Una serie de ataques a oleoductos en el departamento de Santander, noreste de Colombia, atribuidos por el ELN, pueden ser un despliegue de fuerza de cara a las próximas elecciones en el país.
El gobierno colombiano ofreció una recompensa de 20 millones de pesos colombianos (US$5.000) por información que permitiera conocer los responsables de una serie de ataques recientes a la infraestructura petrolera de Ecopetrol en Santander.
Las medidas del gobierno se conocieron una semana después de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicara un comunicado en su sitio de internet, donde se atribuía la responsabilidad de cuatro hechos de sabotaje a la infraestructura en las inmediaciones del campo petrolero de La Cira Infanta, cerca de la ciudad de Barrancabermeja.
El 15 de octubre, dos explosiones dejaron parado el oleoducto Ayacucho Galán 8. Un mes antes, se ejecutaron dos explosiones con unas horas de diferencia casi en el mismo lugar. La primera destruyó una línea de transferencia de 12 pulgadas y la segunda apuntó a un oleoducto por el que corría crudo desde la Planta de Deshidratación El Centro hasta la refinería de Barrancabermeja. A raíz de los atentados, se interrumpió temporalmente la producción en los campos.
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El ELN manifestó en su comunicado que los ataques buscaban "abrir un debate" sobre el uso de los recursos petroleros por parte del Estado. La guerrilla en Colombia ha atacado históricamente la infraestructura de Ecopetrol, la empresa petrolera en la que el Estado colombiano es el mayor accionista.
Según Reuters, en lo corrido de 2021 hasta septiembre, se registraron 28 ataques. En 2020, Ecopetrol registró 51 atentados a su infraestructura petrolera.
Análisis de InSight Crime
Aunque estos ataques a la infraestructura son comunes, es notable que el ELN se haya atribuido la participación en estos nuevos hechos de manera tan pública, lo que puede hacer parte de una estrategia más amplia para recordarle a quienes se encuentran en el poder la amenaza que plantea la guerrilla al estado.
Los ataques a los oleoductos son un trillado modus operandi para el ELN, que los usó liberalmente en los años noventa, especialmente en Santander y otras zonas de la región de los Llanos Orientales de Colombia. La extorsión a las petroleras fue una fuente crucial de ingresos para la supervivencia del grupo en esa época.
La ubicación geográfica de estos ataques recientes también es importante. La región de Santander tiene un valor simbólico para el ELN, pues allí se originó en la década de 1960. La primera formación del grupo se dio en las pequeñas poblaciones de San Vicente de Chucurí y Simacota.
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Más recientemente, el grupo ha usado los ataques a los oleoductos como señal de fuerza en momentos estratégicos claves. En 2016, el grupo atacó el segundo oleoducto más grande del país, Caño Limón-Coveñas, en un intento por presionar al gobierno para iniciar las negociaciones de paz con el grupo, en un momento en que ellas estaban en fase exploratoria.
Como estrategia, los hechos repitieron con el uso de explosiones a oleoductos por parte de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC) para presionar al gobierno colombiano durante las negociaciones de paz a comienzos de la década de 2010.
Ahora, el ELN —el ejército guerrillero más fuerte que queda en Colombia— está en posición de desplegar su poderío. El grupo ha crecido en los últimos cuatro años, e incluso afirmó su posición en Venezuela.
En 2020, el grupo impuso un paro armado nacional de 72 horas en 9 departamentos de Colombia, que paralizó gran parte del territorio rural del país. En 2019, el ELN se atribuyó la responsabilidad de una explosión en la Academia Nacional de la Policía en Bogotá, que dejó 22 cadetes muertos.
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