Con su principal opositora en detención domiciliaria acusada de lavado de dinero, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, parece estar usando el sistema judicial para neutralizar a sus rivales antes de las próximas elecciones presidenciales.
Miembros de la policía nacional allanaron la residencia de la candidata presidencial Cristiana Chamorro el 2 de junio y le dictaron detención domiciliaria después de que un juez ordenara su detención por un caso de lavado de dinero. El operativo ocurrió poco después de que ella se preparara para dar una conferencia de prensa, según informó Confidencial.
Un día antes, los fiscales había procedido a formular cargos de lavado de dinero contra Chamorro y solicitaron que fuera descalificada de las elecciones programadas para noviembre, según un comunicado oficial del Ministerio Público, con fecha del 1 de junio. Chamorro es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó a Ortega en las elecciones de 1990.
Chamorro conformó la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización no gubernamental (ONG) por la libertad de prensa, y fue su directora hasta el pasado mes de febrero, cuando suspendió sus operaciones por causa de una controvertida norma que limita la capacidad de las ONG de recibir financiación extranjera.
A finales de mayo, el ministerio de Gobernación anunció la apertura de una investigación contra Chamorro y la fundación, alegando que había hallado “evidencia incontrovertible de lavado de dinero” luego de revisar los estados financieros de 2015 a 2019. Un portavoz de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que ha donado fondos importantes a la fundación en años recientes, refutó el alegato y declaró a Associated Press que el organismo no había hallado evidencia de lavado de dinero durante sus auditorías regulares.
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Los fiscales también están exigiendo declaraciones de testigos en el caso de por lo menos 16 periodistas, una medida que fue rápidamente criticada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). “Vincularlos a un proceso criminal con sesgo político [...] es solo otra táctica para intimidar a los periodistas nicaragüenses”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa del CPJ para Centro y Sur América.
En la carrera electoral, el organismo que rige este proceso en Nicaragua ya ha eliminado a dos partidos opositores, incluido el Partido de Restauración Democrática (PRD).
Marta Hurtado, portavoz para el alto comisionado de los derechos humanos en la ONU, declaró en un comunicado del mes de mayo que "la disolución de los partidos políticos y la apertura de investigaciones penales que podrían llevar a la descalificación de candidatos de la oposición, sin el debido proceso, no solo va contra el derecho de los candidatos aspirantes a ser elegidos, sino también contra el derecho de los votantes a elegir a los candidatos de su preferencia”.
Datos recientes de una encuesta de Cid-Gallup revelaron que el presidente Ortega era el que tenía más opciones de ganar este tercer periodo consecutivo, mientras que Chamorro estaba en segundo lugar y tenía más apoyo que cualquier otro candidato opositor.
Análisis de InSight Crime
Usar el sistema de justicia para silenciar la oposición cuando crece el descontento con el gobierno es una táctica muy usada de la administración de Ortega, que ha empleado a la policía y los tribunales para atacar a sus opositores.
De hecho, el gobierno nicaragüense ha "perfeccionado su maquinaria represiva", desde que las fuerzas de seguridad asesinaron a cientos de personas y forzaron a muchas otras a huir después de que estallaron las protestas generalizadas contra el gobierno en abril de 2018, según un informe de 2021, publicado por Amnistía Internacional.
"Las autoridades nicaragüenses libran una guerra contra cualquiera que critique sus políticas, [y] el uso de los tribunales parece ser una de sus armas favoritas", según halló el informe, en referencia a los cientos de detenciones arbitrarias que han hecho las autoridades.
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Las fuerzas de seguridad, en especial la policía, también han sido usadas para intimidar a los críticos del gobierno. Un informe reciente del observatorio electoral Urnas Abiertas registró 279 casos de violencia política durante el actual ciclo electoral, entre el 1 de abril y el 15 de mayo.
Casi 180 de estos actos de violencia, o un 65 por ciento, se dieron en la forma de hostigamiento selectivo a políticos de la oposición. La policía nacional fue declarada responsable en el 87 por ciento de estos casos de hostigamiento, según el informe.
Con mucha frecuencia, agentes uniformados rodeaban las residencias de miembros de la oposición y les impedían salir, lo que creaba básicamente una “prisión de facto”, dicen los autores en el informe.
En el pasado, el presidente Ortega también ha recurrido a la policía —sea de uniforme o disfrazados dentro de grupos paramilitares bajo el mando de su gobierno— para reprimir de manera violenta a manifestantes y líderes de la oposición. Esos grupos progobierno también han estado ligados a secuestros con motivaciones políticas.
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