Una operación antinarcóticos realizada en el oeste de Guatemala ha arrojado nuevas luces sobre el importante papel que las familias involucradas en la política local pueden desempeñar en el comercio regional de cocaína.
El Ministerio Público de Guatemala allanó varias propiedades y un edificio gubernamental a finales de julio en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, en el departamento de San Marcos, donde sospechan que el alcalde de la ciudad y su familia están involucrados en el tráfico de estupefacientes.
Los investigadores identificaron al alcalde Exadillas Dionel Ramos Aguilar como posible miembro de una presunta red de narcotraficantes que trasladó pequeñas cargas de cocaína desde el oeste de Guatemala a México, utilizando una red de empresas y bienes para ocultar sus ganancias, como consta en un comunicado y según detalles de la investigación proporcionados a InSight Crime por Alan Ajiatas, subdirector de la unidad antinarcóticos del Ministerio Público.
La esposa del alcalde, Lucinda Esperanza Aguilar Pérez, ha sido señalada como la principal blanqueadora de dinero del grupo, pues presuntamente gestionó una red de empresas utilizadas para simular ganancias y adquirir activos en ese municipio y en otros.
“Es a nombre de ella que aparecen todas esas entidades comerciales y muchos de estos reportes y movimientos sospechosos”, dijo Ajiatas a InSight Crime.
Los investigadores también descubrieron que el contador de uno de los negocios registrados a nombre de Aguilar Pérez trabajaba en la tesorería municipal de Esquipulas Palo Gordo, lo que llevó a las autoridades a allanar las oficinas municipales en busca de otros posibles activos vinculados a la red.
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Entre los supuestos activos del grupo se encuentra una mansión que al parecer pertenece al alcalde y su familia, además de varios autos de lujo incautados por las autoridades. La fiscalía estima que las incautaciones le han significado al grupo unos US$18,4 millones de quetzales (US$2,4 millones).
Las autoridades guatemaltecas detuvieron a 11 sospechosos durante las redadas del 22 de julio, entre ellos un hijo del alcalde, acusado de lavado de dinero y asociación para delinquir. Otros familiares, incluido el hermano del alcalde y otro de sus hijos, también son acusados de hacer parte de la red criminal, como dijo Ajiatas a InSight Crime.
El Ministerio Público ha pedido que se despoje de la inmunidad al alcalde, con el fin de continuar las investigaciones en su contra. Entre tanto, Aguilar Pérez continúa en libertad, según afirma Ajiatas.
Análisis de InSight Crime
Las acusaciones contra la familia Ramos Aguilar ponen de presente los vínculos entre familias, política y actividad criminal en algunas de las áreas más apartadas de Guatemala.
En San Marcos y otros departamentos remotos en la costa del Pacífico de Guatemala, varias familias han intentado obtener el poder municipal con el fin de facilitar la actividad criminal.
“La ventaja obviamente es el control”, dijo Ajiatas a InSight Crime, agregando que los grupos narcotraficantes utilizan las “herramientas que proveen las municipalidades para poder ellos ejercer los negocios [ilícitos]” y que la confianza que surge de los vínculos familiares puede ayudar a prevenir fugas de información que resultarían potencialmente perjudiciales.
En el caso de Esquipulas Palo Gordo, las investigaciones del Ministerio Público apuntan al posible uso del municipio como centro de lavado de dinero y adquisición de activos. Pero otros clanes familiares de San Marcos y otros lugares han adoptado estrategias más audaces para obtener ganancias ilícitas y hacerse al control territorial.
Esto incluye una red de narcotráfico presuntamente liderada por Erick Salvador Súñiga Rodríguez, exalcalde de Ayutla, municipio de San Marcos en la frontera con México. Súñiga supuestamente trabajó con sus hermanos y otros familiares para contrabandear cargamentos de cocaína a instancias del Cartel de Sinaloa, con la ayuda de funcionarios corruptos de la policía, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La red de Súñiga también contaba con la policía municipal para consolidar el poder en la localidad. Como dijo Ajiatas a InSight Crime, utilizaban cámaras de la policía para vigilar a la población.
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Antes de Súñiga, el excapo guatemalteco Juan Ortiz, alias “Juan Chamalé”, mantenía estrechos vínculos con la alcaldía y, según informes, utilizaba agentes del ejército para proteger los cargamentos de droga, como señalan el medio de noticias Nómada y una investigación judicial de Estados Unidos.
En San Marcos también se encuentra la ciudad de Ocós, en la costa del Pacífico, una zona de abundante tráfico de cocaína que durante años fue gobernada por la familia de Carlos Preciado Navarijo, el exalcalde que a fines de febrero de 2021 fue extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico. En 2011, la tía de Preciado Navarijo fue arrestada y declarada culpable de narcotráfico en Estados Unidos.
La familia no es ajena a la política. La madre de Preciado Navarijo fue alcaldesa de Ocós durante más de una década y ahora ocupa el mismo cargo en el municipio vecino de La Blanca. La hija de la familia, Vivian Preciado Navarijo, es congresista por San Marcos.
Más al sur, en el municipio costero de Moyuta, departamento de Jutiapa, las guerras territoriales entre clanes familiares que buscan el control de la política local —algunos vinculados al tráfico de drogas— han terminado en brutales intentos de asesinato, a veces asistidos por las fuerzas de seguridad locales.
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