En un caso que puede tener importantes implicaciones jurídicas, un excomandante paramilitar colombiano de las temidas autodefensas de derecha en Colombia, fue acusado formalmente de haber abusado sexualmente de menores de edad.
La acusación llegó el 8 de septiembre después de varios meses de investigación contra Giraldo Serna, alias “El Taladro”, comandante del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por el presunto abuso sexual de menores de edad mientras permanecía recluido en dos cárceles en Colombia.
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"Las evidencias recaudadas por la fiscalía general de la Nación señalan que, al menos, cuatro menores de edad habrían sido instrumentalizadas e ingresadas mediante engaños a centros de reclusión ubicados en [los departamentos de] Antioquia y Atlántico donde estuvo privado de la libertad Giraldo Serna, entre febrero de 2006 y mayo de 2008”, anunció la Fiscalía colombiana.
Es importante señalar que la Fiscalía también declaró los hechos de violencia sexual perpetrados por Giraldo Serna como delitos de lesa humanidad, una declaración que puede abrir la puerta a la judicialización de otros criminales de guerra por este tipo de delitos. Otros delitos de los que se acusó al exparamilitar fueron agresión sexual violenta, trata de personas y aborto forzado.
Análisis de InSight Crime
La designación de los actos de violencia sexual perpetrados por Giraldo Serna como crímenes de lesa humanidad es relevante porque al clasificarlos como delitos de guerra, se asegura que la responsabilidad no caduque con el tiempo.
Los casos de violencia sexual por los que está siendo acusado Hernán Giraldo actualmente no serían los únicos que cometió. Conocido como el “mayor depredador” del país, Giraldo supuestamente cometió más de doscientas violaciones durante su comandancia paramilitar.
Desde la década de los ochenta hasta su desmovilización en 2006, Giraldo y sus hombres ejercieron dominio sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe colombiano, en gran parte mediante el abuso sexual sistemático de niñas y mujeres.
Hay evidencia suficiente de que Giraldo y su grupo usaron la violencia sexual como arma de guerra para controlar el territorio y perpetuar su imperio criminal, como lo documentó InSight Crime en una investigación a fondo sobre el tema.
Sin embargo, no es claro si se litigará sobre estos nuevos casos penales, pues en 2018 Giraldo fue sentenciado por este y otros delitos en los tribunales de Justicia y Paz, encargados de juzgar los crímenes cometidos por los paramilitares desmovilizados.
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Pese a todo, la decisión de la Fiscalía sienta un precedente para que este tipo de crímenes, que fueron generalizados y sistemáticos en el conflicto, puedan llevarse a juicio para otros presuntos criminales de guerra. Otras investigaciones realizadas por organismos como la Comisión de la Verdad, entidad encargada de investigar y exponer los abusos cometidos durante el conflicto, confirman el uso de la violencia sexual por parte de los actores armados.
“La Comisión pudo constatar que en el caso del paramilitarismo y sobre todo en el Caribe, Meta y Putumayo, la violencia sexual fue utilizada como una estrategia de guerra para amenazar y posteriormente vaciar el territorio y despojar. Había una intencionalidad de controlar y cooptar el territorio, para beneficio de intereses económicos y políticos, utilizando la violencia sexual”, relató a InSight Crime Alejandra Miller, Comisionada de la Verdad.
Más aún, de ser declarado culpable por estos hechos de violencia sexual cometidos tras su desmovilización de las AUC, Giraldo perdería los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, que le otorgaba penas alternativas de hasta 8 años de cárcel, y por lo tanto sería juzgado por la justicia ordinaria.
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