La inseguridad está aumentando en Paraguay, y el gobierno les está facilitando a los grupos criminales el reclutamiento de nuevos miembros, al encarcelar a miles de personas acusadas de algún delito junto con verdaderos criminales.
Muchos países latinoamericanos emplean la práctica conocida como prisión preventiva, mediante la cual se encarcela a los sospechosos antes de que hayan enfrentado un juicio. Pero Paraguay supera a los demás países de la región, pues dos tercios de los presos del país aún están a la espera de una sentencia, según datos del Instituto de Investigación de Políticas Criminales y de Justicia (Institute for Crime & Justice Policy Research) de la Universidad de Londres.
En Paraguay ha aumentado la práctica de la prisión preventiva en las últimas dos décadas, como una manera de responder a las preocupaciones relacionadas con el crimen, pero al parecer esta política ha fracasado. La criminalidad está aumentando y los ciudadanos exigen respuestas.
Entre el primer y el segundo semestre del año pasado, los atracos y hurtos aumentaron un 6%, según datos de la Policía Nacional. Este aumento ha seguido su curso durante el primer trimestre de 2023: un informe del Ministerio Público muestra que los robos aumentaron un 10% entre enero y marzo de este año, pasando de 6.665 a 7.351.
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En Alto Paraná, zona de alta criminalidad, una ola de violencia condujo al nombramiento de un nuevo comisionado de policía a principios de julio de este año.
El uso excesivo de la prisión preventiva en Paraguay no solo no ha logrado contener la delincuencia, sino que quizá está favoreciendo la creciente inseguridad. Dicha práctica pone en contacto a quienes aún no han sido acusados con criminales experimentados, por lo que son vulnerables a ser reclutados. Esto es especialmente cierto en las atiborradas cárceles de Paraguay, donde las autoridades ceden gran parte del control a los prisioneros.
El aumento de la prisión preventiva
La alta proporción de personas que aún no han sido juzgadas en Paraguay es el resultado de la política de prisión preventiva del país, donde los jueces encarcelan a cualquier persona sospechosa de algún delito.
“Antes, en Paraguay había un estimativo de qué medidas se tenían que dar según el tipo de delito por el que alguien estaba siendo acusado”, le dijo a InSight Crime el sociólogo Carlos Peris, de la Universidad Nacional de Asunción. Ahora, simplemente lo envían a la cárcel, dice el experto.
La política criminal del país cambió a finales de los noventa y principios de la década de 2000, como apunta Jorge Rolón Luna, abogado e investigador de la Universidad Católica de Asunción. La violencia continuó aumentando, y la tasa de homicidios de Paraguay alcanzó su punto máximo en 2002, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
En entrevista con InSight Crime, Rolón Luna resumió la actitud actual hacia el crimen en Paraguay: “¿Persona imputada por un delito? Persona que tiene que ir a la cárcel. Después se averiguará si esa persona cometió algún delito o no”.
Esta política condujo a un aumento constante de la población carcelaria de Paraguay. En el año 2000, había 60 paraguayos por 100.000 en prisión; para 2020, esa cifra aumentó a 194, según el Instituto de Investigación de Políticas Criminales y de Justicia.
La sobrepoblación carcelaria se debe al uso excesivo de la prisión preventiva y al lento procesamiento de los casos de los detenidos por el sistema de justicia, como apunta Rolón Luna.
Como resultado de los retrasos en el sistema judicial y del uso excesivo de la prisión preventiva, en Paraguay hay 16.105 personas privadas de la libertad; la capacidad oficial de todas las cárceles del país es de 9.985 personas.
En la mayoría de las cárceles paraguayas, el número de personas en espera de juicio excede por sí solo la capacidad oficial de las instalaciones.
El crimen organizado avanza en cárceles hacinadas
A medida que la población carcelaria ha aumentado, las condiciones en las instalaciones han empeorado. No hay suficientes guardias, por lo que estos son incapaces de detener la violencia o proteger a los reclusos.
“Esta dinámica hace que los presos que están ahí sin una condena busquen la manera de sobrevivir porque las condiciones de vida dentro de las prisiones son muy complicadas”, afirma Carlos Peris. “Una buena manera de sobrevivir el día a día es afiliarse a uno de estos grupos [criminales]”, agrega.
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Las pandillas han asumido el control dentro de muchos centros de detención paraguayos, donde los reclusos cocinan drogas a plena vista, cometen brutales actos de violencia, o incluyendo el asesinato de un exdirector de prisiones.
A menudo, las personas en espera de juicio no pueden ser separadas de los miembros de grupos criminales o de otros presos peligrosos. Esto significa que alguien sospechoso de robar algo del bolsillo de otra persona puede estar compartiendo el mismo espacio con criminales avezados.
De hecho, por mucho tiempo los grupos del crimen organizado de Paraguay han aprovechado las oportunidades de reclutamiento que encuentran en las superpobladas cárceles para ampliar sus filas. Ejemplo de ello es el Clan Rotela, que, aunque tuvo sus inicios en las cárceles de Paraguay, comenzó a centrarse en el reclutamiento al interior de las prisiones después de que su líder, Armando Javier Rotela, fuera enviado a la prisión Nacional de Tacumbú en 2016. Incluso con Rotela en la cárcel, el grupo ha continuado su imperio de microtráfico.
Tal vez el grupo criminal más grande en Paraguay hoy en día es el Primer Comando de la Capital (PCC). Esta pandilla comenzó como un grupo de autoprotección después de una masacre en la prisión de Carandiru, en São Paulo, Brasil, en 1992. En tanto iba creciendo, el PCC aprovechó la inseguridad de las hacinadas cárceles para reclutar nuevos miembros, pasando de solo ocho presos a 10.000. El grupo se expandió a Paraguay, donde controla muchas de las rutas de tráfico de este país hacia Brasil. Cientos de miembros del PCC han sido arrestados en Paraguay, y si bien algunos han sido deportados a Brasil, otros permanecen en cárceles paraguayas, lo que lleva a violentos enfrentamientos con miembros del Clan Rotela.
Un tema regional
Aunque Paraguay tiene la tasa de prisión preventiva más alta de Suramérica, no es el único país donde el crimen organizado ha aprovechado el hacinamiento carcelario causado por esta política.
El país con la segunda tasa más alta de prisión preventiva es Bolivia, donde el 66% de los privados de la libertad no han sido sentenciados, según el Instituto de Investigación de Políticas Criminales y de Justicia. El abuso de la prisión preventiva en Bolivia ha provocado que el número de reclusos se eleve hasta el 264% de la capacidad de sus cárceles, y que el crimen organizado se haya arraigado en dichas instalaciones. En Palmasola, la prisión más grande del país, los reclusos tomaron el control y comenzaron a traficar armas y drogas. Desde entonces, en la prisión se han presentado letales motines y los prisioneros han llegado a usar lanzallamas caseros en sus enfrentamientos por el control.
Con el 62,5% de los presos en espera de juicio, la tasa de prisión preventiva de Venezuela es la tercera más alta. Allí, el grupo criminal más poderoso es el Tren de Aragua. Al igual que el PCC, el Tren de Aragua se formó al interior de una prisión y luego se expandió a otros países. Aunque se enfoca en la extorsión, el Tren de Aragua tiene una cartera criminal diversa: aprovechó la crisis de refugiados venezolanos para convertirse en un actor importante en el tráfico de migrantes y ha cometido secuestros en Venezuela, Colombia, Perú y Chile. A pesar de ser un grupo criminal internacional, el Tren de Aragua todavía es manejado desde el interior de las prisiones.
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