A medida que más gobiernos de la región rechacen el modelo de prohibición y guerra contra las drogas impulsado por Estados Unidos, en 2023 habrá un marcado aumento en la producción de cocaína, así como una continua proliferación de drogas sintéticas en la región. Las implicaciones criminales podrían ser de gran alcance.
Desde que, en 1971, el presidente Richard Nixon declaró “el consumo de drogas [...] como el enemigo público número uno”, los líderes de la región han tratado de cumplir o acatar las políticas antidrogas de línea dura del gobierno de Estados Unidos. Pero esa era parece haber llegado a su fin, al menos para los nuevos líderes latinoamericanos. Esto tiene profundas implicaciones para el tráfico de drogas en la región. Colombia, uno de los aliados más fieles de Washington en esta guerra, se ha distanciado definitivamente, lo que consolida esta tendencia.
“Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado”, dijo el presidente Gustavo Petro en su discurso de posesión en agosto de 2022.
Petro habló más sobre el tema durante una visita a las Naciones Unidas en Nueva York, un mes después.
“El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis [...]; en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad”, dijo el mandatario.
Petro no es el único que está rechazando la política antinarcóticos y el modelo de prohibición de Washington. El otro aliado clave de Estados Unidos en la región, México, también ha criticado la política de Estados Unidos y ha reducido la cooperación antinarcóticos durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. AMLO, como se le conoce al mandatario, ha declarado que la guerra contra las drogas ha terminado, aunque continúa con un enfoque militarizado para enfrentar a las organizaciones de tráfico de drogas (OTD) mexicanas en medio de los crecientes niveles de violencia.
Sin México ni Colombia, Estados Unidos se queda sin una estrategia regional antinarcóticos. Y un rápido vistazo al mapa de los aliados de Estados Unidos en América Latina y el Caribe muestra que Washington ha perdido una gran influencia en la última década, lo que obstaculiza los esfuerzos regionales para coordinar la estrategia contra el narcotráfico.

Como aspecto positivo, esta tendencia está obligando a un replanteamiento, esperado por mucho tiempo, de las estrategias para hacer frente a los efectos nocivos del tráfico de estupefacientes, principalmente la violencia y la corrupción. Aunque Washington todavía apoya las estrategias de control internacionales, hace mucho tiempo se dio cuenta de que erradicar los cultivos de drogas, aumentar las incautaciones y capturar a los grandes capos de la droga no son tácticas efectivas para detener el flujo de narcóticos. Por el contrario, los enfoques “estatales” ya son ampliamente reconocidos, aunque hasta la fecha los resultados han sido lentos e irregulares. Los países latinoamericanos, con Colombia a la cabeza, están intentando disminuir los estragos, reduciendo las tasas de homicidios y violencia, a la vez que buscan abordar sus causas fundamentales.
El último y más entusiasta defensor de un nuevo enfoque es el presidente Petro, quien ha reducido la erradicación de la coca, insistiendo en que incluso podría detenerse por completo en ciertas áreas mientras se implementan medidas alternativas. Parte de la respuesta frente al narcotráfico en Colombia se enmarca en términos ambientales, lo cual es un aspecto positivo. Se ha hablado de la reforestación de las zonas de cultivo de coca a través de subvenciones para los agricultores. Y el presidente de Colombia ha planteado la idea de despenalizar la cocaína, aunque no unilateralmente.
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Todo esto se produce en medio del ambicioso plan de “Paz Total” de Petro, que implica negociar con los ejércitos ilegales que dominan el tráfico de drogas y atacar las raíces del conflicto civil colombiano, que ya cumple más de cinco décadas de violencia alimentada por la cocaína. El año 2023 será crucial para el plan del presidente colombiano y para las estrategias poco ortodoxas frente a uno de los problemas más apremiantes de América Latina.
