Una audaz fuga de prisión en el centro de México tuvo como objetivo la liberación del líder de un grupo de huachicoleo relativamente modesto, una muestra de la importancia de esta economía criminal en varias partes del país.
En las primeras horas del 1 de diciembre, un grupo armado atacó el Centro de Readaptacion Social (CERESO), de Tula, prendiendo fuego a un vehículo que se encontraba afuera de la prisión y a otros dos más en las inmediaciones del lugar.
Los hombres sacaron de prisión a nueve personas, entre quienes se contaba José Artemio Maldonado Mejía, alias “El Michoacano”, líder de la organización criminal Pueblos Unidos. La banda usó un camión para embestir las puertas del complejo, forzar a los guardias a liberar a los reclusos y luego activó varias bombas en vehículos cercanos como distracción, según Vice. En medio del cruce de disparos entre las autoridades y los perpetradores, salieron heridos varios agentes de policía. Parece que no hay relación entre este grupo y otro conocido como Pueblos Unidos, un ejército comunitario de Michoacán que dice enfrentar el crimen organizado.
Maldonado había sido detenido en el estado de México solo cinco días antes del asalto por cargos de homicidio y secuestro. Según información de los medios, esta organización ha extendido sus tentáculos por seis municipios de Hidalgo, así como en varias localidades de los estados de Querétaro y Michoacán.
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El grupo Pueblos Unidos de Hidalgo se dedica al huachicoleo o robo de combustible en ese mismo estado Hidalgo, aunque también incursiona en el secuestro. Conocidos localmente como “huachicoleros”, atacan los oleoductos de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Frenar esta práctica ha sido una prioridad en materia de seguridad para el presidente Andrés Manuel López Obrador desde 2018. Con ese fin, el gobierno ha destinado recursos militares para brindar seguridad a los oleoductos de Pemex y las rutas de transporte de combustible.
Análisis de InSight Crime
Este último incidente en Hidalgo apunta al poder continuado de los grupos huachicoleros incluso en medio de una campaña masiva del gobierno para frenar la práctica. Pese a cierto grado de éxito contra el huachicoleo en todo el territorio nacional, Hidalgo presenta los índices más altos en este renglón en el país por tres años consecutivos.
La refinería de Tula en Hidalgo, una de las ocho del país y la infraestructura y la red de oleoductos conectados a ella la convierten en un blanco conveniente para los huachicoleros. En el primer trimestre de 2021, Hidalgo registró 1.151 puntos de extracción ilegal en las instalaciones, lo que equivale a casi una cada dos horas, según Proceso. El personal de la refinería fue detenido a comienzos de este año por participar en las redes de robo de combustible.
Es común que grupos más pequeños, como Pueblos Unidos compitan con los intereses de los carteles más grandes de México, como el Cartel Jalisco Nueva Generación – (CJNG) o los Zetas Vieja Escuela, quienes también se dedican al huachicoleo en Hidalgo.
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El robo de combustible ha sido una de las manzanas de la discordia en gran parte del conflicto que ha ocurrido en el centro de México recientemente. Una organización en este sector, el Cartel Santa Rosa de Lima (CSRL), llegó a ser una fuerza importante en el estado de Guanajuato, centro del país. El CSRL gozaba de conexiones de alto nivel con funcionarios corruptos de Pemex y controlaba zonas estratégicas para la actividad en el estado, lo que les dio el poder suficiente para llegar a desafiar al CJNG.
Pero las disputas que siguieron entre los dos grupos convirtieron a Guanajuato en el estado con la mayor tasa de homicidios del país. Aunque actualmente el CSRL está casi totalmente desmantelado como grupo, Guanajuato no se ha recuperado y la violencia que envuelve a los homólogos de Pueblos Unidos es un riesgo constante para otras regiones de México.
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