Un nuevo informe sostiene que la tasa de éxito de la extorsión telefónica en México va en descenso, pero la naturaleza variable de este delito dificulta demostrar dicha afirmación.
Entre 2013 y 2019, el número de empresas en México que recibieron llamadas extorsivas aumentó casi un 22 por ciento, pero los pagos totales disminuyeron más de un 15 por ciento, según una investigación recientemente publicada por México Evalúa, uno de los principales tanques de pensamiento de políticas públicas de México.
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Con énfasis en el estado norteño de Baja California, el informe analiza por qué la frecuencia de las extorsiones telefónicas ha seguido aumentando, a la vez que su nivel de éxito ha disminuido de manera consistente.
Con esto Baja California se situó como el cuarto estado mexicano con mayor extorsión en el país, pero con una tasa de éxito de solo 6 por ciento.
En los intentos de extorsión por teléfono los dueños de los negocios reciben amenazas de delincuentes, quienes exigen pagos entre 500 y 10.000 pesos (US$24-480), como lo declaró el jefe del sindicato de la industria procesadora del estado en entrevista con El Universal. Estos sistemas por lo general incluyen revelar información sensible y detalles íntimos de actividades recientes para crear la ilusión en las víctimas de que son seguidas.
Análisis de InSight Crime
Una de las economías criminales más perdurables en Latinoamérica, la extorsión telefónica, puede haber sufrido una caída de su efectividad. Dicho cambio puede obedecer a varios factores.
A pesar de eso, México Evalúa deja en claro la dificultad de medir con exactitud las tasas de éxito de la extorsión telefónica, dada la naturaleza relativamente anónima de este delito. Las autoridades no tienen problemas en admitir que el número real de víctimas puede ser muy superior, pues las denuncias de este delito siguen siendo poco comunes.
Además de eso, el porcentaje de víctimas que pagan ha sido históricamente muy bajo, pues los responsables de los intentos de extorsión —en muchas ocasiones presos que hacen las llamadas desde el interior de una cárcel, ganan millones de dólares al año con dichas llamadas. Un estudio de 2018 mostró que se habían hecho 3.7 millones de llamadas de extorsión desde solo siete prisiones.
El gobierno ha tomado medidas para reducir este tipo de extorsión simplemente bloqueando las señales del teléfono celular alrededor de las prisiones mexicanas.
La razón más común de esta caída puede ser la conciencia de que el fraude está muy generalizado. Por tradición, las llamadas a las víctimas involucraban amenazas de lesiones personales o secuestro. Pero el gobierno mexicano y otros de la región han realizado prolongadas campañas contra esta modalidad delictiva.
Esto conlleva algunas salvedades. Los extorsionistas han evolucionado la técnica. Según el gobierno estatal de Baja California, ya no se amenaza a los dueños de los negocios con lesiones personales. Se observa una nueva tendencia de difundir noticias falsas en medios sobre la empresa que está siendo extorsionada.
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Las autoridades también se han apuntado algunos logros en el rastreo de las cuentas bancarias usadas para estos delitos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, que por lo general embarga las cuentas bancarias usadas para lavado de dinero y narcotráfico se ha fijado como prioridad el seguimiento de cuentas bancarias usadas para recibir dinero de las víctimas de extorsión que acceden a pagar.
Pero esta estrategia también puede haber desatado una reacción violenta, pues en un nuevo esquema extorsivo los delincuentes se hacen pasar por funcionarios de la UIF para tratar de asustar a las víctimas e inducirlas a hacer los pagos.
El informe de México Evalúa ofrece una imagen reveladora pero poco concluyente de la evolución de la extorsión telefónica. Aun con la baja tasa de detecciones, las estrategias tradicionales empleadas por los grupos criminales pueden estar fallando a medida que se divulga la información sobre sus métodos. Con todo esto, la extorsión telefónica sigue en aumento. El número de ese tipo de llamadas en México escaló rápidamente durante la pandemia de COVID-19 y se estima en más de US$500 millones las ganancias anuales que deja este delito.
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