En un momento en que las élites socavan las iniciativas anticorrupción a lo largo de Centroamérica, en Costa Rica los fiscales han abierto una investigación de amplio alcance sobre un esquema de dádivas entre funcionarios de gobierno y ejecutivos de la construcción, una prueba de fuego para el sistema de justicia del país.
A mediados de junio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó 57 allanamientos, incluidos varios en las oficinas de altos asesores de la presidencia, en conexión con una estructura en la que firmas constructoras ofrecían dádivas, propiedades, vehículos de lujo y favores sexuales a cambio de un trato preferente para asegurar contratos gubernamentales en proyectos de infraestructura. Se hicieron 30 arrestos en lo que se ha llamado el caso “Cochinilla”, según un comunicado oficial.
Entre 2018 y 2020, las autoridades estiman que los servidores públicos se apropiaron de manera indebida de cerca de 78 mil millones de colones (unos US$125 millones). Los ejecutivos de la construcción crearon facturas falsas y contratos con sobreprecios para compensar las coimas pagadas a los funcionarios de gobierno, según los investigadores.
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Entre los implicados hay miembros del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de Costa Rica, altos ejecutivos de las constructoras H. Solís y MECO y un alto consejero del presidente Carlos Alvarado, quien niega las acusaciones pero presentó su renuncia a raíz de los hechos.
En un contrato por un monto de varios millones de dólares otorgado por Conavi a MECO a mediados de 2018, los directivos de MECO presuntamente pagaron sobornos para manipular las pruebas de control de calidad y ocultar el hecho de que estaban usando asfalto deficiente, según informes sobre el expediente, a los que tuvo acceso La Nación. Al final se pagó a la empresa por terminar el proyecto y evitó el pago de multa alguna.
El presidente Alvarado declaró que sentía “enorme indignación” por el escándalo, calificó la corrupción de “inaceptable” y prometió llevar a la justicia a los responsables.
Análisis de InSight Crime
El caso Cochinilla nos da la oportunidad de mostrar que el sistema de justicia de Costa Rica está en capacidad de procesar casos de corrupción de alto nivel sin ayuda externa, pero no será fácil.
Desde la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2007, se ha hecho énfasis en la necesidad de organismos investigativos internacionales para frenar de manera efectiva la corrupción en las altas esferas del poder. Pero desde entonces la CICIG y otras comisiones de su tipo han sido desarticuladas por los gobiernos nacionales, lo que muestra que estos organismos tienen sus límites y no son garantía contra la interferencia de funcionarios de gobierno.
De hecho, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) enfrentó todo tipo de obstáculos hasta que el gobierno se negó a renovar su mandato en 2020. Y el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador (CICIES) terminó de manera abrupta este mes después de romper relaciones con la Organización de Estados Americanos (OEA). Sus investigaciones sobre presunta corrupción en relación con el gasto del actual gobierno por la pandemia desencadenaron la resistencia del gobierno.
Costa Rica ha tomado un rumbo distinto al de sus vecinos centroamericanos. El país es uno de los que mejor desempeño exhibe en acciones contra la corrupción en Latinoamérica, con la ayuda de su propio sistema judicial independiente, según el Índice que mide la Capacidad de Lucha Anticorrupción de 2021, en el que se estudiaron 15 países de Latinoamérica. El país se situó por encima del promedio en su capacidad legal, democracia e instituciones políticas, según precisa el informe. Obtuvo casi el doble de puntos que Guatemala, y, según el informe, solo fue aventajado por Chile y Uruguay.
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Pero otros indicadores, como la falta de transparencia, “ineficiencias” judiciales y el “estancamiento” de casos muy sonados, indican que las “iniciativas anticorrupción avanzan lentamente”, según recogió el informe. Las autoridades costarricenses también han combatido la corrupción institucional. En enero de 2021, una investigación del OIJ implicó a un juez y un técnico judicial por colusión al poner sobre aviso a narcotraficantes para evitar ser capturados.
Dado el número de figuras importantes de los sectores público y privado implicadas en el caso Cochinilla —incluyendo algunos cercanos al presidente— los fiscales deberán estar alertas frente a los intentos de miembros de la élite de influenciar el avance de la investigación. En el pasado, operadores políticos en líos por corrupción en todo Centroamérica se han salido con la suya y logrado tumbar dichas investigaciones.
Por el momento, los arrestos son una señal positiva de que las autoridades costarricenses han construido un caso fuerte con evidencia al parecer sólida, todo lo cual se logró sin el apoyo de un organismo internacional anticorrupción.
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