Petro está negociando con la última gran guerrilla marxista que queda en el continente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tiene unos 4.000 miembros, así como con varios grupos criminales más pequeños, todos los cuales están involucrados en el tráfico de drogas, y son causa de violencia y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Las negociaciones que se han llevado a cabo anteriormente con los actores armados en Colombia indican que Petro no tiene suficiente tiempo. Los acuerdos anteriores, como los que se hicieron con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se realizaron a lo largo de dos mandatos presidenciales. Pero desde 2015, los presidentes de Colombia se han limitado a un solo mandato. Si quiere tener éxito, Petro debe dar grandes pasos hacia la paz durante 2023.
Sin embargo, a pesar de las nuevas actitudes y estrategias frente a los retos que representa el tráfico de drogas, tal vez la mayor amenaza proviene del enorme aumento en la producción de cocaína y drogas sintéticas en la región. El año pasado, antes de que el presidente Petro asumiera el cargo, Colombia registró un aumento del 43 por ciento en el cultivo de coca, el más grande registrado en su historia. El gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022) llegó al poder con base en una plataforma de seguridad y puso la erradicación de coca en el centro de su política de seguridad. Sin embargo, aumentaron tanto los cultivos de coca como la producción de cocaína. Dado que el presidente Petro ha reducido la erradicación, sin ofrecer soluciones rápidas, el auge de la coca inevitablemente continuará, y quizá se expanda aún más.
Sin embargo, la bonanza cocalera puede lograr lo que la erradicación no ha logrado: el colapso de los mercados locales de coca debido al exceso de oferta. En las dos principales zonas cocaleras de Colombia, Norte de Santander y Cauca, el precio del kilo de base de coca ha disminuido en cerca de un millón de pesos (poco más de US$200), un tercio del precio estándar. Todo esto mientras aumenta el precio de la gasolina, el principal precursor de la producción de base de coca.
Sin embargo, el mercado mundial de la cocaína sigue siendo boyante. Las OTD se están dirigiendo hacia nuevos mercados, fuera de Estados Unidos y Europa occidental. Europa del Este, Asia y la Meca del mundo de la cocaína, Australia, donde un kilo de cocaína vale más de US$100.000, son ya los países objetivo. El consumo también está aumentando constantemente en América Latina; por ejemplo, el consumo per cápita en Brasil, se acerca al de Estados Unidos. De hecho, el procesamiento de drogas y la cadena de suministro en Colombia no han podido seguirle el paso al auge del cultivo de coca. En el año 2023, quizá el crimen organizado colombiano se adapte y se expanda aún más hacia estos nuevos mercados.
Perú, el segundo mayor productor de cocaína del mundo, también está listo para un salto en la producción. En parte, esto es a causa del caos político en el país, que está llevando a la estrategia antinarcóticos a niveles bajos en la lista de prioridades del gobierno. El encarcelamiento del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 y los fracasados esfuerzos de la vicepresidenta, hoy presidenta, Dina Boluarte, para conformar un gobierno efectivo, les dejan campo abierto a los narcotraficantes para desarrollar sus negocios.
Incluso en Bolivia, que durante mucho tiempo fue el único productor importante capaz de mantener la producción de coca bajo cierta apariencia de control, el cultivo está aumentando lentamente.

Las estimaciones más conservadoras consideran que la producción mundial de cocaína es de unas 2.500 toneladas. Nosotros consideramos que esta cifra aumentará significativamente durante 2023.
El cultivo de coca también ha estado emigrando de los tres países productores tradicionales. Actualmente existen informes de plantaciones de coca a escala industrial en Honduras, Guatemala y Venezuela. E incluso en México ha habido señales de un incipiente cultivo de coca. Todos estos países enfrentan dinámicas criminales significativas y tienen una limitada capacidad, y en algunos casos poca voluntad política, para erradicar los cultivos de coca, que comienzan a extenderse. Una vez que la coca echa raíces, se vuelve muy difícil de erradicar.
