Una investigación sobre corrupción revelada a principios de esta semana ofrece una rara oportunidad para que México se enfrente a un presunto caso de soborno entre los más altos niveles del gobierno y las empresas nacionales e internacionales.
El 24 de mayo, Animal Político reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a una serie de políticos, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), de formar una red criminal entre 2013 y 2014.
El propósito de esta asociación fue canalizar casi 100 millones de pesos mexicanos (alrededor de US$5 millones) en sobornos a diversos legisladores de la Cámara Alta considerados como clave para facilitar la aprobación de la Reforma Energética, uno de los estandartes del gobierno de Peña Nieto. La constructora brasileña Odebrecht proporcionó los fondos del soborno, según documentos presentados por fiscales en una audiencia judicial a puerta cerrada, a los que tuvo acceso Animal Político.
Algunos de los beneficiados de este esquema, según la FGR, aparte de Peña Nieto, son Ricardo Anaya –quien también fue candidato a la presidencia en 2018–, el exsecretario de Relaciones Internacionales, Luis Videgaray, y el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca –quien además se enfrenta a otras investigaciones por nexos con el crimen organizado.
Los documentos obtenidos por Animal Político sostienen que Videgaray, siguiendo las instrucciones de Peña Nieto, ordenaba al entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, a que se canalizara dinero proveniente de la constructora brasileña al grupo de legisladores. Esto se hizo a través de transacciones que Odebrecht hacía a empresas fantasma, de las que subsecuentemente se cobraba el dinero en efectivo para entregarlo a los legisladores.
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Lozoya fue arrestado en febrero de 2020 y dijo a los fiscales en agosto pasado que Peña Nieto y Videgaray también habían utilizado sobornos de Odebrecht para financiar la campaña de reelección de 2012.
Según Animal Político, las pruebas de la FGR vienen de declaraciones que realizaron Lozoya, directivos de Odebrecht y cuatro personas que participaron o tenían conocimiento sobre los sobornos.
Desde 2014, las investigaciones en América Latina han descubierto cómo Odebrecht sistemáticamente sobornó a líderes políticos, incluyendo presidentes, con el fin de ganar contratos de obras públicas.
Análisis de InSight Crime
Si bien el nombre de Peña Nieto ha sido mencionado durante mucho tiempo en relación con el escándalo de Odebrecht, hacer que la FGR lo acuse directamente de corrupción es una escalada significativa, marcando un caso raro donde las acciones legales han apuntado a los niveles más altos del poder político.
Las acusaciones contra estas figuras políticas son parte de una investigación más amplia sobre corrupción y lavado de dinero relacionado a las operaciones que tuvo la constructora Odebrecht en México. El principal blanco de las investigaciones ha sido Emilio Lozoya, a quien los directivos de Odebrecht acusaron de recibir US$10 millones en sobornos para asegurar contratos con Pemex.
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Tras su captura, Lozoya llegó a un acuerdo para colaborar con las autoridades en la investigación y proporcionar nombres, testigos y evidencia de cómo se organizaron los distintos esquemas, incluyendo el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Peña Nieto en 2012. Su cooperación fue vista como clave para la investigación de Odebrecht en México.
Desde 2016, cuando estalló el escándalo de Odebrecht a nivel internacional, los esfuerzos judiciales al respecto en México estuvieron estancados mientras que avanzaban en otros países de Latinoamérica.
Por ejemplo, según el diario El Universal, los testimonios de Lozoya llevaron a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la FGR investigue las cuentas de los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Carlos Salinas (1988-1994), así como de otros altos exfuncionarios de la administración de Peña Nieto. Sin embargo, hasta ahora no se les ha acusado o vinculado a proceso.
El único político relacionado con este caso hasta el momento es Jorge Luis Lavalle, un exsenador detenido en abril de 2021 bajo la sospecha de haber sido parte del plan de soborno de Lozoya. Queda por ver si otros altos funcionarios también serán derribados.
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