Una serie de asesinatos relacionados con pandillas en Montevideo, la capital de Uruguay, junto con la violencia en todo el país, está generando un debate sobre el supuesto éxito de las autoritarias estrategias de seguridad del gobierno para enfrentar el microtráfico en Uruguay.
Un informe del 14 de mayo indicaba que en el país se presentaron 147 asesinatos entre enero y mediados de mayo. Esto significa que en el primer semestre del año hubo un preocupante aumento del 35 por ciento interanual, y amenaza con llevar a Uruguay a un número récord de homicidios en este año.
El informe surgió pocos días después de que seis personas fueran asesinadas en el barrio Peñarol de la capital, Montevideo, en tan solo 72 horas, y varias de las cuales fueron desmembradas o incineradas, mientras que una de ellas murió por un disparo de la policía durante un tiroteo. Las autoridades creen que varios de los ataques estaban relacionados entre sí y se dieron como resultado de enfrentamientos entre expendedores de drogas callejeros.
El ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, respondió argumentando que, paradójicamente, los conflictos mostraban que estaba funcionando la política de la administración del actual presidente Luis Lacalle Pou de ir tras los traficantes de poca monta para reducir el tráfico de drogas.
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“Como hemos tenido logros en [el cierre de puntos de microtráfico en] otras áreas, los demás lugares están siendo disputados de manera mucho más violenta”, afirmó el ministro en una conferencia de prensa el 10 de mayo.
A pesar de estos supuestos logros, al día siguiente el ministro prometió “redoblar” los esfuerzos para combatir la violencia de las pandillas y se reunió con el presidente de Uruguay para solicitar fondos adicionales para aumentar el número de fiscales especializados en drogas, así como comisarías y patrullas policiales en Montevideo.
Sin contar la persona que recibió el disparo de la policía, el último asesinato representa el décimo homicidio en Peñarol en 2022. Esta cifra se acerca al récord de 15 personas asesinadas allí en 2019.
Análisis de InSight Crime
Uruguay ha sido durante mucho tiempo uno de los países más seguros de América Latina, con una de las políticas de drogas más avanzadas de la región. Sin embargo, aunque es poco probable que esta situación cambie en el corto plazo, el país ha sido testigo de cierto retroceso en ambos sentidos.
La importancia del país como punto de tránsito de la cocaína con destino a Europa ha aumentado constantemente en los últimos años, lo que ha favorecido el contexto para que los políticos de línea dura propongan políticas cinéticas y centradas en la seguridad para abordar un problema completamente diferente: los esporádicos enfrentamientos por el microtráfico que tienen lugar en los barrios marginados.
La administración de Lacalle Pou parece estar avanzando en esta dirección. En su comunicado anual de 2021, el Ministerio del Interior presentó varias tácticas de línea dura destinadas a reducir el microtráfico, como su punta de lanza en la lucha contra el narcotráfico en general.
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En 2021, las autoridades desmantelaron más de 1.150 puntos de microtráfico en Uruguay, incautaron 2,1 toneladas de marihuana y 1,1 toneladas de pasta base de cocaína, y condenaron a 1.465 personas por delitos relacionados con las drogas. También ampliaron su flota de patrullas, crearon un nuevo registro para recopilar información para combatir el microtráfico y crearon sentencias mínimas obligatorias para los microtraficantes, las cuales, según los críticos, afectan desproporcionadamente a las mujeres pobres.
Para la reciente situación se han propuesto las mismas supuestas soluciones. Las autoridades anunciaron un aumento en las patrullas, los puestos de control y la recopilación de inteligencia para interrumpir el suministro de drogas de los microtraficantes, así como la creación de una cuarta fiscalía antidrogas en Montevideo para acelerar la aprobación de redadas en los puntos de microtráfico.
Las respuestas más integrales se describen en la Estrategia Nacional de Drogas 2021-2025 de Uruguay, que establece que “la fragilidad de las comunidades afectadas por el tráfico ilícito de drogas, particularmente el microtráfico, requiere la implementación de programas de promoción y desarrollo social y económico”.
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