Varios arrestos recientes de ciudadanos y residentes estadounidenses por presunto contrabando de armas a Haití ponen de relieve las complejidades de la política de control de armas en Estados Unidos en medio de la inseguridad creciente en la nación caribeña.
El 19 de noviembre, tres estadounidenses de origen haitiano fueron detenidos bajo sospecha de traficar armamento en el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, capital haitiana. Las autoridades descubrieron cinco armas de fuego, entre las que se halló un rifle semiautomático AR15 y cuatro pistolas 9 mm, además de municiones, ocultas en su equipaje.
Unos días antes, el 16 de noviembre, se decomisaron siete armas de fuego, que incluían cuatro rifles de asalto y tres revólveres, de un contenedor de carga en Port-de-Paix, ciudad en el noroeste de Haití. El barco que llevaba las armas estaba registrado en Tanzania, pero tuvo una parada en Miami antes de su arribo a Haití.
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El 13 de noviembre, otro ciudadano estadounidense fue detenido en el aeropuerto de Puerto Príncipe por ingresar al país con seis armas guardadas en su equipaje en bodega; estas incluían dos Uzis totalmente automáticas. Las autoridades declararon que el hombre viajaba desde Carolina del Norte hacia Haití con un vuelo de conexión en Miami. Aunque al parecer el hombre siguió el protocolo para armas de Estados Unidos, fue detenido por las autoridades haitianas, pues el porte de armas de fuego está prohibido sin un salvoconducto especial, con excepción de las armas deportivas.
Y el 31 de octubre, se les imputaron cargos federales a tres residentes de Florida, uno con ciudadanía estadounidense y dos haitianos, en la ciudad de Washington DC, por contrabando de armas hacia Haití para la pandilla 400 Mawozo, que operan en el sector de Croix-des-Bouquets al este de Puerto Príncipe. La pandilla 400 Mawozo fue la responsable del sonado secuestro de 17 misioneros el pasado octubre.
También fluyen las armas entre Haití y Jamaica; a cambio de drogas, según el Jamaica Gleaner.
Análisis de InSight Crime
Estos casos aislados pueden parecer pequeños, pero en conjunto, muestra como la laxitud de las leyes que regulan la comercialización de armas en Estados Unidos facilita el flujo de armas hacia Haití.
Un informe de las Naciones Unidas estimaba en 2020 que hay más de 270.000 armas de fuego ilícitas en circulación en Haití, mientras que la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción (Commission Nationale de Désarmement, de Démantèlement et de Réinsertion, CNDDR) de Haití calculaba que esa cifra podía llegar a las 500.000.
Como mayor proveedor mundial de armas, Estados Unidos es la principal fuente de armas ilegales que ingresan de contrabando a Haití.
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Por sus indulgentes regulaciones sobre la compra de armas y su proximidad con el Caribe, el estado de la Florida es el mayor proveedor. Un buen ejemplo de eso se conoció en 2019, cuando el dueño de una tienda de armas de Florida fue acusado de conspirar con funcionarios del gobierno haitiano, incluido un senador, para introducir 166 armas semiautomáticas sin declarar al país caribeño.
Por otro lado, también puede recurir a compradores nominativos y documentación falsa de la sociedad de Armas, Tabaco y Armas de Fuego (Alcohol, Tobacco and Firearms, ATF) para contrabandear armas y municiones al país. Según la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigations, FBI), un presunto integrante de la pandilla 400 Mawozo en Florida está imputado actualmente por ese mismo delito.
En otro ejemplo reciente, a comienzos de 2021, un exsoldado de la Marina estadounidense fue condenado por contrabando de armas a Haití en su equipaje, como parte de un fallido complot para entrenar miembros del Ejército haitiano y convertirse en presidente de ese país. Él también usó documentación falsa para hacerse pasar como coronel.
Es muy probable que la proliferación y expansión de las pandillas en Haití mantenga alta la demanda interna de armas. La necesidad de armas de estos grupos quedó en evidencia en un ataque sorpresa de una pandilla a seis estaciones de policía de Puerto Príncipe, en el que los pandilleros presuntamente pretendían robar las armas de la policía.
También el dinero de los rescates obtenido por los frecuentes secuestros en Haití se destina para la compra de armas. Por esta precisa razón, las autoridades que negocian la liberación de los misioneros, secuestrados por la pandilla 400 Mawozo en octubre, se han resistido a pagar el rescate de US$17 millones que la pandilla demanda.
“El dinero se usará para [comprar] muchas más armas y municiones”, afirmó el nuevo ministro de justicia de Haití Liszt Quitel.
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