El gobierno de Honduras ha intensificado su campaña contra las pandillas tras los recientes estallidos de violencia criminal, pero su respuesta limitada pasa por alto las variadas dinámicas de crimen organizado en juego.
La presidenta Xiomara Castro anunció nuevas medidas de seguridad el 22 y el 25 de junio, con las que reafirmaba el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, cuyo objetivo es frenar la violencia y la extorsión perpetradas por las pandillas en Honduras.
El gobierno delegó la administración de las prisiones a la policía militar e implementó toques de queda en Choloma y San Pedro Sula, las dos ciudades más grandes después de la capital Tegucigalpa.
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Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Castro en el Congreso, también se comprometió a designar como terroristas a todos los pandilleros.
Las nuevas medidas fueron una respuesta a dos episodios de violencia masiva los cuales fueron atribuidos a las pandillas por la policía.
Más recientemente, el 24 de junio, hombres armados vestidos de policías asesinaron a 13 personas, entre ellos cuatro sindicalistas de una fábrica en liquidación, en un billar de la ciudad de Choloma.
La masacre de Choloma ocurrió días después de la muerte de por lo menos 46 reclusas en un motín en el único penal femenino del país, hecho que ocurrió el 20 de junio. Presuntas integrantes de Barrio 18 prendieron fuego al pabellón que albergaba a internas de la banda rival MS13, y dispararon contra otras mujeres, muchas de las cuales no estaban afiliadas a ninguna pandilla.
Análisis de InSight Crime
El enfoque decidido del gobierno en las pandillas ataca solo una de las fuentes de violencia causadas por el crimen organizado en Honduras.
Por ejemplo, en los días entre el motín carcelario y la masacre en el billar se presentó el asesinato selectivo de una posible testigo en una investigación de alto perfil por narcotráfico. El 22 de junio, hombres con uniformes de la policía acribillaron a Ericka Julissa Bandy García, esposa de un presunto narcotraficante señalado de haber trabajado con el expresidente Juan Orlando Hernández, quien actualmente responde por cargos de tráfico de narcóticos en Estados Unidos.
Al cargar la culpa de la violencia en Honduras exclusivamente a las pandillas, el gobierno ignora la participación de otros actores, como las organizaciones narcotraficantes y las redes de corrupción.
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El gobierno de Honduras pareció inspirarse en su vecino El Salvador, donde una campaña indiscriminada contra las pandillas ha generado denuncias de derechos humanos pero también un reconocimiento general de que esta logró su propósito de entorpecer de manera importante las actividades de las pandillas y mantener la violencia a raya.
Pero la aplicación en Honduras de una estrategia de seguridad al estilo de El Salvador hasta ahora ha fracasado en el intento de controlar el crimen, debido a las diferencias de las dinámicas criminales en estos países, según le dijo Jennifer Ávila, directora del portal hondureño de noticias Contracorriente en conversación con InSight Crime.
“[En Honduras] los carteles de la droga juegan un papel fundamental en el control territorial, en el control de otros crímenes y en la política misma del país”, señaló. “así que es totalmente simplista copiar la propaganda bukelista [del presidente salvadoreño Nayib Bukele] de la 'mano dura' o 'guerra' contra las pandillas cuando en Honduras las estructuras criminales son más complejas y diversas”.
A pesar del éxito de El Salvador en la reducción del delito, los críticos sostienen que el costo económico de esa campaña la hace insostenible, y el no combinarla con programas dirigidos a resolver las causas de la delincuencia, como la pobreza, podrían llevar a un resurgimiento de las estructuras criminales. La imitación de este modelo por parte del gobierno de Honduras conlleva las mismas fallas. Así que aun cuando un redoblamiento de las medidas de seguridad produzca efectos inmediatos, los efectos a largo plazo pueden resultar limitados.
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