El gobernador saliente del estado de Tamaulipas, en México, está a punto de perder su fuero por una vieja orden de arresto, pero la protección de la que gozó mientras ocupó su cargo pone en evidencia los impedimentos que enfrenta México para combatir la corrupción en el gobierno.
El mandato de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador termina el 1 de octubre, y al mismo tiempo perderá el fuero otorgado a los funcionarios en ejercicio.
Cabeza de Vaca fue acusado de liderar una red de lavado de dinero, malversar dineros del estado y tener relaciones con carteles de drogas.
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La cámara de diputados del Congreso de México votó en abril del año pasado para despojarlo de su fuero, pero la legislatura del estado de Tamaulipas rechazó la medida.
La Procuraduría General de México obtuvo una orden de captura a nombre del gobernador el año pasado, pero en agosto la Corte Suprema del país declaró inconstitucional la moción de los diputados de revocar la inmunidad del gobernador. Solo la legislatura del estado de Tamaulipas podía revocarle la inmunidad, pero en su fallo la Corte señaló que este ya había votado contra de la moción.
Cabeza de Vaca ha negado las denuncias en su contra y a pesar de los intentos de los fiscales y de algunos políticos de llevarlo ante la justicia, su cargo y sus aliados políticos lo protegieron del arresto.
Análisis de InSight Crime
La orden de captura contra Cabeza de Vaca’ fue la primera en la historia moderna que se expidió contra un gobernador mexicano en ejercicio por nexos con el crimen organizado, pero las dificultades que las autoridades han enfrentado para aplicarla muestran cómo la política puede frustrar los esfuerzos para hacer que los funcionarios en ejercicio respondan por sus errores.
La legislatura del estado de Tamaulipas, que en ese momento estaba bajo el control del Partido Acción Nacional (PAN), pasó por alto las denuncias sobre las conexiones de Cabeza de Vaca con el crimen organizado, lo que le permitió mantenerse como primer gobernador elegido de ese partido en el estado. Después de rechazar la moción de retirarle la inmunidad, los miembros del partido levantaron un cartel con lo que llamaron “uso electoral de la justicia”, lo que indicaría que su rechazo podría haber tenido un trasfondo político.
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Al mismo tiempo, las autoridades federales mexicanas han demostrado su compromiso para llevar a Cabeza de Vaca ante la justicia para que responda por los cargos contra él. La Fiscalía General emitió una alerta de migración pública el año pasado, en la que aconsejaba al servicio migratorio del país que vigilara de cerca los movimientos del político.
Otros gobernadores mexicanos ya han eludido acusaciones penales, en particular el gobernador de Veracruz Javier Duarte, quien fue capturado en 2017 en Guatemala después huir de los cargos de crimen organizado, corrupción y malversación.
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