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Fallo judicial en EE. UU. puede cambiar casos de asilo a pandilleros

EL SALVADOR / 23 FEB 2021 POR PARKER ASMANN ES

Un juez de inmigración de Estados Unidos ha aplazado la deportación de un exintegrante de la MS13, luego de dictaminar que su condición de expandillero lo ubica en un grupo social específico, lo cual ha encendido el debate acerca de los precedentes que esto podría establecer para casos futuros.

Juan Carlos Amaya testificó que en 2003 fue obligado a vincularse a la MS13 en El Salvador. Un año más tarde se retiró de la pandilla, por lo cual recibió constantes amenazas de muerte por parte de sus excompañeros, quienes lo consideraban un traidor. En 2009, Amaya se despidió de su hija y huyó hacia Estados Unidos, como señalan los documentos judiciales.

El joven permaneció tres años en Estados Unidos, y en 2012 fue deportado a El Salvador, tras una condena por asalto. Los pandilleros no tardaron en darse cuenta de que había regresado. Cuando un amigo de la infancia le dijo que planeaban matarlo, Amaya volvió a huir a Estados Unidos, según los documentos judiciales.

En 2017, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (Immigration and Customs Enforcement, ICE) lo arrestaron en Maryland y restablecieron su orden de deportación. Amaya dijo a los agentes que temía ser torturado o asesinado en El Salvador, y un funcionario de asilo le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos.

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El caso de Amaya llegó finalmente ante un juez de inmigración, a quien solicitó “alivio” (relief) frente a su orden de deportación. Para obtener dicho alivio, Amaya tenía que demostrar que perteneció a un grupo social bajo amenaza. Hasta la fecha, entre dichos grupos se encuentran miembros de partidos políticos o personas de determinada orientación sexual. Amaya adujo que su grupo social era la MS13.

El expandillero sustentó su afirmación con el argumento de que haberse vinculado a la pandilla lo puso en peligro no solo frente a sus compañeros sino además frente al gobierno de El Salvador. Entre otras cosas, testificó que los pandilleros de la MS13 le habían disparado, metido un arma en la boca y amenazado con matarlo. Señaló, además, que recibió amenazas de la policía, que lo había arrestado por un triple asesinato, caso por el que luego fue exonerado.

Aun así, el juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó que su testimonio no era admisible y que no había pruebas suficientes para sustentar su reclamación. Además, el juez dictaminó que su pretensión de pertenecer a un grupo social particular —los expandilleros de la MS13 salvadoreños — era “demasiado amorfa y, por lo tanto, carecía de especificidad”, y que “para la sociedad resulta difícil determinar quién pertenece al grupo”, como se lee en los documentos judiciales.

El juez ordenó que fuera deportado, pero Amaya apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). La junta ratificó el análisis del juez de inmigración de que el grupo social particular de Amaya es “demasiado difuso y, por lo tanto, carece de la especificidad requerida”. Pero la BIA no consideró si su grupo social particular era “socialmente específico”, por lo que Amaya solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que el Circuito 4° revisara su caso.

El 25 de enero de 2021, el Circuito 4° aceptó la petición de Amaya y dictaminó que la resolución de la BIA, al considerar que el grupo social particular del joven (los exintegrantes de la MS13 salvadoreños) carece de especificidad, era “irrazonable”.

El caso fue devuelto a la BIA para su reevaluación, pero la pregunta continúa sin respuesta: ¿La MS13 es un tipo de “grupo social” que valida la solicitud de asilo de una persona?

Análisis de InSight Crime

Mientras que los partidarios de la línea dura en materia de inmigración pueden ver esta decisión como la vía para una nueva ola de solicitudes de asilo en Estados Unidos, los abogados y defensores de inmigración dicen que el asunto es más complejo.

Es frecuente que los expandilleros de países como El Salvador huyan de la pandilla, usualmente hacia Estados Unidos, lo cual representa una de sus pocas vías de escape de organizaciones como la MS13.

En este sentido, el caso de Amaya es un avance importante porque abre la puerta para que a los expandilleros salvadoreños se les conceda el asilo con base en su pertenencia (o antigua pertenencia, como en el caso de Amaya) a ese grupo social particular.

Sin embargo, varios abogados de inmigración y expertos consultados por InSight Crime dijeron que cada solicitud de asilo es diferente y que se juzga caso por caso, ya que el asilo es una forma discrecional de alivio (relief).

“El abogado en el caso [de Amaya] presentó evidencia fáctica y construyó el caso para demostrar que, en tanto exintegrante de la pandilla, [su cliente] pertenece a un grupo social particular que lo hace apto para que el Circuito 4° revise y tome una decisión”, afirma Michelle Méndez, directora del Programa de Defensa de Poblaciones Vulnerables de la Red Católica de Inmigración Legal, Inc. (Catholic Legal Immigration Network, Inc., CLINIC).

“Pero cada abogado y demandado tiene que sustentar este registro fáctico y cumplir con la triple prueba del grupo social particular en cada caso”, agrega Méndez. La triple prueba indica si el grupo “comparte rasgos inmutables y/o fundamentales, es ‘socialmente específico’ y ‘particular'”.

Aún más, la decisión favorable en el caso de Amaya no significa que de ahora en adelante los jueces de inmigración dictarán fácilmente resoluciones similares en casos que involucren a expandilleros.

VEA TAMBIÉN: Informe de HRW: deportación de EE.UU. es muerte casi segura en El Salvador

“Decisiones como esta son buenísimas, pero lo que demuestra el caso de Amaya es la importancia de un juez imparcial en la corte de inmigración y lo que sucede cuando se tiene una mirada independiente que juzgue críticamente cada caso”, expresa Camille Mackler, directora ejecutiva de Immigrant ARC (Immigrant Advocates Response Collaborative).

Mackler añade que también está en juego un contexto más amplio relacionado con el movimiento para la reforma de la justicia criminal, especialmente en lo que respecta a los exintegrantes de pandillas. Amaya fue obligado a unirse a la MS13 en El Salvador en 2003 y abandonó la pandilla apenas un año después. Sin embargo, esta pequeña parte de su vida todavía está siendo examinada para decidir su futuro casi 15 años después.

“¡Imagínate si toda tu vida estuviera anclada en uno de tus peores momentos! Vincularse a la MS13 es distinto a hacerse un mal corte de pelo, pero todos hemos cometido errores”, puntualiza Mackler.

Aunque Amaya recibió un fallo favorable del Circuito 4°, su caso aún no ha concluido. Dado que la BIA revisará el caso una vez más, podría dar un fallo negativo, lo que obligaría a su abogado a apelar e iniciar el proceso de nuevo.

Aun así, los abogados de inmigración dijeron a InSight Crime que el fallo del Circuito 4° en este caso puede establecer un punto de referencia importante para casos futuros. “Esta es la primera vez que el Circuito 4° dice que los expandilleros salvadoreños son un probable grupo social particular, lo cual es importante para otros casos”, dice Méndez. “Esta decisión facilitaría que otras personas pertenecientes a grupos sociales particulares similares tengan prevalencia ante el juez de inmigración y no deban pasar por el proceso de apelaciones”.

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