Una jueza de Guatemala, considerada recientemente por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una “mujer valerosa”, afirma que está siendo atacada por el Ministerio Público de su país debido a su trabajo en casos de corrupción de alto perfil.
En poco menos de una semana, el Ministerio Público de Guatemala ha presentado dos solicitudes para retirar la inmunidad de la jueza Erika Lorena Aifán Dávila, alegando que abusó de su autoridad al asumir casos sin la aprobación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que les asigna casos importantes a altos magistrados. Las solicitudes se presentaron en dos comunicados de prensa publicados el 13 y 18 de enero. Si se le retira su inmunidad, Aifán Dávila podría ser arrestada y enjuiciada.
La jueza ha negado las acusaciones, afirmando que está siendo “criminalizada” por su trabajo en casos delicados como jueza del Juzgado de Mayor Riesgo de Guatemala. Estos casos incluyen una investigación de corrupción que implica a algunos de los principales operadores políticos del país, así como una polémica investigación en torno a un destacado periodista.
“Yo no he cometido ningún delito”, le dijo Aifán a InSight Crime, agregando que las medidas del Ministerio Público violan las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dicha comisión regional, que hace parte de las Naciones Unidas, le indicó “al Estado de Guatemala que debe cesar el hostigamiento en mi contra”, afirma Aifán Dávila, quien ya había recibido amenazas previamente.
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Un portavoz del Ministerio Público le dijo a InSight Crime que el organismo tiene pruebas “sólidas y concluyentes” para respaldar sus acusaciones, y agregó que “en ningún momento ha amenazado la independencia judicial [de Aifán Dávila]”.
Las medidas contra la jueza provocaron reacciones violentas en el país y en el extranjero. En un comunicado, la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (FECAJUD), una asociación regional, expresó su preocupación por las “acusaciones espurias” que pretenden hostigar a los jueces, y señaló que existe un intento sistemático de sabotear los casos de corrupción.
El Departamento de Estado de Estados Unidos se refirió a las recientes acciones del Ministerio Público de Guatemala como “un flagrante intento de obstruir las investigaciones sobre corrupción y una afrenta a la integridad de las altas cortes de Guatemala”.
En 2021, el Departamento de Estado le otorgó a Aifán Dávila el Premio Internacional a las Mujeres Valerosas (International Women of Courage Award), reconociendo su trabajo en casos de corrupción y crímenes de guerra a pesar de enfrentar amenazas de violencia. “Ella se ha convertido en un ícono en Guatemala en la lucha contra la corrupción, los intentos de aumentar la transparencia y las acciones para mejorar la independencia en el sector judicial”, dice el Departamento de Estado en el anuncio del premio.
Análisis de InSight Crime
Dado que ya muchos fiscales anticorrupción han salido de escena, Aifán Dávila queda como la principal jueza atacada por las fuerzas al interior del Ministerio Público. El ataque pone en peligro el estado de derecho y erosiona aún más la labor contra la impunidad.
El ataque más llamativo se produjo el año pasado, tras la destitución del fiscal antiimpunidad Juan Francisco Sandoval, quien está exiliado en Estados Unidos después de que un tribunal emitiera una orden de arresto por su presunto incumplimiento del deber y obstrucción a la justicia. Además, el Ministerio Público ha llevado a cabo reestructuraciones internas para alejar a ciertos fiscales de casos de corrupción significativos.
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La medida quizá empeorará las tensiones entre Washington y Guatemala. El Departamento de Estado ya sancionó a la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras, acusándola de obstruir las investigaciones. Otros altos funcionarios estadounidenses han expresado repetidamente su preocupación por las acciones de Porras.
La suerte de Aifán Dávila recae actualmente en la Corte Suprema de Guatemala, que decidirá si confirma o rechaza la solicitud del Ministerio Público de retirarle la inmunidad. La Corte Suprema tiene un oscuro historial en este tipo de decisiones. En los últimos años, los jueces han protegido a políticos acusados de corrupción que tienen el riesgo de perder su inmunidad, entre ellos varios destacados legisladores y el expresidente Jimmy Morales.
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