La muerte violenta de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez Rodríguez mientras estaba detenida en una celda policial en La Esperanza, Intibucá, en el sur del país, ha vuelto a revivir los fantasmas de la brutalidad y la impunidad que han rodado a la Policía Nacional de Honduras desde hace décadas.
El sábado 6 de febrero pasado, poco antes de la medianoche, agentes de la Policía detuvieron a Keyla Martínez y a un hombre en una calle de La Esperanza, donde una patrulla los había interceptado tras recibir una denuncia por "escándalo en la vía pública". Los encerraron en carceletas separadas en la estación policial de la ciudad.
A eso de las 2:30 a.m., de acuerdo con el primer reporte policial, la joven fue encontrada moribunda en la celda; la Policía se apresuró a decir que Martínez se había intentado suicidar.
De acuerdo a esa versión policial, Keyla se trató de ahorcar con su camisa y aún presentaba signos vitales cuando llegó al hospital local al que fue trasladada desde la estación policial. "Cuando ella se encuentra en la celda todavía está con signos vitales y es trasladada al hospital, posteriormente ella fallece en el hospital de Intibucá", dijo el 7 de febrero el oficial Melvin Alvarenga, destacado en La Esperanza.
El reporte que levantó el personal médico que recibió el cuerpo de la joven contradice esa primera versión: Keyla Martínez ya había muerto cuando ingresó al hospital, según publicó Tiempo Digital.
VEA TAMBIÉN: Nuevas dudas acechan depuración de policía de Honduras
El 12 de febrero, seis días después de la muerte de Keyla y tras ser liberado, Edgar José Velásquez Orellana, el hombre capturado junto a la joven, dijo en un entrevista televisiva que él la había escuchado diciendo "Yo me quiero morir" pocas horas antes de su muerte. La familia de Keyla Martínez restó credibilidad a esas declaraciones.
Muy pronto, los primeros datos de medicina forense reportados por el Ministerio Público (MP) contradecían la versión del suicidio, y la vocería nacional de la Policía Nacional se vio obligada a cambiar el discurso al decir que no se descartaba ninguna hipótesis.
La Policía ha abierto una investigación a los agentes involucrados con el arresto y traslados de Keyla Martínez, y recalificó el hecho preliminarmente como un homicidio, algo que ya hizo también el MP. Yuri Mora, vocero del MP, ha dicho que la causa preliminar de la muerte de la joven es asfixia mecánica, lo cual no es consistente con un suicidio, según publicó Proceso Digital.
Aún no hay resultados definitivos de la autopsia de Keyla Martínez, pero una fuente anónima relacionada con la investigación dijo a Criterio que el cuerpo de la joven presentaba golpes contundentes en la cabeza, cuello y boca provocados con un objeto plano. Los análisis sugieren, además, que alguien introdujo objetos extraños en la boca de la víctima. Los forenses también practicaron pruebas vaginales para determinar si hubo abuso sexual, pero esos resultados aún no se conocen.
Un agente del MP que habló con InSight Crime desde el anonimato por razones de seguridad, aseguró que una hipótesis de investigación es que la joven murió como producto de una golpiza propinada por agentes policiales en la sede policial de La Esperanza. "Es un patrón de abuso policial común en las cárceles", dijo.
Por ahora, seis agentes destacados en La Esperanza han sido sometidos a exámenes forenses.
Análisis de InSight Crime
El caso de Keyla Martínez parece ser un doloroso recordatorio de un patrón que se ha vuelto común cuando alguien muere en custodia policial o a manos de agentes del Estado en Honduras: utilizar la versión del suicidio como una forma de encubrimiento.
No está claro aún cuál es el móvil de una muerte que, a la luz de las primeras evidencias ha sido calificada como homicidio. Una fuente del MP citada por Criterio ha dicho que se investiga la posible existencia de un grupo de exterminio en la sede policial de La Esperanza, que se supone ha sido responsable de varios feminicidios en el departamento de Intibucá. Lo Policía Nacional ha rechazado esa versión.
Hedme Castro, directora de la organización de protección de derechos humanos ACI Participa y quien ha acompañado a la familia de Keyla Martínez desde las horas posteriores a la muerte, no duda en decir que este caso prueba la existencia de grupos de exterminio en la policía hondureña.
"Es la prueba viviente de los grupos de exterminio, de la impunidad con que cometen sus delitos y de cómo hacen uso excesivo de la fuerza", dijo Castro.
Julissa Villanueva, ex directora de la unidad de medicina forense del MP, concide con que este caso presenta un patrón similar a otros. "La muerte bajo custodia es responsabilidad del Estado", aseguró.
VEA TAMBIÉN: Las dos muertes de la agente Sherill Hernández en Honduras
En enero de 2018, un hombre que había sido detenido en Choluteca, al sur del país, acusado de pertenecer a la pandilla MS13 fue estrangulado; la Policía también dijo, en un principio, que se trató de un suicidio, pero luego un agente policial fue culpado del asesinato.
Sherill Yubissa Hernández, agente del Ministerio Público, también fue asesinada en el departamento de Copán. Una de las hipótesis de esa investigación es que sus propios compañeros la mataron. A la fecha, las autoridades hondureñas insisten en que Hernández se suicidó.
Amnistía Internacional ha pedido al Estado hondureño una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de la muerte de Keyla Martínez. Mientras tanto, pobladores de La Esperanza se han manifestado para pedir lo mismo a la Policía Nacional, lo cual ha provocado enfrentamientos violentos en la ciudad.
SUSCRIBIRME