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Los 4 retos de seguridad que le esperan al próximo presidente de Ecuador

ECUADOR / 20 ABR 2021 POR SHANE SULLIVAN ES

El próximo presidente de Ecuador enfrentará diversos desafíos de seguridad sin precedentes, dado que la violencia en las prisiones ha llegado a niveles récord, la corrupción del país está llamando la atención internacional, y la situación criminal en la frontera con Colombia sigue agravándose.

En un giro sorprendente, Guillermo Lasso, un banquero de 65 años, se convirtió en el presidente electo de Ecuador el pasado 11 de abril, a pesar de que en la primera vuelta estuvo 12 puntos por debajo de Andrés Arauz, candidato de izquierdas. Lasso se convertirá en el primer político de derecha en asumir la presidencia de Ecuador después de dieciocho años.

Pero dado que los índices de crímenes violentos y asesinatos en Ecuador han venido creciendo, el gobierno entrante de Lasso se verá obligado a cumplir con la retórica de «combate al crimen» empleada a lo largo de la campaña. Lasso ha prometido «cero impunidad» para la delincuencia, «mano de hierro para asesinos y violadores» y una mayor cooperación con los socios internacionales para combatir el narcotráfico. 

1. Pandillas carcelarias

Los niveles sin precedentes de enfrentamientos entre pandillas serán uno de los principales desafíos de seguridad de Lasso como presidente. En los últimos dos años, el país ha experimentado una escalada de violencia entre pandillas en las cárceles —un tipo de violencia que suele asociarse con Brasil o Venezuela—. Y a pesar de que el presidente saliente, Lenín Moreno, adelantó varias iniciativas para mitigar la violencia de las pandillas en el sistema penitenciario, sus políticas quizá empeoraron las cosas.

En 2019, Moreno declaró la crisis carcelaria y movilizó a los militares para que ayudaran a aplacar las guerras entre pandillas. Con el fin de desarticular las estructuras jerárquicas de liderazgo de estos grupos, numerosos líderes y miembros de las pandillas fueron transferidos a otras instalaciones. Sin embargo, al parecer esto condujo a la conformación de subgrupos, que están poco vinculados a sus antiguas estructuras y se enfrentan en guerras de poder por todo el país. Como resultado, 2020 fue el año más sangriento registrado en las prisiones, donde hubo un récord de 43 homicidios —un aumento con respecto a los 32 de 2019 y los 11 de 2018—.

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Los homicidios cometidos hasta febrero de 2021 superaron el total de los dos últimos años, después de que los ataques coordinados en cuatro prisiones el 23 de febrero dejaron un saldo de al menos 75 reclusos muertos. Los ataques estuvieron dirigidos a miembros de Los Choneros, una de las pandillas más antiguas de Ecuador, con el fin de disputarles su control de las economías criminales.

La competencia de las pandillas por el tráfico de drogas ha trasladado la violencia carcelaria de Ecuador por fuera de las prisiones, donde las pandillas se disputan el control de las rutas de microtráfico y la venta de drogas en las calles. Dicha competencia también provoca enfrentamientos entre pandillas rivales, que a menudo asesinan a sus contrincantes que han salido recientemente de prisión.

En los primeros tres meses de 2021, la ciudad de Guayaquil registró 122 asesinatos, de los cuales el 60 por ciento era de personas que habían salido recientemente de prisión. Para mitigar el problema, la policía implementó un sistema de alerta de emergencia para 80 exconvictos, que les permite informar a las autoridades sobre su ubicación en caso de ataques selectivos.

Lasso se ha comprometido a aumentar el número de cámaras de seguridad y otras tecnologías de vigilancia para identificar la violencia callejera y actuar frente a ella. Ecuador cuenta actualmente con 4.300 cámaras en todo el país para identificar casos de narcotráfico, atracos y asesinatos en las calles. Pero está por verse si este aumento de la vigilancia tecnológica será realmente efectivo.

2. Narcotráfico

Ecuador es un importante punto de tránsito de cargamentos de cocaína y heroína provenientes de Colombia y Perú, que fluyen a través de las porosas fronteras terrestres de Ecuador, para luego partir hacia Estados Unidos y Europa. Las autoridades ecuatorianas estiman que el 70 por ciento de las drogas que pasan por el país salen por puertos marítimos, donde las redes de corrupción pasan los cargamentos por los controles y les permiten a los traficantes continuar sin ningún problema.

En 2020, las autoridades ecuatorianas incautaron una cantidad récord de 128 toneladas de drogas, un aumento del 36% con respecto a 2019. Según datos del Informe Anual de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes del Departamento de Estado de Estados Unidos, el número de inspecciones de contenedores en los puertos marítimos ecuatorianos apenas aumentó ligeramente entre 2019 y 2020, lo que indica que hay una mayor cantidad de cargamentos de drogas que pasan por el país, y no tanto así que hayan evolucionado las capacidades de interceptación.

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En 2020, Estados Unidos apoyó a funcionarios de seguridad ecuatorianos para aumentar su capacidad de interceptación terrestre y marítima, incluso en instalaciones portuarias. Sin embargo, en 2021, Ecuador ya casi supera el récord de cargamentos de cocaína del año pasado, pues en los primeros cuatro meses se han incautado 35 toneladas —un aumento del 58 por ciento con respecto al mismo período del año anterior—.

