En lo que parece ser un golpe a la administración del presidente de El Salvador Nayib Bukele, Estados Unidos sancionó a dos funcionarios cercanos al presidente, acusándolos de corrupción y de negociaciones secretas con las pandillas callejeras del país.
Osiris Luna, director de centros penales de El Salvador, y Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, están señalados de negociar con los líderes de las pandillas presos para reducir los homicidios en el país a cambio de privilegios, como acceso a teléfonos móviles y prostitutas, según un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro el 8 de diciembre.
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Luna y Marroquín también están señalados de negociar con la ranfla, o jerarquía superior de las pandillas, para buscar respaldo político para el partido de Bukele, Nuevas Ideas, antes de las elecciones legislativas de febrero. Además, las pandillas accedieron a hacer cumplir las medidas de confinamiento por COVID-19 en las zonas bajo su control.
El Departamento del Tesoro, por otro lado, acusó a Luna y a su madre, Alma Yanira Meza Olivares, de apropiación indebida y reventa de alimentos destinados para ayuda durante la pandemia, además del desvío de millones de dólares de la comisaría de la prisión. Meza también fue sancionada.
El comunicado no deja en claro cuál es la evidencia del Tesoro para sancionar a Luna, Marroquín y Meza, según la Ley Magnitsky, diseñada para castigar a personas de todo el mundo acusadas de corrupción. Pero gran parte de la información parece encajar con los reportajes del medio de noticias digital El Faro, que fue el primero en publicar algunos apartes de dos investigaciones archivadas a cargo de una unidad fiscal especial facultada por el exfiscal general Raúl Melara.
Un día después del anuncio de las sanciones, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a la jefa de gabinete de Bukele, Carolina Recinos, bajo cargos de orquestar un entramado de corrupción por varios millones de dólares en contratos irregulares para la compra de suministros médicos con motivo de la pandemia. Según un comunicado del Tesoro del 9 de diciembre, Recinos adjudicó la compra de millones de dólares en batas y mascarillas hospitalarias a empresas sin experiencia en la manufactura de tales productos y estuvo implicada en adquisiciones sospechosas relacionadas con la construcción de un hospital.
"Millones de dólares en contratos con sobreprecios", afirmó el Tesoro, "hicieron posibles las coimas a funcionarios del gobierno salvadoreño y algunos asesores del presidente Bukele".
El Tesoro también señaló que Recinos desvió hacia candidatos del partido Nuevas Ideas las canastas de ayuda alimentaria para ayuda por la pandemia, y que estos las usaron para conseguir adhesiones antes de las elecciones legislativas de 2021.
En respuesta a las sanciones, el presidente de El Salvador President Nayib Bukele se descargó en Twitter, descalificando las medidas: "se ven hasta absurdas esas acusaciones diarias".
"No sabía que les interesara tanto El Salvador", comentó.
Análisis de InSight Crime
Las sanciones a Luna y Marroquín pueden ser un intento de Estados Unidos de llamar la atención de Bukele, quien se ha aficionado a atacar a periodistas y ridiculizar las organizaciones internacionales que expresan preocupación por sus ataques al estado de derecho.
Bukele llegó al poder en una oleada de populismo, prometiendo depurar la élite corrupta del país y someter a las violentas pandillas callejeras. No tardó en atribuir a su plan contra la delincuencia, mediante el que se desplegaron más de 5.000 soldados y policías en los sectores fuertes de las pandillas, la notoria caída de los homicidios en el país.
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Por otro lado, Bukele denunció a funcionarios de administraciones anteriores por concertar acuerdos con las pandillas para reducir los homicidios. Varios de esos funcionarios fueron acusados por la fiscalía de ese país en febrero de 2020 de negociar con las pandillas para su beneficio político, algo ilegal en El Salvador.
Pero pronto comenzaron a rondar preguntas sobre posibles negociaciones con las pandillas para detener los homicidios. En octubre de 2020, InSight Crime informó de un pacto informal entre delegados del gobierno de Bukele y las pandillas.
Los ataques de Bukele a sus adversarios se le devolvieron cuando el entonces fiscal general Melara designó una unidad fiscal especial para investigar su administración por abrir diálogos en la misma línea. Los legisladores destituyeron a Melara en mayo de este año, lo cual al parecer terminó con la investigación.
Pero El Faro tuvo acceso a la investigación inconclusa. El medio publicó una valiosa colección de evidencia, que incluyó llamadas de teléfono, archivos de audio, mensajes de texto y fotografías de vigilancia, que ilustraban cómo los funcionarios adelantaron negociaciones secretas con la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños. Tanto Marroquín como Luna aparecen como interlocutores en la investigación descartada.
Marroquín, por ejemplo, asistió a varias reuniones con hombres cubiertos con pasamontañas, a quienes los investigadores identificaron como líderes de las pandillas, según fotografías y entrevistas a empleados. Luna escoltó a los presuntos líderes pandilleros y a los negociadores del gobierno en las prisiones, según los registros de visitas, fotografías de vigilancia y un informe interno de los encargados de la prisión.
Posteriormente El Faro publicó un reportaje sobre una segunda investigación inconclusa de la unidad. Esa investigación indagaba por el robo de unos US$1,6 millones en víveres destinados para la población más desfavorecida durante la pandemia. La investigación sostenía que Luna coordinaba el esquema, robando canastas de ayudas alimentarias y costales de arroz con ayuda de un presunto contrabandista. Según una llamada interceptada, la madre de Luna ofreció venderle el arroz al por mayor al comprador.
Las recientes sanciones no solo refuerzan la información de El Faro, sino que además pueden molestar a Bukele.
En el comunicado, el Tesoro llegó incluso a afirmar que la administración Bukele entregó “incentivos financieros” a las pandillas MS13 y Barrio 18 en 2020, lo que socava su reputación de autoritario.
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