Pero la cocaína no es la única droga que experimenta aumentos en la producción. La producción de drogas sintéticas también es cada vez mayor, especialmente en México. Las organizaciones criminales mexicanas han visto cómo se reducen sus fuentes de ingresos tradicionales —marihuana, heroína y cocaína—: primero por la legalización en varios estados de Estados Unidos; segundo, debido a las cambiantes regulaciones frente a los opioides y su consumo, desde las inyecciones hasta las píldoras falsificadas; y finalmente por la disminución del consumo en el mercado de cocaína más grande del mundo, Estados Unidos.
El crimen organizado mexicano se ha adaptado rápidamente a las pérdidas en estos frentes, aumentando la producción de metanfetaminas y fentanilo. En Sinaloa, hogar del cartel del mismo nombre y que en algún momento fue un centro importante del cultivo de marihuana y amapola, ya abundan los laboratorios de drogas sintéticas. Los consumidores de metanfetamina en Estados Unidos ya duplican en número a los consumidores de cocaína. Las organizaciones criminales mexicanas también buscaron rápidamente satisfacer la demanda de opioides. Los problemas de sobredosis han resultado fatales, y más de cien mil estadounidenses han muerto por esta causa en los últimos años, un hecho que demuestra que la “cura” de tomar medidas enérgicas contra los medicamentos recetados ha resultado peor que la “enfermedad”.
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Las organizaciones criminales mexicanas no solo están apuntando a Estados Unidos. En diciembre de 2022, en el aeropuerto de Schipol, en los Países Bajos, se hallaron sesenta kilos de cristal de anfetamina producidos en México. En noviembre, las autoridades alemanas incautaron 200 kilos de anfetaminas mexicanas; por su lado, Hong Kong incautó 1,8 toneladas de metanfetamina líquida en octubre, un récord para ese país. También hay un intercambio cada vez mayor de conocimientos sobre la producción de drogas sintéticas entre las OTD mexicanas y europeas. Esta expansión de la producción mexicana de metanfetaminas, así como la distribución masiva de fentanilo a través de México, significa que quizá veremos incautaciones de drogas sintéticas mexicanas en lugares más lejanos, a medida que las redes criminales busquen diversificarse y explorar nuevos mercados.
Dicho todo esto, ¿qué efecto tendrá el aumento de la producción de drogas en el panorama criminal de América Latina y el Caribe durante 2023?
A pesar de que se producen y envían más drogas, el número de OTD identificables se ha ido reduciendo, lo que ilustra que el crimen organizado, particularmente en Colombia, se está especializando. Esto apoya el argumento de Petro de un cambio en la política, que se centre más en el rastreo de los dineros y en la persecución a los corruptos, más que en los cultivos de coca y en quienes los administran.
Pero esta situación ya no es exclusiva de Colombia. Con el tráfico de drogas hacia Europa, las organizaciones narcotraficantes europeas están aumentando su presencia en América Latina, con el fin de maximizar sus ganancias adquiriendo las drogas más cerca de los productores, al tiempo que refuerzan sus relaciones con las estructuras criminales latinoamericanas involucradas en la producción y el transporte. Los traficantes de cocaína europeos, presentes desde hace décadas en América Latina, están asumiendo un papel cada vez más importante en el comercio mundial de cocaína. Primero, fueron los italianos. Ahora, son los intermediarios holandeses y balcánicos los que están asumiendo roles de liderazgo en los cargamentos de cocaína en todo el mundo. Creemos que, durante 2023, estas relaciones se expandirán no solo para abastecer el flujo de drogas hacia Europa, sino más allá. Algunos de los sindicatos criminales europeos más sofisticados llegan hasta África, Asia y Oceanía, donde hay lugares en los que los riesgos de ser atrapados son menores y las ganancias más altas.
El negocio parece claro: si en 2023 hay un exceso de 2.500 toneladas en la producción de cocaína, y si los precios se mantienen estables en US$30.000 el kilo, las ganancias podrían superar los US$75 mil millones. Si a estos se suman miles de millones provenientes de la producción y venta de drogas sintéticas, los ingresos criminales en América Latina y fuera de la región recibirán una enorme inyección en 2023.