Las denuncias hechas por el gobierno venezolano sobre la presencia de minas antipersona en Apure evidencian la reciente expansión de esta táctica de guerra de las guerrillas colombianas hacia el país vecino.
A principios de abril, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció la siembra de minas antipersona por parte de los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el estado de Apure y solicitó apoyo a las Naciones Unidas para la destrucción de estos artefactos.
“Han traído la práctica de las minas antipersona, práctica asesina de los grupos armados de Colombia a Venezuela. Hemos perdido varios soldados venezolanos con las minas antipersonales […] han traído los métodos sucios, asquerosos, de la guerra colombiana a Venezuela y lo condeno”, dijo Nicolás Maduro en alocución televisada.
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El 15 de abril, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, escribió en su cuenta de Twitter que expertos de la ONU estaban coordinando con las fuerzas armadas para ayudar con el proceso de desminado.
Desde finales de marzo, miembros de las fuerzas armadas venezolanas e integrantes de la disidencia del frente 10 de las FARC, alineados con Miguel Botache Santillana, alias "Gentil Duarte", se han enfrentado en Apure por el control territorial, generando una grave situación humanitaria en esta zona fronteriza
A comienzos de abril el ministerio de defensa venezolano reveló que dos militares murieron a causa de la explosión de una mina antipersona en el estado de Apure, dejando además 9 militares heridos. Por su parte, el ministro Vladimir Padrino López, expuso que han desactivado 16 artefactos explosivos, específicamente minas antipersona desde el inicio de los enfrentamientos.
Análisis de InSight Crime
A pesar de los informes de estrechas relaciones entre ciertos elementos disidentes de las FARC, como la Segunda Marquetalia, y el gobierno venezolano, el despliegue de minas terrestres es un duro recordatorio de que la benevolencia de Caracas no se extiende a todos los grupos de las ex-FARC.
En Colombia, las guerrillas han sido las mayores responsables del uso de minas como arma de guerra y en años recientes la práctica se ha extendido a otros grupos criminales, quienes se han valido del uso de esta táctica para proteger rutas, cultivos, laboratorios y territorios claves para el funcionamiento de las economías ilegales.
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Y si bien Venezuela ha sido una zona importante para ciertas facciones disidentes que rechazaron el proceso de paz colombiano de 2016, su país pronto podría asumir el costo de antiguas tácticas guerrilleras desplegadas contra su pueblo y fuerzas de seguridad.
Desde 1995 el gobierno venezolano recurrió a la siembra de minas para proteger bases navales del accionar de grupos armados colombianos a lo largo de la frontera, sobre todo en el estado de Apure. Sin embargo, en mayo de 2013 el país fue declarado territorio libre de minas antipersona.
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