La Agencia de Aduanas de Haití decomisó una cantidad colosal de munición importada ilegalmente el mismo día en que reemplazó a su director por sospecha de tráfico de armamento, un indicio de los problemas de la nación caribeña para combatir el tráfico de armas.
El 1 de julio, las autoridades de aduanas y de policía interceptaron cerca de 120.000 proyectiles a bordo de un buque de contenedores en el embarcadero de Port-au-Paix. El cargamento ilegal que procedía del estado de Florida, en Estados Unidos, se componía casi en su totalidad de balas y cargadores para rifles de asalto de grueso calibre.
La policía emitió órdenes de captura para tres personas, una de las cuales había sido presuntamente detenida y posteriormente liberada el año pasado por cargos de tráfico de armas, según el medio informativo haitiano Le Nouvelliste, citando a altos mandos de la fuerza pública.
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El operativo se ejecutó el mismo día que el gobierno haitiano designaba un nuevo director y encargado de Aduanas, en reemplazo del anterior jefe del ente, el señor Rommel Bell. Desde mayo, la Unidad de Lucha contra la Corrupción de Haití (Unité de lutte contre la corruption, ULLC) investigaba a Bell.
Las acusaciones en su contra al parecer se derivan de denuncias de tráfico de armas, algo que él ha negado de manera vehemente, según los pronunciamientos suyos y del sindicato de aduanas.
El 20 de mayo, la ULCC allanó el edificio de aduanas y prohibió inicialmente el acceso del personal a computadores y archivos. Pero el 24 de mayo se revirtió la medida, después de que el sindicato de aduanas anunció una huelga del departamento que cerraría los controles portuarios en retaliación por el secuestro de los equipos y la información.
Análisis de InSight Crime
Aunque el contrabando de armamento entre Estados Unidos y Haití es un fenómeno bien conocido, la actual debacle del ente aduanero de Haití toca varios acontecimientos importantes ocurridos en el marco de la crisis de seguridad que vive el país.
En primer lugar, la presunta participación de las instituciones de gobierno en la provisión de armas a las pandillas. La policía haitiana se ha visto implicada en la importación ilegal de armamento anteriormente, y se rumora que la actual administración del partido Tèt Kale (PHTK) entregó en varias ocasiones armas y vehículos a líderes de la alianza de pandillas “G9 y Familia” (G9 an famni o G9).
Después del allanamiento al edificio de aduanas, el director de una connotada oenegé haitiana llenó titulares con su declaración al medio Alterpresse sobre armas ilegales autorizadas por el Estado que arriban de manera regular a muelles públicos y privados en Puerto Príncipe, y los agentes de aduanas que los incautan se arriesgan a ser sancionados.
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“La situación se ha agudizado bajo la coordinación de Rommel Bell […] el Estado haitiano, mediante las oficinas de aduanas, es el mayor proveedor de armas y municiones para los grupos armados, en especial la federación G9”, declaró a finales de mayo.
En segundo lugar, y relacionado con el punto anterior, la acuciante necesidad de las pandillas de Puerto Príncipe de un flujo constante de balas. En muchos lugares de Estados Unidos se vive actualmente una escasez de municiones, entre ellos el estado de la Florida, uno de los principales centros de exportación de armas ilegales hacia Latinoamérica y el Caribe.
Esto ha llevado al aumento de los precios de las municiones, pero con la escalada de los enfrentamientos en todo Puerto Príncipe, en especial en Croix-des-Missions y Martissant, los grupos criminales haitianos no pueden darse el lujo de contar cartuchos. Por esa razón, incluso se ha planteado la posibilidad de que la invasión al Palacio de Justicia que se vivió en junio tenía el simple propósito de hacerse a un dinero para abastecerse de municiones.
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