El hallazgo de tres fosas comunes durante operaciones militares en el estado Bolívar, al sureste de Venezuela, es una macabra ilustración del aumento de las desapariciones en las zonas mineras del país.
Los días 7, 10 y 24 de noviembre, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez, reportó en su cuenta de Twitter el hallazgo de osamentas humanas en zonas mineras ubicadas en el sur de Bolívar.
Aunque Hernández Lárez no ofreció detalles de cuántos cuerpos fueron encontrados y quienes son los responsables de estas muertes, en una publicación de Twitter, las adjudicó a la Organización R, un grupo criminal que controla minas y comunidades en el pueblo de Tumeremo, la capital del municipio Sifontes.
El hallazgo de las fosas se produce meses después de la publicación de un informe que destaca el incremento de desaparecidos en las zonas mineras de Bolívar. En junio, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) reveló que entre septiembre de 2021 y abril de 2022, al menos 37 personas fueron reportadas como desaparecidas. De ese número, solo cinco personas lograron comunicarse con sus familiares, y dos fueron hallados muertos.
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De acuerdo con Codehciu, algunas de estas personas desaparecieron cuando eran trasladadas a las minas; otros desaparecieron en presuntos enfrentamientos armados o bajo la presunción de un secuestro. También hay casos de personas que fueron a vender mercancías en estos territorios mineros y no regresaron.
El aumento de desaparecidos en las zonas mineras de Bolívar es notable. En 2021, Codehciu registró un total de 26 personas desaparecidas; mientras que en 2020 la cifra fue de 12 personas.
En 2021, el Observatorio Venezolano de Violencia indicó en su informe anual que las desapariciones en municipios como los que conforman el Arco Minero del Orinoco —una iniciativa minera del gobierno venezolano que abarca, entre otros, el estado Bolívar— regularmente se traducen en homicidios. El reporte también destaca que tres de los cinco municipios más violentos de Venezuela forman parte de la zona minera de esta entidad: El Callao con una tasa de 511 homicidios por cada cien mil habitantes; Sifontes con 189; y Roscio con 125. En Sifontes, se reportó oficialmente el hallazgo de una de las fosas comunes, así como el mayor registro de desapariciones en 2021, según el informe de Codehciu: 17 casos.
Análisis de InSight Crime
El aumento de desaparecidos en el estado Bolívar está relacionado con grupos armados que usan violencia extrema para mantener el control de las zonas mineras; además del incremento de la población flotante que llega a la zona buscando trabajo en las minas.
La creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO) en 2016 abrió las puertas no solo a un flujo constante de personas que viajan hacia el estado Bolívar en busca de oro, sino también a los grupos criminales dedicados a controlar la minería en la región.
InSight Crime ha logrado confirmar que en Bolívar, además de la Organización R, hay presencia de una gran cantidad de grupos armados como el Sindicato de las Claritas, el Tren de Guayana y la banda del Negro Fabio.
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Estos grupos criminales, a través de férreos castigos como torturas, mutilaciones, disparos en extremidades y ajusticiamientos han logrado constituir un sistema controlado para la extracción del mineral.
“Entre ellos se pican, desaparecen, [y] matan gracias a esa ley sangrienta que se ha normalizado en esa zona”, dijo a InSight Crime la coordinadora de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello sede Guayana, quien solicitó la reserva de su identidad por motivos de seguridad.
Para mantener su control sobre las minas ilegales, y sus ganancias, los grupos criminales en la zona controlan el acceso de teléfonos y limitan las comunicaciones de los trabajadores. Debido a la intimidación y nula conexión con el mundo exterior que tienen los mineros, las víctimas de estos castigos y los conflictos entre bandas engrosan las listas de desaparecidos.
Unos de los más afectados por esta incomunicación son quienes viajan a las minas desde otros estados de Venezuela, empujados por la crisis económica. En muchos casos son aislados de sus familiares y otras conexiones sociales, y sus parientes no logran determinar su paradero.
A su llegada, las bandas los despojan de sus teléfonos celulares con el fin de proteger sus actividades ilegales.
"Si firman que van a estar allí un año, año y medio o dos, todo ese tiempo no pueden usar el celular para mantener contacto con sus familiares", explicó la coordinadora de Derechos Humanos.
Debido a esto, las víctimas de estas pandillas se unen a las listas de desaparecidos y pueden tardar mucho tiempo en ser encontradas, o incluso ser reportadas como desaparecidas.
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