Frente al robo endémico de madera y a la respuesta poco sistemática del gobierno, las empresas forestales de Chile están creando un nuevo sistema de trazabilidad para enfrentar la venta de madera ilegal.
El 11 de agosto, seis de los mayores gremios de taladores de Chile unieron fuerzas para emprender una campaña contra el tráfico y el robo de madera. Esta economía criminal acarrea pérdidas de más de US$70 millones anuales en Chile, según los organizadores. En mayo, la policía detuvo una caravana de siete camiones que llevaban 161 metros de madera de pino robada, por un valor estimado de US$10,5 millones.
El sistema, llamado “Buena Madera, confiable desde su origen”, se fijó tres objetivos: educar a los consumidores sobre el origen de la madera que compran, proteger a los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas de la industria maderera y desarrollar un sistema de alerta para rastrear la madera ilegal, empezando por la supervisión de cada camión transportador de trozas.
65 empresas madereras, que representan el 70 por ciento de la producción de madera en Chile, se han adherido a estas nuevas directrices, que les exigen proporcionar información más detallada sobre el origen, destino y legalidad de su madera.
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Los gremios participantes declararon que esta medida era muy necesaria debido a la debilidad del gobierno ante el problema.
En agosto de 2018, el senado chileno presentó un proyecto de ley para reforzar el control sobre el robo de madera y mejorar la judicialización de los delincuentes involucrados. Pero ese proyecto no se discutió hasta que terminó siendo rechazado por el Senado en enero de 2020. En marzo de 2021, se presentó un nuevo proyecto de ley con objetivos similares, pero aún no se ha votado.
Este punto muerto legislativo se presenta en medio de repetidos ataques a los trabajadores de la madera, quienes también han sufrido ataques contra sus familias y hogares y robos de maquinaria.
Las acusaciones de mediocridad hacia gobierno no son nuevas. En septiembre pasado, el jefe del gremio de trabajadores forestales de Chile, René Muñoz, fustigó al gobierno llamándolo "cobarde, porque tiene las herramientas pero no lo quiere hacer [tomar medidas contundentes]".
Análisis de InSight Crime
La industria maderera en Chile tiene una historia notoria de participación en actividades ilegales, desde redes internacionales de contrabando hasta el robo de cargas completas de madera talada legalmente.
Según un informe de Bío Bío Chile, los taladores ilegales operan usurpando plantaciones forestales de propiedad de firmas taladoras con licencia y tomando la madera para cargarla en camiones y llevarla a los puertos.
Otras veces, piratas armados secuestran los camiones con carga, y roban el camión con la carga a bordo.
Posteriormente, estos ladrones de madera falsifican la información sobre el origen de la madera, haciéndola pasar por madera de origen legal, lo que da vía libre a su embarque y venta.
El sistema de trazabilidad Buena Madera ataca este último problema elevando el estándar de información de origen sobre los cargamentos de madera.
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Pero no todos los problemas de la industria maderera en Chile se resuelven endureciendo las regulaciones. Los indígenas mapuches tienen una larga historia de querellas contra la industria maderera, en las que acusan a estas empresas de repetidas invasiones a sus tierras y de destrucción de sus recursos naturales.
En 2020 y 2021, prendieron fuego a docenas de camiones pertenecientes a empresas madereras, supuestamente por parte de miembros de la comunidad Mapuche, en medio de una serie de actos violentos contra funcionarios del gobierno y empresas.
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