, podrían asestar un golpe fatal a la democracia del país.
Durante la presidencia de Alejandro Giammattei, los bloques de la élite política corrupta han fortalecido la influencia que han ejercido durante décadas sobre los poderes judicial y político de Guatemala. La administración Giammattei ha aprovechado el poder ejecutivo para realizar alianzas con muchos de los partidos que ahora impugnan los resultados de las votaciones. Estos grupos han puesto aliados en el sector judicial, incluso en la CC, en la que ahora cifran sus esperanzas de aferrarse al poder político.
Entre los aliados que estos grupos tienen en la CC se encuentran Leyla Lemus, exsecretaria privada de Giammattei, quien se posicionó como magistrada permanente en la CC en 2019, y Roberto Molina Barreto, excompañero de fórmula de Zury Ríos. En 2021, la CC falló a favor de Sandra Torres, del UNE, y decidió no enjuiciarla por no registrar ciertas contribuciones de campaña en 2015.
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La Corte de Constitucionalidad es la que más está afectando las elecciones libres en Guatemala, le dijo a InSight Crime el director jurídico del capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Edie Cux.
“El pueblo está descontento. El derecho a elegir está siendo cuestionado porque los partidos que están en connivencia con el sistema de justicia no están de acuerdo con los resultados”, señala Cux.
Esta suspensión es el más reciente acto de corrupción de una serie de dudosas movidas mediante las cuales los bloques políticos han tratado de impulsar sus intereses criminales.
Antes de las elecciones, los tribunales descalificaron a varios importantes candidatos no alineados con la administración actual. En mayo, la CC puso fin a la carrera presidencial de Carlos Pineda Sosa, candidato de Prosperidad Ciudadana, así como del resto de los candidatos del partido que aspiraban al Congreso y a varias alcaldías. En ese momento, Pineda encabezaba las encuestas gracias al masivo apoyo que obtuvo mediante su abierto rechazo a las élites gobernantes, expresado en las redes sociales.
La Corte también retiró de la contienda electoral a la candidata izquierdista Thelma Cabrera, del Movimiento de la Liberación de los Pueblos (MLP), y al populista Roberto Arzú, del partido Podemos.
Las autoridades electorales también han enfrentado acusaciones de corrupción. Tres días antes de las elecciones, The New York Times publicó un informe en el que se afirmaba que el aliado más cercano de Giammattei, Miguel Martínez, había intentado sobornar este año a Blanca Alfaro, una jueza del TSE. Alfaro expresó su rechazo por lo afirmado en ese artículo.
La situación en Guatemala es preocupante, como dijo Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en comunicación con InSight Crime.
¿Qué sucede en un país donde quienes ostentan el poder no pueden ser llamados a rendir cuenta por la comunidad internacional o los ciudadanos [del país]?”, se preguntó Méndez. “El gobierno de Guatemala ha olvidado que la soberanía la ejerce el pueblo”.
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