En medio de la ausencia del gobierno, las comunidades indígenas en las tierras altas del estado de Chiapas, en el sur de México, están apoyando a un grupo de autodefensa que se formó para defenderse de los ataques de grupos del crimen organizado contra sus comunidades.
Miles de miembros de las comunidades indígenas Tzotzil y Tzeltal se reunieron recientemente en el municipio de Pantelhó para apoyar a un grupo de autodefensa local conocido como las Autodefensas del Pueblo El Machete, informó el grupo de medios de comunicación local Chiapas Paralelo.
El grupo armado incursionó en la población a principios de este mes para retomar el pueblo. “Entramos no para atacar al pueblo, sino para expulsar a los sicarios, a los narcotraficantes, al crimen organizado; entramos porque no queremos más muertes”, declaró el grupo en un comunicado.
El surgimiento del grupo se produce a raíz de que al menos 3.000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares en Chiapas por ataques de un grupo delictivo no identificado. Una emboscada de madrugada en una región indígena y armas de gran potencia y explosivos, fueron parte del atentado contra la comunidad.
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció la formación de la fuerza, diciendo que "en ningún caso se acepta que se armen grupos llamados autodefensa".
Desde entonces, la parte alta de Chiapas se ha militarizado cada vez más, lo que se suma al "miedo y terror de las personas desplazadas por la fuerza como resultado de la violencia generalizada causada por el crimen organizado", según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Al menos ocho soldados y policías que llegaron a reprimir los enfrentamientos salieron abaleados y heridos, según el gobierno estatal. Otro grupo de autodefensa, llamado las Autodefensas de Chenalhó, al parecer robó armas, municiones y chalecos antibalas de la Guardia Nacional, que llegó a apoyar a sus colegas heridos.
La reciente ofensiva se presenta en medio de una oleada de violencia contra líderes de comunidades indígenas en todo México. El 5 de julio, un asesino actuando solo ejecutó al activista por los derechos indígenas Simón Pedro Pérez López, de la organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal.
Pérez López había denunciado nexos entre políticos locales y grupos armados asociados al narcotráfico y otras actividades criminales, que aparentemente se han expandido en la región en los últimos años. Los primeros informes sugerían que estos grupos podrían tener vínculos con el Cártel de Jalisco de Nueva Generación (CJNG), pero InSight Crime no ha encontrado pruebas que apoyen esta afirmación.
Análisis de InSight Crime
Hay muchos interrogantes en torno a la violencia reciente en Chiapas. En primer lugar, se pensaba que el CJNG tenía una presencia mínima en el estado. Se conocen pocos detalles sobre los motivos del grupo para una posible incursión en el lugar.
Aun así, los ataques y asesinatos recientes no son un buen presagio para los grupos de defensa comunitaria que han sido por largo tiempo actores habituales entre las comunidades indígenas en todo el territorio mexicano. Estos ahora enfrentan una batalla difícil para repeler las incursiones de organizaciones criminales frente a la incapacidad del gobierno de garantizar su seguridad.
En lo corrido de este año, solo en Pantelhó, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció que el grupo criminal con conexiones políticas ha asesinado a otras 12 personas y desaparecido a una más. “Retenes, bloqueos e incursiones del grupo criminal en compañía de la policía estatal y municipal son el pan de cada día”, relata la fundación.
Es frecuente la presencia de grupos armados que actúan en colusión o con la venia de funcionarios del gobierno en la zona de Chiapas. A finales de 1997, un grupo paramilitar masacró a 45 niños, mujeres y hombres Tzotziles —todos ellos miembros de Las Abejas de Acteal— cuando asistían a un encuentro de oración, lo que se conoció como la masacre de Acteal. Veintidós años después, el gobierno federal admitió su participación en la no intervención deliberada para permitir que el grupo perpetrara la matanza.
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Hoy en día, la comunidad vuelve a criticar la inacción del gobierno y sus presuntos vínculos con grupos criminales. “El gobierno del estado de Chiapas tiene pleno conocimiento de la situación que impera en este municipio; no obstante, hasta el momento no ha actuado para proteger la vida, integridad y seguridad personal de la población”, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
La evidencia de ataques en otros lugares del estado indica que la violencia puede escalar aún más. El 8 de julio, presuntos sicarios del CJNG acribillaron a Gilberto Rivera Maravilla, alias “El Junior”, en la capital Tuxtla Gutiérrez. Este era hijo de Gilberto Rivera, alias “Tío Gil”, antiguo jefe del cartel de Sinaloa, quien presuntamente controlaba las operaciones del grupo en Chiapas y a lo largo de la frontera con Guatemala antes de ser capturado en 2016.
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