Los enfrentamientos entre mineros ilegales y comunidades indígenas en el norte de Brasil no son raros, pero los tiroteos recientes dan a entender algo: los mineros están convencidos de que se saldrán con la suya.
El 10 de mayo, mineros dispararon repetidamente contra los Yanomami, bloqueando su acceso a los proyectos de oro cerca de la aldea de Palimiú, estado de Roraima, según reveló Globo.
Júnior Hekurari Yanomami, presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena Yanomami y Ye'kuana (Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kuana, Condisi-YY), declaró a Globo que el ataque provocó un tiroteo caótico de media hora.
El incidente desencadenó una serie de ataques de una semana de duración contra la aldea, ubicada dentro de la Reserva Indígena Yanomami en el estado de Roraima, al norte de Brasil.
Al día siguiente, agentes de policía que se hicieron presentes en la aldea para investigar el caso fueron atacados por mineros desde un bote en el río Uraricoera, según una declaración de la policía a la que tuvo acceso Globo, luego de lo cual se desató otro tiroteo.
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Los mineros abrieron fuego contra miembros de la misma comunidad por tercer día consecutivo, según dijo Dário Kopenawa Yanomami, vicepresidente de la Asociación Hutukara de Yanomami (Hutukara Associação Yanomami - HAY) a Mongabay. Además, bombas de gas y disparos dirigidos a la comunidad continuaron durante el fin de semana, de acuerdo a Kopenawa Yanomami, esta vez citado por Globo.
Según los informes, cinco mineros murieron en el enfrentamiento inicial y tres resultaron heridos. Un varón adulto yanomami también resultó herido por un disparo no mortal en la cabeza. Citando a HAY, Globo informó que dos niños yanomami fueron encontrados muertos en el río Uraricoera dos días después del enfrentamiento.
Una carta abierta enviada a las autoridades de Roraima por la Asociación Hutukara (Hutukara Associação Yanomami, HAY) a finales de abril denunciaba que los mineros habían disparado contra un grupo de yanomamis en Palimiú, después de que los habitantes confiscaran 990 litros de combustible a un grupo de buscadores de oro.
Cerca de 27.000 yanomamis viven en la mayor reserva de Brasil, que se asienta a lo largo de la frontera del país con Venezuela. El área protegida cubre unas 9,6 millones de hectáreas, un territorio más extenso que Portugal.
En 2019, se denunció que unos 20.000 mineros ocupan el territorio.
Análisis de InSight Crime
Aunque desde hace mucho los mineros ilegales saquean las tierras de los yanomamis, el uso de la violencia se ha desbordado ante el alza de los precios del oro y el aislamiento de las comunidades, que quedaron solas en la defensa de sus territorios.
Según una nota informativa enviada a InSight Crime por el Instituto Igarapé —centro de pensamiento brasileño dedicado al estudio de temas de desarrollo emergente, seguridad y cambio climático—, las autoridades federales apoyan a los mineros ilegales. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro y sus aliados en el Congreso prometieron hacer más laxas las normas de inspección y legalizar la minería en tierras indígenas, lo que creó un "ambiente permisivo” para la expansión de la minería ilegal, como lo explicó el centro de pensamiento.
Esto ha dejado a los Yanomami casi solos en su defensa contra los mineros, mediante el uso de barricadas o la confiscación de los suministros para la extracción y el transporte del oro.
Paralelamente, ha desatado una respuesta hostil de los buscadores de oro, que tienen más que ganar que perder al responder a una combinación explosiva de picos en la cotización del oro e impunidad generalizada.
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En abril, el Institituo Igarapé también reveló cómo estos mineros ilegales cuentan además con el apoyo de contactos legales y criminales. En su informe, el centro de pensamiento reveló cómo los grupos criminales proporcionan a los mineros las herramientas y la maquinaria que requieren para extraer el oro y cómo empresarios legítimos han puesto aviones a su servicio para enviar materias primas al territorio Yanomami y para sacar el oro de allí.
Además, las bandas de minería ilegal reciben apoyo financiero o logístico de redes de empresas, como firmas de joyería, empresas de aviación, firmas de transporte y más.
Y la impunidad de la cual gozan se ha hecho más evidente en los últimos años.
Dos bases de monitoreo que el ejército usaba sobre los ríos Mucajaí y Uraricoera se cerraron a finales de 2018, por una “sobrecarga” de recursos militares. Ambos ríos son usados por los mineros para acceder a la reserva.
Desde entonces, el presidente Jair Bolsonaro parece haber fomentado las incursiones. En una entrevista en vivo difundida en Facebook en 2019, anunció que debía permitirse la minería y la agroindustria a gran escala en tierras indígenas, como las de los yanomamis.
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