Fiscales de República Dominicana han arrestado a varios funcionarios públicos señalados de otorgar lucrativos contratos con el gobierno a cambio de millones de dólares en coimas. Este es un esquema de corrupción común en toda Latinoamérica.
Wilson Camacho, jefe de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), afirmó que la evidencia en el llamado Caso Medusa es "más que suficiente", según un comunicado de prensa del 8 de julio.
La investigación se centra en el periodo de 2016-2020 del exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez. Los fiscales alegan que este hacía parte de una red criminal que entregó contratos del gobierno para proyectos demasiado costosos, innecesarios y de baja calidad a cambio de sobornos, con lo cual defraudó al estado cerca de seis mil millones de pesos dominicanos (más de US$100 millones), según una copia de la imputación obtenida por InSight Crime.
Siete de los ocho funcionarios acusados han sido privados de su libertad y puestos en detención preventiva, mientras que el último de los acusados se encuentra fugitivo, según noticias de medios locales.
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Los funcionarios anticorrupción han confiscado vehículos de lujo, docenas de facturas falsificadas y han compilado 5.800 páginas de evidencia que planean usar en el caso. Los acusados enfrentan cargos que van desde fraude y malversación hasta enriquecimiento ilícito y lavado de activos, según la Procuraduría General de la República.
Uno de los esquemas más notorios investigados en el Caso Medusa incluye el "Plan de Humanización". El proyecto pretendía renovar y reconstruir las prisiones del país para reducir el hacinamiento y crear un entorno carcelario más sano y seguro, enfocado a la rehabilitación. En lugar de eso, el proyecto estuvo marcado por la mala construcción de las edificiaciones y la falta de pagos, entre otras deficiencias. Los fiscales anticorrupción calificaron el proyecto de "fraude" que "desangró" el erario público.
El caso Medusa se suma a la lucha anticorrupción que actualmente libra República Dominicana. En 2018, el expropietario del Banco Peravia fue sentenciado tres años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de participar en un complot para blanquear miles de millones de dólares. El banco fue usado para "pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano a cambio de contratos para realizar esquemas de cambio de divisas y blanquear el dinero obtenido", según el Departamento de Justicia estadounidense.
Algunos funcionarios de República Dominicana también se vieron implicados en el escándalo de Odebrecht, mediante el cual se otorgaron proyectos oficiales sobrefacturados a la megaconstructora brasileña a cambio de prebendas para representantes del gobierno.
Análisis de InSight Crime
El esquema de corrupción por millones de dólares una vez más pondrá a prueba el sistema de justicia de República Dominicana en un momento en que tiene dificultades para lograr judicializar otros casos de alto perfil.
El caso de Odebrecht, por ejemplo, ha estado marcado por dilaciones y problemas administrativos, incluida la no comparecencia de testigos claves y el concepto del juez que determinó que los investigadores no habían presentado evidencia suficiente recabada por sus propios medios. En medio de esas luchas, los fiscales han recibido críticas por la impunidad continuada de la corrupción de alto nivel en el país.
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De hecho, la nación caribeña tiene una de las peores calificaciones de la región en cuanto a corrupción, según el Índice de Capacidad para Enfrentar la Corrupción (Capacity to Combat Corruption Index) de 2021. Sin embargo, el informe señaló que República Dominicana presentó una mejoría considerable en relación con el año anterior y que ha habido un "impulso contra la corrupción por parte del presidente Luis Abinader".
Aun así, estos fracasos han calado hondo en la opinión pública. El 93 por ciento de los dominicanos opina que “la corrupción en el gobierno es un problema mayor", según el Barómetro Global de la Corrupción, presentado por Transparencia Internacional en 2019.
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