Varios exempleados penitenciarios despedidos en El Salvador aseguran haber sido testigos de negociaciones entre delegados del gobierno y líderes de las pandillas presos, lo que se suma a las denuncia de la presunta mediación de un pacto entre el director de prisiones del país y las pandillas callejeras.
Durante una protesta contra su destitución en el centro de San Salvador, varios empleados carcelarios aseguraron haber sido testigos de irregularidades relacionadas con las negociaciones, que incluyeron órdenes de retirar sistemas de vigilancia y no grabar el ingreso de funcionarios del gobierno en los libros de registro, informó La Prensa Gráfica. Desde octubre, se dice que unos 500 empleados del sistema penitenciario han sido destituidos sin más explicación que una breve carta de Osiris Luna, ministro encargado de justicia y director de prisiones de El Salvador, según declaró un portavoz en la protesta.
Las denuncias se conocen menos de un año después de que una investigación penal archivada vinculara a Luna con negociaciones secretas entre funcionarios de gobierno y líderes de las pandillas en diferentes prisiones. Las negociaciones supuestamente hacían parte de un pacto nacional mediante el cual las pandillas reducirían las tasas de homicidios a cambio de privilegios en la prisión y otras concesiones.
«Los están depurando [a los empleados] porque tienen miedo de que hablen la realidad de lo que ha pasado y sigue pasando en los centros penitenciarios», comentó Stanley Quinteros, vocero sindical. «Nos referimos a las negociaciones que ha tenido este gobierno con las pandillas», añadió.
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Otro representante de los empleados destituidos denunció que los funcionarios de prisiones de El Salvador llegaron incluso a llevar a hospitales a reclusos pertenecientes a las pandillas para que se reunieran con otros pandilleros.
Estas acusaciones se conocen después de que el Departamento del Tesoro estadounidense incluyera a Luna en una lista negra, en diciembre de 2021. En un comunicado, el ente gubernamental señaló a Luna de «coordinar, facilitar y organizar varias entrevistas secretas entre líderes de pandillas privados de la libertad, en la que se permitió a reconocidos pandilleros el ingreso a las instalaciones carcelarias para reunirse con la ranfla (líderes)».
Además, añadió en el comunicado que «esos encuentros hicieron parte de los esfuerzos del gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con la plana mayor de las pandillas».
Luna ha negado cualquier negociación con las pandillas, pero aún no se pronuncia sobre las nuevas acusaciones lanzadas por los empleados destituidos.
Análisis de InSight Crime
Aunque tanto Luna como el presidente de El Salvador Nayib Bukele han evitado las acusaciones del ofrecimiento de compensaciones a los líderes de pandillas presos para que reduzcan los homicidios, las declaraciones de empleados penitenciarios despedidos se suman al cúmulo de evidencia de que la administración busca cubrir sus huellas en lo que respecta a las negociaciones con las pandillas.
Las declaraciones parecen corroborar denuncias anteriores que implican a Luna en las presuntas negociaciones de las pandillas, lo cual incluye imágenes de vigilancia desde el interior de las prisiones que lo muestran al lado de hombres que llevan puestos pasamontañas, y de quienes los fiscales concluyeron posteriormente que se trataba de funcionarios de gobierno enviados a reunirse con los líderes pandilleros. Las imágenes, reveladas en primicia en una investigación realizada por el grupo de medios El Faro en 2021, reforzaron las denuncias de que Luna incumplió los protocolos de la prisión al autorizar el ingreso de visitantes no identificados para las reuniones secretas.
El reportaje también reveló la manera como los fiscales de El Salvador hallaron evidencia de que Luna ordenó que se retiraran cientos de registros y discos duros penitenciarios que documentaban las visitas no oficiales a dos centros carcelarios diferentes.
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Luna fue vinculado inicialmente a las negociaciones con las pandillas en otro reportaje de El Faro, publicado en 2020, que citaba libros de visitas de las prisiones en los que se documentaban 12 visitas del director de prisiones a diferentes cárceles, donde al parecer se reunió con pandilleros. En varias visitas, Luna presuntamente ordenó a los funcionarios penitenciarios que no escribieran los nombres completos de los visitantes que lo acompañaban.
No es la primera vez que recaen sobre Luna señalamientos de corrupción. El Departamento del Tesoro estadounidense también lo ha acusado del robo y reventa de alimentos destinados a ayudas durante la pandemia.
El Salvador ha experimentado una drástica reducción de la violencia en los últimos años con el presidente Bukele, quien suele atribuir el pronunciado descenso a su plan bandera de seguridad nacional. Pero el acopio de evidencia y las denuncias de un pacto informal con las mayores pandillas callejeras del país han restado fuerza a esas afirmaciones.