El asesinato de un fiscal antimafia, durante su luna de miel en Colombia, ha prendido las alarmas sobre la creciente sofisticación y ambición de los grupos criminales paraguayos.
Desde que el fiscal paraguayo Marcelo Pecci fuera acribillado el 10 de mayo en una playa al norte de Colombia, las autoridades han declarado que el golpe hizo parte de una compleja operación que se originó en Paraguay.
“El homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci obedece a un sistema de crimen organizado transnacional con una alta planeación e inversión de recursos”, escribió el 11 de mayo en Twitter el director de la Policía de Colombia, Jorge Luis Vargas.
El presidente del senado de Paraguay Oscar Salomón, declaró a los medios que la inteligencia de las autoridades colombianas indicaba que la orden del asesinato vino de Paraguay.
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Pecci fue uno de los fiscales contra el crimen organizado más prominentes de su país; trabajó en la construcción de muchos casos de alto perfil durante mas de una década. Más recientemente, trabajaba en A Ultranza PY, una investigación sobre una red criminal que trasegaba cocaína entre Paraguay y Europa, y que involucraba a políticos, miembros del ejército y élites empresariales, según la BBC. También investigó al grupo brasileño Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), que tiene una presencia importante en Paraguay. Fue uno de los investigadores principales en el caso “Zootopia”, que permitió desmantelar una importante operación de narcotráfico en Paraguay.
No obstante, su esposa, Claudia Aguilera, afirmó después de su asesinato que su esposo no había recibido amenazas de muerte.
Análisis de InSight Crime
El crimen organizado en Paraguay se ha sofisticado en los últimos años, con el posicionamiento del país como importante centro para el tráfico de cocaína y marihuana, producción ilegal de cigarrillos y contrabando rampante. También mantiene un lugar consistente entre los países más corruptos de Latinoamérica.
Pese a ello, el asesinato de su destacado fiscal antimafia en otro país evidencia una alarmante escalada. Aparte de la especulación de las autoridades colombianas de que el homicidio de Pecci podría haber sido obra de Los Urabeños, grupo narcotraficante que controla la región de Colombia en la que el fiscal murió, no se ha mencionado un grupo o persona específicos.
Paralelamente, su homicidio se produce en medio de varias preocupantes tendencias criminales en su país.
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En primer lugar, está la oleada de homicidios por encargo. En enero pasado, varios observadores prendieron las alarmas por los homicidios selectivos en el país, al declarar que cada 28 horas se produce una muerte por encargo en el país. Esto amenazaba con dejar atrás el récord anterior de asesinatos de ese tipo, con 23 registrados en octubre de 2021.
En abril, el jefe de policía de Paraguay Gilberto Freitas culpó de la creciente ola de sicariato a los conflictos entre pandillas paraguayas, que lograron desplazar a grupos brasileños, como el PCC, antes de enfrentarse entre ellas.
En segundo lugar, aunque los índices de corrupción política en el país son condenables, una serie de casos recientes deja ver los extremos a los que llegan. El caso Ultranza, en el que Pecci trabajaba como fiscal, puso en entredicho a un ministro, altos funcionarios de gobierno, élites empresariales y sus parientes. Pecci en persona dirigió algunos de los operativos de Ultranza contra propiedades conectadas con estos sospechosos, según el diario La Nación.
El día después del homicidio de Pecci, InSight Crime entrevistó a varios agentes de organismo antinarcóticos de Paraguay, y estos explicaron que la investigación de Ultranza era fuente de incertidumbre para quienes ya tienen investigaciones abiertas o esperan la apertura de nuevos casos.
“Como todos tienen techo de vidrio, tienen miedo de caer, pero al caer caerán personas muy pesadas y una estructura muy compleja”, comentó uno de los agentes, quien solicitó reserva de su identidad.
En tercer lugar, el país se sitúa en el centro del tráfico de narcóticos en Latinoamérica. Aunque Paraguay no es productor de cocaína, se ha convertido en un eslabón crucial para el trasiego de drogas entre Bolivia y Brasil. Esto ha suscitado los conflictos ya mencionados entre grupos criminales locales y brasileños, como una serie de brutales homicidios entre el PCC y el local Clan Rotela.
Es predecible que esto llevara a un involucramiento creciente de políticos como eslabones del narcotráfico. En una alocución ante el Senado el día del asesinato de Pecci, Esperanza Martínez, legisladora del opositor Frente Guasú, declaró que “el narcotráfico ha mostrado su poder con impunidad […] no puede haber futuro ni desarrollo en un país controlado por el narcotráfico y el crimen organizado".
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