Una serie de asesinatos de prominentes figuras públicas en Colima marca una nueva manifestación de violencia en el estado de México, que pese a tener la menor área tiene la mayor tasa de homicidios del país, un dudoso honor atribuible a la ubicación de Colima en la línea divisoria entre los territorios de los carteles más peligrosos de México.
Colima, con una población de menos de un millón de habitantes, ha encabezado el índice per cápita de homicidios en México de manera consecutiva desde 2016. En 2019, el estado registró una tasa de 96,7 asesinatos por 100.000 habitantes, superando con ventaja a Baja California, que ostentó el segundo lugar en número de homicidios, con 79,9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
En lo corrido de este año, Colima ha registrado más feminicidios que cualquier otro estado; también es uno de los cinco estados que concentran más del 50 por ciento de las fosas comunes clandestinas exhumadas durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Ese estado costero fue alguna vez considerado uno de los destinos vacacionales más seguros y deseables de México. Su tasa de homicidios a finales de 2015 era una tercera parte de lo que es hoy.
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Paralelo a este incremento de la violencia se ha venido registrando una serie de bárbaros homicidios contra líderes políticos y sociales de alto perfil en Colima.
El 16 de junio, varios sicarios dispararon más de veinte tiros que segaron las vidas de Uriel Villegas Ortiz, juez federal de Colima, y su esposa, Verónica Barajas, en la capital del estado. Villegas Ortiz había fallado varios casos relacionados con cabecillas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cartel de Sinaloa.
Dos semanas antes de ese episodio, las autoridades descubrieron el cadáver de la diputada por Colima Anel Bueno en una fosa anónima. Más de un mes atrás, un grupo de hombres armados la había secuestrado a plena luz del día cuando participaba en un evento promocional para un nuevo proyecto de saneamiento en medio de la pandemia del coronavirus.
Villegas Ortiz y Bueno son apenas dos de por lo menos una docena de figuras públicas asesinadas en Colima desde 2010, lista que incluye abogados, funcionarios de secretarías y a un exgobernador del estado.
Análisis de InSight Crime
La clave para entender la violencia en Colima es su ubicación sobre invaluables corredores de narcotráfico.
Manzanillo, la ciudad más grande y principal puerto del estado, sirve de punto de llegada para los químicos precursores procedentes de Asia y es punto de tránsito de narcóticos en rumbo a Estados Unidos, según el periodista experto en crimen organizado Óscar Balderas.
"El puerto de Manzanillo es uno de los más activos y codiciados por los carteles de la droga", comentó Balderas a InSight Crime mediante un mensaje de texto. Algunos de los mayores decomisos de cocaína de la historia mexicana se han hecho en la ciudad portuaria.
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Cuando Colima comenzó su descenso en espiral en 2016, Manzanillo también fue el centro de todo. El alza de los homicidios en aquella época se atribuyó a una disputa de poder a tres bandas entre el Cartel de Sinaloa, el CJNG y Los Zetas por las rutas de tráfico costero en Colima.
El pico de violencia pareció coincidir con remezones internos en el Cartel de Sinaloa, en un momento en que la organización enfrentaba la ausencia de su capo mayor, Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo". Esa pugna interna permitió al CJNG hacer avances en Colima, explicó Balderas.
El resultado fueron 206 homicidios en los cuatro primeros meses de 2016, por encima de los 44 en el mismo periodo de 2015.
Desde entonces, el panorama criminal de México ha presentado una fracturación continua, que ha dado origen a células más pequeñas que recurren a la violencia performativa para ganar territorio y legitimidad, un fenómeno que también se ha abierto paso hasta Colima.
Citando documentos oficiales del gabinete de seguridad del gobierno federal, en febrero de este año los medios Excelsior y Colima Noticias informaron de la presencia de al menos cuatro grupos criminales distintos en Colima.
Según esos informes, en 2019 el CJNG selló una alianza con antiguos miembros de la casi extinta Organización Arellano Félix de Tijuana, que ahora actúan como agentes armados de Jalisco en Colima bajo el nuevo nombre de Cartel Tijuana Nueva Generación (CTNG).
Al tiempo, un grupo llamado Los Troyanos, brazo armado de la Nueva Familia Michoacana, también comenzó presuntamente a operar en Colima. Y se cree que algunas fichas del Cartel de Sinaloa aún tienen presencia en la zona.
Esta fragmentación de la escena criminal choca con la inestabilidad política para arrastrar no solo a miembros de los carteles, sino también a civiles y figuras públicas, según el analista de seguridad Alejandro Hope. Colima ha votado por un partido político distinto en cada una de las tres últimas elecciones presidenciales y ha pasado por ocho gobernadores en los últimos veinte años.
“Colima ha alcanzado una especie de meseta en este altísimo nivel de violencia”, observó Hope en conversación con InSight Crime. “No es claro si se trata de violencia por el crimen organizado o de violencia política, o de una combinación de ambas”.
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