Por medio de una organización religiosa sin ánimo de lucro presuntamente se blanquearon varios millones de dólares de recursos públicos en República Dominicana, una muestra de cómo la vigilancia mínima de estos grupos religiosos hace de estas organizaciones vehículos ideales para la malversación de fondos.
El 10 de mayo, funcionarios de seguridad, un pastor y otras personas sospechosas de participar en el plan fueron detenidas preventivamente o bajo arresto domiciliario durante 18 meses como parte de una investigación en curso sobre cargos de blanqueo de dinero, falsificación de documentos públicos, fraude y otros delitos.
Entre los acusados se encuentra el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP)
Cáceres Silvestre está señalado de usar pagos de nómina y contactos fraudulentos para desviar dinero de instituciones de gobierno a la Asociación Campesina Madre Tierra, organización sin ánimo de lucro creada por él en 2015 supuestamente para promover los valores cristianos mediante la agricultura comunitaria, según revelaron documentos de la investigación del Ministerio Público.
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De acuerdo con los últimos reportes, Cáceres Silvestre, quien está acusado de realizar operaciones hasta por 3 mil millones de pesos dominicanos (US$52 millones) en transacciones no justificadas durante la presidencia de Danilo Medina (2012-2020), negó los cargos en una audiencia el 30 de abril.
También está acusada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, una pastora que presuntamente creó varias empresas utilizadas en el esquema de malversación, según la misma investigación.
Guzmán Sánchez también negó los cargos en la audiencia del 30 de abril.
Unos 213 millones de pesos dominicanos (US$3.7 millones), o casi el 90 por ciento de las ganancias de la Madre Tierra, provinieron de depósitos bancarios de terceros que no pudieron ser explicados, según la corte.
Guzmán Sánchez, quien está registrada como tesorera de la Asociación de Agricultores de la Madre Tierra, no pudo "justificar los activos en su nombre o las transacciones bancarias que ha llevado a cabo desde 2015 hasta la fecha", dijeron los fiscales en el archivo judicial.
La investigación hizo parte de la Operación Coral, una campaña anticorrupción de gran alcance, liderada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Otros sospechosos, entre quienes se cuentan operativos del ejército y agentes de la policía, así como altos funcionarios de gobierno, tienen investigaciones abiertas dentro de la misma causa.
Análisis de InSight Crime
Varios factores hacen de las iglesias y organizaciones no gubernamentales de carácter religioso figuras ideales para el lavado de dinero en República Dominicana.
Estas entidades tienden a tener diversas fuentes de ingresos provenientes de donaciones en efectivo y transferencias bancarias.
En el esquema de malversación de Madre Tierra, los documentos judiciales muestran que los sospechosos usaron a intermediarios de confianza, incluidos familiares, para depositar pequeñas sumas de dinero en cuentas bancarias, un método conocido como “pitufeo”, según informó Hoy.
También estas organizaciones pueden recibir grandes contribuciones por medio de transacciones bancarias, lo que las hace ideales para recibir grandes inyecciones de dinero. En muchos casos, las asociaciones religiosas no están obligadas por ley a divulgar la procedencia de esos pagos o su destinación, como explicó un experto al CLIP.
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Muchas organizaciones también recaudan dinero de otros países y tienen propiedades, lo que aumenta la complejidad al momento de tratar de rastrear los pagos.
Por otro lado, el proceso de regulación y verificación de estos grupos y sus líderes tiende a ser limitado. Para no parecer que interfiere con las libertades de culto, el gobierno permite cierto grado de ambigüedad en la definición de lo que constituye una iglesia, de acuerdo con CLIP.
En República Dominicana, “los líderes religiosos no están sujetos a tener ninguna afiliación formal o certificación que compruebe su pertenencia a una iglesia”, según la investigación de 2020 por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
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