Una investigación en torno a docenas de integrantes de Barrio 18 en El Salvador, y el subsiguiente juicio, han demostrado que la pandilla conspiró con vendedores ambulantes para desviar dineros destinados a ofrecer ayudas durante la pandemia, lo que pone de manifiesto la infiltración de los pandilleros en el sector informal para obtener ganancias financieras.
Los miembros de Barrio 18, la segunda pandilla callejera más grande del país, presuntamente colaboraron con la líder de una asociación de vendedores ambulantes del centro de San Salvador para apoderarse de unos US$15.000 de dineros públicos que estaban destinados a las familias afectadas por los confinamientos a causa del coronavirus, como señalan informes de prensa local con base en documentos de la Fiscalía General de El Salvador, así como declaraciones de testigos durante un juicio contra la red criminal, que se llevó a cabo a finales de febrero.
El gobierno de El Salvador anunció el fondo de ayudas a principios de 2020, tras el inicio de la pandemia por coronavirus, que condujo a estrictas cuarentenas. Según un comunicado del gobierno, ese año el bono de US$300 le fue entregado a más de un millón de familias.
Durante este caso, la Fiscalía General de la República ha acusado a más de 40 personas de lavado de dinero, extorsión y otros delitos; entre los acusados se encuentran docenas de pandilleros y vendedores informales.
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Los investigadores del gobierno sostuvieron ante la corte que Norma Aguirre, líder de la asociación, acusada de extorsión y lavado de dinero, en conjunto con la pandilla compiló una lista de miembros de Barrio 18 que se hicieron pasar por vendedores, con el fin de recibir ayudas del gobierno durante la pandemia. Dichos bonos también se les ofrecían a quienes habían perdido sus empleos de manera temporal o permanente, lo cual incluía a los vendedores callejeros afectados por el cierre de los mercados. Según cámaras de vigilancia y declaraciones de testigos incluidas en la acusación de la Fiscalía General, la mencionada lista le fue entregada al Ministerio del Trabajo con el objetivo de que los dineros fueran asignados.
Los fiscales también presentaron llamadas telefónicas interceptadas, en las que Aguirre y miembros de Barrio 18 al parecer planearon usar los puestos de vendedores de San Salvador como fachada para recibir los fondos destinados para hacer frente a la pandemia.
“Nosotros tenemos puestos”, le dice un presunto miembro de Barrio 18 a Aguirre en una de las conversaciones. “Si son 25 puestos, entonces nos va a llegar US$300 por cada uno”.
Un investigador del gobierno testificó que Aguirre coordinó los pagos con un funcionario del Ministerio de Trabajo. En las llamadas intervenidas, la líder de la asociación también mencionó por su nombre al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Rolando Castro, según las pruebas presentadas en la acusación formal.
“Si acaso no nos saliera nada esta semana, me voy con todos los poderes a tocar las paredes; ahí está [un socio] con el listado y está viendo lo que le mandé a Rolando Castro”, les dijo Aguirre a unos presuntos miembros de Barrio 18 en la misma llamada interceptada.
Castro ha negado que hubiera tenido vínculos con el esquema, y afirma en un informe de El Diario de Hoy que el Ministerio de Trabajo no está involucrado en la distribución de fondos de ayuda para la pandemia. Los fiscales no han acusado a ningún funcionario público en el caso.
El año pasado, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Castro en una lista negra por presuntamente obstruir las investigaciones sobre corrupción y por otras conductas indebidas.
Análisis de InSight Crime
La supuesta asociación entre Barrio 18 y los vendedores ambulantes pone de relieve el hecho de que las pandillas de El Salvador han usurpado constantemente este sector informal para extender su influencia política y sus economías criminales.
Tanto Barrio 18 como la MS13 se han aprovechado durante mucho tiempo de los vendedores ambulantes para obtener importantes ingresos mediante extorsiones, al igual que en los crecientes mercados informales del Centro Histórico de San Salvador. Pero con el tiempo, las pandillas se han infiltrado en las asociaciones de vendedores, poniendo a sus aliados en los cargos superiores de dichas sociedades, o asociándose con líderes como Aguirre.
En muchos casos, las asociaciones de vendedores ya manejan las redes de extorsión de las pandillas. Este es el caso de la organización de Aguirre, que supuestamente les cobraba rentas a los vendedores informales a instancias de Barrio 18, según un funcionario de la Fiscalía General de la República.
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Pero además de las extorsiones, las asociaciones de vendedores también les ofrecen a las pandillas conexiones con funcionarios del gobierno. En 2015 y 2016, los líderes de dichas asociaciones se convirtieron en interlocutores clave entre las pandillas y los funcionarios de la ciudad de San Salvador durante la administración del entonces alcalde Nayib Bukele, quien ahora es el presidente del país. Dichas negociaciones se hicieron con el fin de revitalizar el Centro Histórico de la ciudad, como lo constata una investigación de InSight Crime. Por su parte, las pandillas pudieron aumentar su control sobre la economía informal del centro de la ciudad.
Uno de los interlocutores involucrados en el proceso de reubicación de los espacios del centro fue acusado más tarde de transmitir mensajes entre líderes de la MS13 encarcelados y pandilleros en el centro de San Salvador, lo que pone de relieve la difusa relación entre pandillas y vendedores. Las llamadas telefónicas interceptadas en el caso en mención también revelaron que los pandilleros contactaron a la líder de la asociación con el fin de posicionar a sus aliados como líderes de los vendedores, como consta en los archivos del caso obtenidos por InSight Crime en otra investigación.
La infiltración constante de las asociaciones de vendedores es parte de una tendencia de vieja data, mediante la cual Barrio 18 y la MS13 aprovechan su influencia política para llegar a acuerdos con funcionarios estatales, expandir sus portafolios criminales y consolidar el control territorial en todo el país.
Las pandillas también han aprovechado las conexiones con el gobierno durante la pandemia de coronavirus. En algunas áreas, las pandillas administraban directamente los paquetes de ayuda estatal, lo que de paso les ayudaba a consolidar su control territorial.
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