El reciente arresto de un militar involucrado en una red de trata de personas en Venezuela expone la participación, muchas veces ignorada y encubierta, de agentes de seguridad en esta economía criminal.
Un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue detenido el 1 de agosto tras confirmarse su participación en el traslado de tres adolescentes y una mujer, desde el estado Miranda, al centro del país, al estado fronterizo de Táchira, para luego ser llevadas a Perú donde serían explotadas sexualmente por una red de prostitución, informó la Fiscalía local.
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El militar fue imputado por el delito de trata de mujeres, niñas y adolescentes, y asociación ilícita, siendo uno de los pocos funcionarios que han sido detenidos por formar parte de estas redes.
En diciembre de 2022, otro miembro de la Guardia Nacional con el rango de teniente fue detenido y judicializado por el delito de trata de personas en el estado Yaracuy por presuntamente captar a tres adolescentes, reseñó Últimas Noticias.
Adicionalmente, en visitas a zonas fronterizas de Venezuela, InSight Crime ha recogido múltiples testimonios que destacan el rol que ejercen funcionarios de seguridad en la salida de las víctimas del país sin mayores obstáculos. No obstante, los elevados niveles de impunidad a nivel institucional impiden que estos casos sean registrados en medios de comunicación.
Uno de los principales indicadores que permite observar la magnitud de la victimización de mujeres en las redes de trata de personas fue expuesto por Mulier Venezuela, una ONG dedicada a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, que contabilizó en su informe de 2022, 1.390 mujeres y niñas venezolanas rescatadas de esta actividad ilícita, comparado con 415 en 2021.
“La participación de los cuerpos de seguridad es clave sea por acción o por omisión”, dijo a InSight Crime Estefanía Mendoza, coordinadora general de Mulier Venezuela, en relación con las mujeres que son captadas por redes criminales y llevadas destinos internacionales con fines de trata.
Análisis de InSight Crime
Aunque los casos documentados de funcionarios del Estado venezolano imputados por trata de personas son invisibilizados a nivel estatal y en medios de comunicación, su complicidad en el traslado de las víctimas ha sido un elemento facilitador para que las redes de trata logren sus objetivos criminales.
Los funcionarios que han participado en este delito se encargan, por ejemplo, de trasladar a las víctimas a estados fronterizos valiéndose de sus credenciales oficiales, como un exjuez que fue detenido en el estado Nueva Esparta por liderar una red de explotación sexual. Su estrategia era mostrar su carné en los puntos de vigilancia y le dejaban seguir, pese a que estaba acompañado de adolescentes.
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Su éxito dependía de los funcionarios que miraban hacia otro lado y permitían que las víctimas pasaran por los puestos de control internos y fronterizos, a menudo a cambio de dinero.
Una investigadora de una organización que monitorea casos de trata en Venezuela relató a InSight Crime cómo una adolescente rescatada de una red de trata logró viajar desde Caracas a San Antonio del Táchira, frontera con Colombia, aunque no tenía documentación.
Además de Táchira, la cercanía de los estados Sucre, Monagas y Delta Amacuro a islas del Caribe como Trinidad y Tobago, identificado como un destino de explotación sexual, ha posicionado a estas zonas costeras como puentes estratégicos para el tráfico de personas con ese fin, lo que ha sido aprovechado por algunos funcionarios corruptos para generar ingresos extra.
Las tentativas rentas que ofrecen economías criminales brindan una oportunidad a funcionarios desesperados por obtener mejores ingresos. Sus salarios, que se pagan en bolívares, una moneda devaluada y asfixiada por la crisis económica, no pueden competir con los pagos en dólares que pueden recibir por parte de los grupos criminales.
Un miembro de la ONG Foro Penal, organización que defiende los derechos de personas detenidas arbitrariamente, comentó a InSight Crime bajo condición de anonimato que en Delta Amacuro funcionarios habrían incrementado las alcabalas con la presunta intención de extorsionar, localmente conocido como “cobrar vacuna”, tras el incremento en la llegada de adolescentes y mujeres provenientes del centro del país con destino a Trinidad y Tobago.
A esa intención de sumar más dinero, Transparencia Venezuela refiere que los altos niveles de impunidad en el país influyen en que sea un terreno fértil para las redes de trata, y esto se refleja en los pocos funcionarios detenidos por este delito.
La participación de funcionarios policiales y militares en las redes de trata de personas no se limita a Venezuela. Recientemente en Colombia, dos policías fueron detenidos tras ser señalados como enlaces de una red trasnacional que explotaba sexualmente a jóvenes en Francia y casos en otros países como Guatemala y Perú muestran que esta es una problemática regional.
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