Lasso ha dicho que aumentará la cooperación con Estados Unidos y la Unión Europea para combatir el narcotráfico, y que fortalecerá las fiscalías especiales de Ecuador. Sin embargo, las recientes reformas a los códigos penales de Ecuador podrían dificultar el enjuiciamiento de los grandes traficantes, dado que los cambios en la principal ley anticorrupción aumentan la cantidad de pruebas necesarias para que los fiscales los condenen.

3. Corrupción

En 2018, las investigaciones en torno a la participación de Ecuador en el caso Odebrecht revelaron la existencia de una cohesionada estructura de corrupción, mediante la cual el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y el exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017) recibieron $11.3 millones para su campaña electoral de 2013 a cambio de contratos gubernamentales. Además, algunos miembros del gobierno de Correa, entre ellos el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, el exministro del Interior José Serrano y el exfiscal general Diego García fueron investigados por su papel en el Proyecto Hidroeléctrico San Francisco.

Además, el gobierno de Moreno abrió una investigación contra Correa, con el fin de comprobar si había recibido fondos de campaña de parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Moreno también aludió a un posible acuerdo entre el gobierno de Correa y elementos de las FARC para permitir el narcotráfico en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Si bien el gobierno de Moreno desenmascaró muchas de las redes de corrupción que infiltraron el Estado durante el gobierno de Correa, la corrupción gubernamental en Ecuador sigue llamando la atención internacional.

Durante la administración Moreno, las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron un esquema de lavado de dinero y soborno que involucró a dos empresas estatales ecuatorianas: Seguros Sucre y PetroEcuador. Según la investigación, funcionarios ecuatorianos recibieron sobornos de empresarios y contratistas a cambio de lucrativos contratos. Los funcionarios ocultaron los pagos blanqueando el dinero a través de empresas y cuentas en Estados Unidos y en paraísos fiscales.

Entre 2017 y 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos enjuició a 18 personas involucradas en la red de corrupción, y la información ofrecida al Ministerio Público de Ecuador permitió la detención, el 13 de abril de 2021, del contralor general de Ecuador, Pablo Celi, y del exsecretario de la Presidencia, José Agusto Briones, en relación con el esquema.

Lasso ha vinculado las iniciativas anticorrupción a su agenda económica, y se ha referido a la corrupción estatal como «un cáncer que se ha desarrollado con el crecimiento desproporcionado del Estado y el gasto público improductivo». Para recuperar los fondos robados y evitar el desfalco de las arcas estatales, Lasso planea fortalecer las principales instituciones de control e investigación de Ecuador, y reformar los actuales procedimientos para enjuiciar la corrupción.

En el transcurso de su campaña, Lasso también señaló que trabajaría con las Naciones Unidas con el fin de conformar una comisión internacional anticorrupción para enjuiciar a quienes han cometido infracciones en el pasado —una iniciativa que logró erradicar las redes de corrupción en Guatemala—.

4. Crimen fronterizo

El fragmentado control de las economías criminales en las fronteras de Ecuador con Colombia y Perú planteará serios desafíos de seguridad para el gobierno entrante de Lasso, ya que la competencia entre los grupos armados por el control del narcotráfico y las rutas de contrabando amenazan a las comunidades más necesitadas.

Antes de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, la guerrilla era un importante promotor económico en la remota región fronteriza entre Colombia y Ecuador, pues proporcionaba empleos directos e indirectos relacionados con diversas economías criminales. Una vez desmovilizadas las FARC, las lucrativas economías criminales se mantuvieron, pero ahora son agresivamente disputadas por distintos grupos criminales, como los Comandos de Frontera (CDF) y el grupo disidente Frente Carolina Ramírez.

Conformados por miembros del antiguo Frente 48 de las FARC y La Constru (una versión de las Autodefensas Unidas de Colombia [AUC] tras la desmovilización), los Comandos de Frontera son uno de los muchos grupos que han tratado de apoderarse del narcotráfico en la frontera entre Putumayo (Colombia) y Sucumbíos (Ecuador).  El grupo ha aprovechado el entrenamiento militar que alguna vez le ofrecieron los contactos internacionales de las FARC y La Constru para reactivar las rutas de tráfico en la región, ya que Putumayo es una de las principales zonas cocaleras de Colombia, y el río San Miguel sirve como vía para transportar cocaína hacia Ecuador.

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Los intentos del Frente Carolina Ramírez por controlar las rutas del narcotráfico han generado violencia a lo largo de la frontera, donde los grupos armados ejercen control social sobre municipios estratégicos, en su lucha por el dominio territorial. Sucumbíos ha sido durante mucho tiempo la provincia más violenta de Ecuador, pero, después de la desmovilización de las FARC, ha registrado constantemente tasas de homicidios casi tres veces más altas que la media nacional. Según Yuri Quintero, coordinador de la Red de Derechos Humanos de Putumayo, los ciudadanos suelen quedar atrapados en el fuego cruzado, pues los grupos armados apuntan a cualquier persona sospechosa de vínculos con sus rivales.

En la frontera sur de Ecuador, en Huaquillas, dos bandas rivales compiten por el control de los cruces fronterizos ilegales, que se han vuelto más lucrativos en medio de la pandemia por COVID-19, ya que las restricciones fronterizas han impulsado el mercado del contrabando. Tras una serie de asesinatos en octubre y noviembre del año pasado, las autoridades provinciales militarizaron la frontera de Huaquillas para neutralizar la economía ilícita generadora de violencia. Sin embargo, diversos intentos similares para reducir la violencia competitiva en la región, como el de la construcción de un polémico muro fronterizo en 2017, o la militarización de la frontera en 2019 después de una serie de homicidios, no han logrado detener la violencia.

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