Con una nueva ley que otorga inmunidad a funcionarios de El Salvador acusados de mala gestión de fondos de coronavirus y la renuncia de un fiscal que investiga gastos relacionados a la pandemia, el presidente Nayib Bukele y sus aliados no pierden tiempo socavando una importante investigación de corrupción dirigida a su administración.
La Asamblea Nacional ha aprobado legislación que impide la veeduría sobre las compras directas relacionadas con la pandemia y protege a los funcionarios de las denuncias de corrupción relacionadas con la adquisición de suministros COVID-19.
La ley, presentada al Congreso por instrucción de Bukele, fue aprobada el 5 de mayo, pocos días después de que el Congreso votara para expulsar al Fiscal General del país, Raúl Melara, quien en noviembre de 2020 había iniciado una investigación criminal sobre compras irregulares realizadas por funcionarios de Bukele utilizando fondos de emergencia. El partido de Bukele, Nuevas Ideas (Nuevas Ideas), tiene una mayoría calificada de 56 legisladores en la Asamblea Nacional, donde la ley fue aprobada con 64 de 84 votos.
Dos días después de la aprobación de la ley, el 7 de mayo, un alto fiscal anticorrupción presuntamente trabajando en investigaciones sobre el presunto error renunció a su cargo después de rechazar un traslado de la unidad anticorrupción de la Fiscalía General.
Según el Artículo 4 de la nueva legislación, los trabajadores y contratistas del sector de la saludo están protegidos de cualquier acusación o demanda penal o civil en relación con la adquisición de insumos médicos requeridos para combatir el COVID-19.
El ministerio de salud y otras ramas del Sistema Integrado de Salud Pública también quedan en libertad de adquirir insumos médicos directamente sin estar sometidos a la ley nacional de contratación de El Salvador, según el Artículo 8 de la nueva norma.
Además, la ley es retroactiva; la inmunidad que otorga cubrirá presuntos malos manejos desde el momento en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por el coronavirus, en marzo de 2020, según el mismo artículo.
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El gobierno sostiene que esa ley ayudará a “habilitar mecanismos eficientes para la adquisición de medicamentos para contrarrestar los efectos adversos del COVID-19”. La aprobación de la ley motivó críticas inmediatas de los legisladores de la oposición.
“No vamos a apoyar medidas que busquen la impunidad de funcionarios o empresarios que se hayan beneficiado ilegalmente de compras durante la pandemia”, tuiteó Anabel Belloso, diputada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Esas inquietudes fueron repetidas por Johnny Wright Sol, legislador por Nuestro Tiempo, quien dijo en un trino que “la pandemia no debería ser una justificación para que los fondos públicos sean manejados a oscuras”.
El gobierno de Bukele ha sido blanco de intensas críticas de dirigentes extranjeros por la remoción del fiscal general Melara, entre ellos la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, quien expresó “honda preocupación” por la democracia y la independencia judicial de El Salvador en un trino el 2 de mayo.
Análisis de InSight Crime
Con la aprobación de las nuevas medidas, los legisladores han ahondado los temores de que Bukele planee usar la mayoría de su partido en el congreso para archivar las investigaciones por corrupción que puedan afectar su administración.
Según la nueva legislación, ahora es mucho más difícil que la Fiscalía General continúe sus investigaciones por las compras superiores a US$155 millones realizadas por el gobierno durante la pandemia dle coronavirus.
Eso incluye las investigaciones contra el ministerio de salud, en cabeza de Francisco Alabí, quien presuntamente adquirió US$225.000 en botas de caucho a una empresa de propiedad de una tía suya.
La cartera de salud de Alabí también compró US$250.000 en mascarillas con sobreprecio a una firma de reciclaje de propiedad del jefe del Fondo Ambiental del país, según denunció Salud con Lupa.
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La Fiscalía General también investigaba contratos oficiales asignados a empresas sin experiencia en el suministro de insumos médicos, entre ellas un contrato por US$12 millones con el ministerio de salud otorgados a una empresa automotriz de Madrid y otro por valor de US$5,6 millones a una tienda de baldosas en Miami, como informó El Faro.
Según la nueva legislación, ni el gobierno ni los contratistas nacionales o extranjeros asumirán responsabilidad legal o financiera de ningún tipo por este tipo de negocios.
También estaba investigado el ministro de finanzas de Bukele, José Alejandro Zelaya, quien está vinculado a una empresa que vendió 300.000 mascarillas al ministerio de salud por un total de US$750.000, el doble del precio de fábrica.
Michael Paarlberg, profesor asistente de ciencia política en la Universidad de Virginia Commonwealth, dijo a InSight Crime que la nueva ley es “un presagio de la obstrucción a futuros casos de presunta corrupción, y un mayor abuso del sistema judicial con fines partidistas, en la búsqueda de Bukele por controlar o acabar con cualquier institución que pueda ejercer una veeduría demasiado estrecha sobre su administración y sus finanzas”.
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